Este
lunes 19 de septiembre, los maestros de Chiapas regresaron a clases y
levantaron el campamento instalado en Tuxtla Gutiérrez. Sin dar
tregua, estuvieron en paro y en plantón 124 días.
No
se fueron con las manos vacías. Arrancaron a las autoridades
federales un pacto político verbal, sin minuta, en el que se
establece que la reforma educativa (evaluaciones de promoción y
permanencia) no se aplicará en la entidad en lo que resta del
sexenio de Enrique Peña Nieto y el del gobernador Manuel Velasco
Coello.
Los
trabajadores de la educación de Chiapas eran el último contingente
de la CNTE en mantener la huelga nacional iniciada el 15 de mayo para
abrogar la reforma educativa. Días antes, Oaxaca, Guerrero y
Michoacán habían retornado a las aulas.
La
decisión de replegarse organizadamente no fue de los dirigentes del
movimiento, sino producto de una consulta entre más de 55 mil
maestros. De acuerdo con las actas escrutadas, votaron en favor de
regresar a clases 266 asambleas delegacionales y de centro de trabajo
y se opusieron 191. En 169 más no hubo actas. El levantamiento del
paro fue decidido por los maestros de banquillo, no por sus líderes.
El conteo fue público, no secreto, y estuvo a cargo de una comisión
de profesores de base.
El
acuerdo de los docentes fue avalado por el Comité Estatal
Democrático de Padres de Familia. Según Elizabeth Hernández,
representante de los padres, el movimiento magisterial y popular
obtuvo en estas jornadas de lucha un importante triunfo. Lejos de ser
una claudicación, el repliegue es un receso temporal que les va a
permitir elaborar nuevas estrategias de lucha contra la reforma
educativa y contra las reformas estructurales.
El
pacto político acordado por el movimiento con el gobierno federal y
estatal consta de 11 puntos. El primero es el congelamiento de la
reforma educativa en la entidad. El segundo es el reconocimiento de
la bilateralidad en las comisiones mixtas SEP-SNTE en Chiapas, es
decir, de los ascensos, cambios, promociones, contrataciones y
permutas de todos los niveles.
Entre
los puntos acordados está también el pago de salarios adeudados,
tanto con fondos del gobierno estatal como con recursos del Fone.
Asimismo, la limpieza de los procesos judiciales en curso (órdenes
de aprehensión, actas administrativas, carpetas de investigación,
registros de atención…) en contra de trabajadores de la educación,
padres de familia y movimientos sociales, como resultado de su
participación en las movilizaciones contra la reforma educativa.
El
acuerdo fue tomado originalmente en una reunión efectuada en la
Ciudad de México el 31 de agosto. Sin embargo, días después fue
desconocido públicamente por su principal artífice federal, el aún
subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, y por el de
Educación Pública, Aurelio Nuño.
Los
maestros de Chiapas respondieron al desmentido oficial manteniendo el
paro y ocupando el palacio de gobierno y la Cámara de diputados
local. Este movimiento tan grande –dijeron en conferencia de
prensa– no se hizo para irse sin nada. Para ellos, el ofrecimiento
de Luis Enrique Miranda no era una iniciativa formulada a título
individual sino un compromiso institucional.
Días
después, ya como secretario de Sedesol, Luis Enrique Miranda viajó
a Tuxtla Gutiérrez a ratificar su oferta inicial. La tarde del 12 de
septiembre, en el hangar del gobierno del estado en el Aeropuerto
Internacional Ángel Albino Corzo, se efectuó una nueva reunión con
miembros del gabinete de la entidad, Miranda Nava y representantes
magisteriales. Allí estuvieron el gobernador Manuel Velasco Coello,
el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el
secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca, y el
secretario de Educación de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos.
Por parte del movimiento estuvo presente una comisión de alrededor
de 80 personas, representantes magisteriales, estudiantiles y de
padres de familia.
Durante
el encuentro, los funcionarios gubernamentales sostuvieron, sin
minuta de por medio, su compromiso político de 11 puntos. Los
maestros ofrecieron llevarlo nuevamente a consulta. En la madrugada
del 13 de septiembre, la asamblea estatal de la sección 7 acordó
realizar una ronda de asambleas delegacionales para darle una salida
política a la lucha.
El
mismo día 13, las diferencias sobre el futuro del movimiento
afloraron acaloradamente al interior. Una minoría de maestros,
apoyada por algunos padres de familia, sostuvo que era necesario
mantener el paro indefinido y exigió anular las actas de consulta.
Según ellos, el repliegue táctico era una traición de los líderes.
Finalmente, hicieron abortar la asamblea estatal. A pesar de ello, la
auscultación siguió adelante, y la mayoría de los maestros de base
acordaron el regreso a clases.
El
repliegue del magisterio chiapaneco no implica desmovilización. No
estamos dejando tirada ninguna responsabilidad del accionar. Es
vigente que vamos a seguir haciendo manifestaciones,
advirtió Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la sección 7. Añadió:
No
se determina que vamos a estar encerrados en las aulas y ya no
regresar a las calles. Hay que ir a hacer asambleas con todas las
instancias correspondientes, padres de familia, organizaciones,
población. Hemos entendido que la mal llamada reforma educativa no
va caer sólo con el accionar del movimiento. Las reformas
estructurales tienen que caer con base en una presión total del
pueblo, pero del pueblo organizado. Tenemos que hablar de un
estallido social y conjuntar los esfuerzos.
Al
hacer su balance personal del movimiento en su muro de Facebook, una
profesora escribió: Los
maestros chiapanecos hemos marcado historia y esa historia podré
contársela a mis hijos.
Efectivamente, durante estos 124 días de paro los docentes
chiapanecos dieron al país entero una de las más brillantes
lecciones de dignidad cívica en la historia reciente. Sus hijos
sabrán estar orgullosos de ellos y de ellas.
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