jueves, 29 de octubre de 2015

Magisterio: El Escarmiento

En Oaxaca se detuvo con lujo de violencia a cuatro maestros como si fueran los más sanguinarios delincuentes. De inmediato fueron trasladados al penal de Almoloya como si representaran una amenaza a la seguridad nacional. Hoy, cuatro educadores, dormirán con narcotraficantes, secuestradores, asesinos y violadores.
¿Por qué esa saña contra los profesores? ¿Por qué fueron arrestados hasta ahora, si las órdenes de aprehensión fueron giradas el pasado 24 de julio, por los jueces primero y tercero de distrito con sede en Oaxaca? ¿Por qué las autoridades tardaron más de tres meses en apresarlos? ¿Quienes son los profesores detenidos?
La respuesta es tan absurda como sencilla. Los docentes aprehendidos simbolizan el rechazo magisterial a la reforma educativa. Al detenerlos, el gobierno federal pretende dar un castigo ejemplar a quienes como ellos se oponen a una norma que no les fue consultada y que consideran injusta. Busca doblegar a los que la resisten. Apuesta a que, si desmoviliza a Oaxaca con una acción punitiva, el resto de los profesores en el país se doblegaran.



¿Por qué ahora? Por tres razones centrales. Primero, porque, en cuatro ocasiones, las autoridades educativas han tenido que posponer el plazo final para que los maestros presenten las evidencias de su práctica profesional y apliquen el examen para medir su desempeño. En un acto de desobediencia civil, multitud de docentes se han negado a hacerlo. Consideran esa evaluación punitiva. Otros no han podido cumplir con el requisito solicitado porque las plataformas para subir la información solicitada son de pésima calidad. En algún momento la SEP tendrá que informar a quién se le dio ese negocio.
De nada le ha valido a las autoridades educativas la campaña de amenazas, engaños, ofrecimiento de sobornos y presiones, que han efectuado a través de funcionarios escolares y de los medios de comunicación, para que los profesores acepten presentar ese examen. Los maestros han dicho ¡No! ¡No! y ¡No!
En Oaxaca, las autoridades educativas han recurrido a todo tipo de trampas para que los docentes se inscriban para la prueba. Por ejemplo, cuando un maestro busca cobrar su salario a través de la tarjeta electrónica y le da click al botón para sacar dinero, el sistema lo incorpora automáticamente a la presentación del examen. El engaño ha indignado aún más a los trabajadores de la educación.
Segundo, en el caso oaxaqueño hay un elemento adicional. La Asamblea Estatal de la sección 22 acordó hace unas tres semanas, y el comité seccional lo refrendó el lunes pasado, cercar las oficinas del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para abrir negociaciones. La movilización fue un éxito. El funcionamiento del IEEPO -ya desde antes atrofiado por la ineficacia de los nuevos directivos- se colapsó. Con las detenciones buscan quebrar esas acciones de resistencia.
Y, tercero, la CNTE convocado a protestas masivas en todo el país, el 14 y 15 de noviembre, fecha de realización de los exámenes.
Así las cosas, desesperados ante esta desobediencia masiva, y temerosos ante las movilizaciones , los funcionarios educativos decidieron dar un escarmiento a los maestros rebeldes, para mandar un mensaje: o se alinean o se alinean. Y para los que no lo hagan está el despido o la cárcel.
Irónicamente, los profesores detenidos no son dirigentes de primer nivel del magisterio oaxaqueño. Othón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus y Efraín Picasso Pérez son mandos medios en la estructura sindical. Tres de ellos son dirigentes sectoriales, auxiliares de la secretaría de Organización. Por la naturaleza de su cargo han tenido que estar al frente de las movilizaciones. Ellos son responsables de coordinar y organizar las bases de su sector.
Lejos de amedrentar a los trabajadores de la educación, la detención de sus compañeros ha inflamado sus ánimos. Hoy soplan en Oaxaca vientos que anuncian tempestades como las vividas en 2006, durante el conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca contra el gobernador Ulises Ruiz. Los profesores de la entidad no están solos.



Hoy, el gobierno federal decidió escalar su pulso con el magisterio. Como si fueran modernos aprendices de brujo, sus integrantes han hecho de un problema educativo un conflicto de seguridad pública. ¡Toda una hazaña! Con ello, han mostrado su incapacidad para hacer política.

martes, 20 de octubre de 2015

Acteal: Pacto de impunidad y Crimen de Estado




La última puesta en escena del pacto de impunidad con el que los miembros de las elites se cuidan las espaldas unos a otros acaba de escenificarse en Washington. El día de hoy 20 de octubre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano negó tener responsabilidad alguna en la masacre. Según los representantes del gobierno mexicano no hay ningún informe o recomendaciones que acredite alguna responsabilidad de agentes del Estado.

La negativa oficial a reconocer el crimen de Estado no resulta extraña. Por principio de cuentas, porque los principales responsables de la matanza, el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, cuentan con gran ascendencia en el núcleo de poder de Enrique Peña Nieto. Pero además, porque al negarse a que se esclarezca y castigue el crimen de Acteal en instancias internacionales, la actual administración se protege a sí misma de que en el futuro se le juzgue por atrocidades como Ayotzinapa y Tlatlaya.




Es falso lo argumentado por los funcionarios mexicanos en Washington. Existen múltiples informes que incriminan al Estado mexicano en el asesinato de 43 hombres, mujeres y niños el 22 de diciembre de 1997. Además de los elaborados por las víctimas y por Organismos no Gubernamentales de Derechos Humanos, que documentaron fehacientemente la participación oficial en la agresión, las conclusiones de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal avalan esta conclusión.

El informe de la fiscalía es un documento bien estructurado. Sostiene que autoridades federales y estatales son responsables del homicidio en agravio de la población indígena de Acteal. La fiscalía advierte que podría tratarse de un caso de genocidio, si se verifica la hipótesis de la contrainsurgencia tolerada o inducida.

El informe señala que la masacre de Acteal no fue un hecho sorpresivo ni aislado: fue el clímax de una cadena de violencia que anticipaba la matanza del 22 de diciembre de 1997. Sugiere la posibilidad de que los hechos de violencia referidos eran de conocimiento de la autoridad local, estatal y federal. Señala que las autoridades federal y estatal estaban informadas sobre la presencia de grupos armados paramilitares.

La Fiscalía concluye que hubo responsabilidad penal por omisión impropia (conspirativa) de parte de los gobiernos federal y estatal en la masacre de Acteal. Estas responsabilidades no se han deslindado y, por lo tanto, hay un caso de impunidad en hechos que implicaron la muerte de 45 personas. Según ella, existen elementos para argumentar responsabilidades al gobierno como promotor de los grupos armados. Reivindica, además, que es indispensable la comparecencia de personalidades que, hasta la fecha, no han dado cuenta de sus actos. Principalmente, es preciso obtener el testimonio del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y de su secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, y precisar su responsabilidad en el homicidio.

Señalamientos mucho más graves fueron hechos por los representantes de las víctimas y organismos de la sociedad civil en Washington. “La masacre de Acteal -dijeron en el documento que se leyó en la audiencia de este 20 de octubre- es un crimen de Estado porque el gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias. Pero no lo hizo porque las amenazas y acciones de terror que cometían los paramilitares antes y durante la masacre de Acteal estaban respaldadas por la Policía de Seguridad Pública del Estado y el mismo Ejército federal. El 22 de diciembre de 1997 la masacre duró aproximadamente seis horas, sin que la policía que se encontraba a escasos 200 metros actuara para impedir la masacre”.

Desde hace casi 18 años, los fantasmas de los masacrados de Acteal persiguen a Ernesto Zedillo por todos lados. No hay rincón en el que el ex mandatario esté a salvo. Un día se le aparecen en Davos, al siguiente en la Universidad de Yale y hoy pasaron lista de presente en Washington. Los gobiernos en turno podrán cubrirlo con un manto de impunidad como lo hizo el de Enrique Peña Nieto en la última sesión de la CIDH. Lo que no tienen capacidad de hacer es protegerlo del juicio de las víctimas y de todos aquellos que defienden los derechos humanos en el mundo.

Twitter: @lhan55