La última puesta en escena del pacto de
impunidad con el que los miembros de las elites se cuidan las
espaldas unos a otros acaba de escenificarse en Washington. El día
de hoy 20 de octubre, ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), el Estado mexicano negó tener responsabilidad alguna
en la masacre. Según los representantes del gobierno mexicano no hay
ningún informe o recomendaciones que acredite alguna responsabilidad
de agentes del Estado.
La negativa oficial a reconocer el crimen de Estado no resulta extraña. Por principio de cuentas, porque los principales responsables de la matanza, el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, cuentan con gran ascendencia en el núcleo de poder de Enrique Peña Nieto. Pero además, porque al negarse a que se esclarezca y castigue el crimen de Acteal en instancias internacionales, la actual administración se protege a sí misma de que en el futuro se le juzgue por atrocidades como Ayotzinapa y Tlatlaya.
Es falso lo argumentado por los
funcionarios mexicanos en Washington. Existen múltiples informes que
incriminan al Estado mexicano en el asesinato de 43 hombres, mujeres
y niños el 22 de diciembre de 1997. Además de los elaborados por
las víctimas y por Organismos no Gubernamentales de Derechos
Humanos, que documentaron fehacientemente la participación oficial
en la agresión, las conclusiones de la Fiscalía Especializada de
Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal avalan
esta conclusión.
El informe de la fiscalía es un documento bien estructurado. Sostiene que autoridades federales y estatales son responsables del homicidio en agravio de la población indígena de Acteal. La fiscalía advierte que podría tratarse de un caso de genocidio, si se verifica la hipótesis de la contrainsurgencia tolerada o inducida.
El informe señala que la masacre de Acteal no fue un hecho sorpresivo ni aislado: fue el clímax de una cadena de violencia que anticipaba la matanza del 22 de diciembre de 1997. Sugiere la posibilidad de que los hechos de violencia referidos eran de conocimiento de la autoridad local, estatal y federal. Señala que las autoridades federal y estatal estaban informadas sobre la presencia de grupos armados paramilitares.
La Fiscalía concluye que hubo responsabilidad penal por omisión impropia (conspirativa) de parte de los gobiernos federal y estatal en la masacre de Acteal. Estas responsabilidades no se han deslindado y, por lo tanto, hay un caso de impunidad en hechos que implicaron la muerte de 45 personas. Según ella, existen elementos para argumentar responsabilidades al gobierno como promotor de los grupos armados. Reivindica, además, que es indispensable la comparecencia de personalidades que, hasta la fecha, no han dado cuenta de sus actos. Principalmente, es preciso obtener el testimonio del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y de su secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, y precisar su responsabilidad en el homicidio.
Señalamientos mucho más graves fueron hechos por los representantes de las víctimas y organismos de la sociedad civil en Washington. “La masacre de Acteal -dijeron en el documento que se leyó en la audiencia de este 20 de octubre- es un crimen de Estado porque el gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias. Pero no lo hizo porque las amenazas y acciones de terror que cometían los paramilitares antes y durante la masacre de Acteal estaban respaldadas por la Policía de Seguridad Pública del Estado y el mismo Ejército federal. El 22 de diciembre de 1997 la masacre duró aproximadamente seis horas, sin que la policía que se encontraba a escasos 200 metros actuara para impedir la masacre”.
Desde hace casi 18 años, los fantasmas de los masacrados de Acteal persiguen a Ernesto Zedillo por todos lados. No hay rincón en el que el ex mandatario esté a salvo. Un día se le aparecen en Davos, al siguiente en la Universidad de Yale y hoy pasaron lista de presente en Washington. Los gobiernos en turno podrán cubrirlo con un manto de impunidad como lo hizo el de Enrique Peña Nieto en la última sesión de la CIDH. Lo que no tienen capacidad de hacer es protegerlo del juicio de las víctimas y de todos aquellos que defienden los derechos humanos en el mundo.
Twitter: @lhan55
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