Aulas de Emergencia

                                      

La maestra Érika Elizabeth Núñez Montes ha hecho de la banqueta un aula de emergencia. Cada día, en la calle Nicolás García 60, Iztapalapa, frente a la escuela Nicolás García, en la que enseñó durante más de 10 años, imparte clases de quinto año de primaria.

El precario salón de clases de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza funciona en el turno vespertino desde que el pasado 7 de marzo un grupo de funcionarios irrumpió en la escuela para notificarle a la maestra Núñez que, a partir del 1º de marzo, estaba despedida.

A la profesora Érika la cesaron en su trabajo a pesar de que era querida y respetada por sus alumnos y sus padres de familia, y de que no había faltado a clases. Durante años, su labor frente a grupo ha sido intachable. Desempeñó siempre su función con responsabilidad y compromiso. Sin embargo, fue cesada por negarse a presentar un examen al desempeño docente, mal hecho y peor aplicado, que no consideró ni su plan de trabajo ni las condiciones en que tuvo que enseñar a los niños.

La escuela en que la maestra Núñez Montes educa está enclavada en una zona de la ciudad de México particularmente violenta. Apenas el pasado 19 de octubre, no muy lejos de sus instalaciones, apareció colgado el cuerpo de un hombre. Los alumnos que asisten a ella provienen de familias en su mayoría humildes. No son pocos los que han crecido en hogares rotos. La profesora, con 13 años de servicio (10 de ellos en la Nicolás García), sabe cómo enfrentar estos desafíos, que ningún examen para medir conocimientos puede evaluar.

Al enterarse del despido de la maestra, los padres de familia se indignaron y exigieron a las autoridades escolares que fuera reinstalada. Y cuando éstas se negaron a devolverle su trabajo, apoyaron que siguiera dando clases, aunque fuera en la calle. Están dispuestos a salir a marchar para que ella regrese. Mejor que nadie, ellos saben lo que Érika ha hecho por sus hijos. Viven su cese como una arbitrariedad, como una enorme injusticia.

                                                 

Érika Elizabeth Núñez Montes es una de los 3 mil 360 docentes despedidos en el país por no presentar la prueba al desempeño. Al igual que en su caso, en muchos lugares del país los padres de familia se han solidarizado con ellos. La lista es larga: Durango, Tlaxcala, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y un largo etcétera. Han solicitado pacíficamente a los funcionarios educativos la reinstalación de sus profesores y, cuando no les ha hecho caso, han ocupado escuelas, marchado y tomado oficinas públicas. Como en Iztapalapa, han levantado aulas de emergencia.

                                      

Las formas de lucha varían de estado a estado. En Campeche, los maestros y maestras cesados asisten a sus planteles y cumplen su horario, aunque no puedan ingresar a los salones de clase. Los padres de familia firman la lista de asistencia de los docentes, para dar fe de su presencia en las escuelas. El profesor Uk Tuz explicó a este diario: Hoy me presenté como de costumbre todas las mañanas; nuevamente intenté ingresar al plantel, pero estaba la directora, que me dijo que seguían en pie las acusaciones de la secretaría y, para dar fe de que acudí a mi labor, recabé las firmas de los padres de familia que me estuvieron apoyando y me retiraré a la una de tarde, para que no digan que abandono mis labores.

                                     

Las autoridades gubernamentales han respondido con sordera, prepotencia y represión. El pasado 17 de marzo, en Durango, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos profesores que protestaron contra los despidos afuera del Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe. Están acusados de motín y privación de la libertad. La noche anterior, policías realizaron al menos cinco cateos en casas de docentes inconformes. Una de las esposas de los maestros dijo: Me amenazaron cuando no encontraron a mi marido; me dijeron que si no decía dónde estaba me lo iban a regresar muerto. Según la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, existen 20 órdenes de aprehensión más contra otros docentes. Y, en Tlaxcala, elementos de seguridad agredieron a docentes y padres de familia que protestaron afuera de la Unidad de Servicios Educativos. La maestra Citlali Ortiz Cano recibió varios golpes de los uniformados.

En diversos estados se han efectuado movilizaciones magisteriales de protesta contra los despidos de sus compañeros. En Zacatecas, los trabajadores de la educación tienen tomada la Secretaría de Educación, y ya encarrerados, ocuparon también el Congreso del estado. En Mazatlán, Sinaloa, iniciaron un plantón en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y colocaron una ofrenda floral con dedicatoria a la muerte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que traicionó a los maestros de base.

                                                

Los profesores cesados por la SEP por no presentarse el examen al desempeño no son ni irresponsables ni malos maestros. Por el contrario, la mayoría de ellos son excelentes profesionistas, comprometidos con su trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Unos no se presentaron a la evaluación porque fueron requeridos para hacerlo con muy pocos días de anticipación. Otros, porque rechazan la falsa reforma educativa y decidieron no avalarla con su presencia. Algunos más porque consideraron que era oprobioso que, después de años de servicio y buenos resultados prácticos, se les sometiera a la humillación de tener que demostrar que tenían los conocimientos para ejercer. Finalmente, varios estimaron que no tenían por qué renunciar a derechos adquiridos y permitir que se les aplicara una nueva legislación de manera retroactiva.

Por lo pronto, el gobierno federal ya tiene un nuevo problema en puerta. Además de presentar demandas legales y amparos ante los despidos injustificados, el magisterio democrático decidió irse a huelga nacional, a más tardar el 1º de mayo. Poco menos de cinco semanas después, el 5 de junio, habrá elecciones para gobernador en 12 estados.

La guerra de lodo contra el GIEI

                                     

La campaña de lodo contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es como una novela policiaca al revés. En las obras clásicas del género un detective se encuentra con un crimen y debe investigar la identidad de quien lo cometió. Primero hay un homicidio y luego se busca al criminal que lo perpetró. Sin embargo, en la guerra sucia contra el GIEI la historia camina en sentido inverso. En la novela negra al revés sobre los expertos independientes primero encontraron a los criminales y luego les buscaron un crimen que achacarles.

El guión está claro. Desde hace semanas, los organizadores de la campaña contra los expertos independientes que proporcionan asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se han dedicado a inventarles todo tipo de delitos. Han echado mano de la máquina de fango para sembrar en la opinión pública todo tipo de falsedades y medias verdades sobre ellos y su trabajo.

Las acusaciones en su contra caen cada día en cascada. Lo mismo se cuestiona su profesionalismo que sus salarios. Se les señala como cómplices de guerrilleros o como viajeros frecuentes que casi no pasan tiempo en México. Se les presenta como activistas políticos que buscan desacreditar al gobierno federal. No hace falta presentar pruebas. O, si se requiere, se inventan.

                                              

¿Por qué esa cruzada contra el GIEI? La ofensiva arrancó el 6 septiembre de 2015. En esa fecha, los expertos presentaron un informe de trabajo de seis meses, que mostró la mentira de la verdad histórica del gobierno y evidenció la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 alumnos de Ayotzinapa hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. Señalaron también nuevas rutas de investigación que las autoridades deberían seguir para esclarecer los hechos.

Antes del informe del GIEI, apenas y se difundían opiniones negativas sobre el organismo o acerca de sus integrantes en los medios de comunicación. Casi nadie cuestionaba su pasado laboral o su experiencia profesional. Las primeras críticas comenzaron a escucharse en los últimos días de agosto. Pero a partir de septiembre se convirtieron en un verdadero alud de fango. ¿Así o más claro?                                           

                     

El epicentro de ese ataque provino del núcleo más duro del Estado. La campaña recurrió al más vulgar patrioterismo para tratar de descalificar a los expertos extranjeros por no ser mexicanos. También acudió a José Antonio Ortega Sánchez, personaje de los sótanos de la política mexicana, integrante de la cofradía de ultraderecha El Yunque, y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC.

Una de las demandas del GIEI que más inflamaron a los sectores más duros del Estado fue la de entrevistar a militares del 27 batallón de infantería, en su calidad de testigos directos de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. No pretendían interrogarlos judicialmente, pero sí hablar con ellos. Cuando el Estado propuso que la PGR los inquiriera, los expertos aceptaron con dos condiciones: estar presentes y poder repreguntar o ampliar preguntas. A raíz de esa petición las agresiones y calumnias contra los expertos se intensificaron.

                                          

Curiosamente, José Antonio Ortega Sánchez, heredero de la lucha cristera y uno de los articuladores públicos de la cruzada anti-GIEI, se ha dedicado a participar en actos de desagravio y homenaje al Ejército. El 11 de marzo de 2015 estuvo presente en el cuartel militar Francisco Villa, de la décima Zona Militar, para la realización de un homenaje a las fuerzas armadas de México. El 28 de julio de 2015 participó en el homenaje que Index, sección Nuevo León, organizó al Ejército en instalaciones de la séptima Zona Militar. El 21 de septiembre de ese mismo año, en la 25 Zona Militar en Puebla, el mismo Ortega Sánchez hizo un reconocimiento a los actos heroicos de los militares por construir la paz en México. Días después, el 30 de octubre, presenció una reunión entre el entonces alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el general de brigada diplomado de Estado Mayor Fausto Bautista Ramos, encargado de la 24 Zona Militar. La lista sigue.

El GIEI vive un momento crucial. El 30 de abril se cierra su segunda etapa de trabajo, y todo hace suponer que, a pesar de la exigencia de los padres de familia de los desaparecidos que desean que los especialistas permanezcan en el trabajo, el gobierno ha decidido no renovar su contrato.

                                                 

Con el reloj caminando a gran velocidad, durante las próximas seis semanas se desarrollará una sorda batalla. Aunque la verdad histórica naufragó, el gobierno trata de ponerla a flote de cualquier manera. Hasta ahora, los expertos han logrado impedir la maniobra, al tiempo que buscan que se esclarezca realmente lo sucedido.

Pero, más allá del desenlace formal que tenga este episodio por el relato, sigue en disputa el camino que seguirá la investigación. Tal y como fue armado el expediente del caso, la pesquisa gubernamental busca presentar la noche de Iguala como una acción local perpetrada por el crimen organizado. Sin embargo, hay elementos muy sólidos que permiten establecer jurídicamente que se trató de un crimen de Estado.   

                                             

                 

El aferramiento gubernamental a su narrativa y la guerra de lodo contra el GIEI le traerá un costo político mayor que el pagado hasta ahora. En el terreno internacional, su prisa por cerrar el caso a como dé lugar, impidiendo que la verdad aflore, no hará sino aumentar las dudas sobre su responsabilidad en el crimen. Si se niega a esclarecer lo sucedido, Ayotzinapa perseguirá a los funcionarios de esta administración muchos años después de que hayan salido de sus cargos.

La afrenta educativa

                                             

Día tras día, la realidad magisterial contradice los propósitos y los dichos del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Los maestros de carne y hueso caminan en dirección distinta a las palabras del funcionario público. Cuando él dice ¡sí!, ellos responden ¡no! Ni siquiera los docentes a los que premia y alaba están de acuerdo con él.

Así sucedió el pasado 3 de marzo. Mientras el secretario anunciaba que en México había profesores destacados y de excelencia, como lo demostraban los resultados de la Evaluación al Servicio Profesional Docente, esos mismos educadores le aclaraban que en México ‘‘no hay maestros ni de primera ni de segunda ni de tercera, sólo maestros”.

                                                

En la misma reunión en que el secretario trató de dividir a los mentores, y ensalzó la evaluación punitiva –escribió Laura Poy–, Lucero Navarrete, maestra de primaria de Chihuahua, le respondió: los resultados del examen al desempeño docente dependen de muchos factores y de las circunstancias personales que cada uno de nosotros experimentó... a unos nos favorecieron y a otros no, pero hay muchos que no obtuvieron el resultado que merecían, porque el trabajo que realizan en su escuela es muy diferente a lo que viene en un examen, al miedo o a las circunstancias.

Apenas el 22 de febrero, Aurelio Nuño había chocado con el magisterio oaxaqueño. Ese día, protegido por un fuerte operativo policiaco-militar, se presentó sin avisar, acompañado del gobernador Gabino Cué, en la escuela primaria Emiliano Zapata, en Miahuatlán, Oaxaca.

                                                    

El objetivo explícito del acto era dar el banderazo de salida al programa Escuelas al Cien. El propósito no declarado era mostrar que el magisterio del estado se encontraba en calma y bajo control. El resultado fue ­contraproducente.

A los maestros de la Emiliano Zapata se les obligó a recibir al secretario bajo amenaza de despido. Moisés Robles, el policía que dirige el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, les advirtió que si no cooperaban sufrirían el cese inmediato.

                                                 

Para realizar el acto oficial, las instalaciones escolares fueron cercadas por elementos de la Policía Federal, granaderos y Ejército. Un policía vestido de civil amenazó con un arma al maestro que resguardaba la puerta de entrada. Las llamadas telefónicas fueron bloquedas.

Ante el despliegue y la intimidación policiaca, padres de familia montaron en pánico. Muchos se negaron a llevar a sus hijos a clases y otros regresaron a sacarlos de la escuela. Dentro de la Emiliano Zapata los niños lloraban, se quejaban de que les dolía cabeza y se enfermaban del estómago. Para resguardarlos y tranquilizarlos los profesores los metieron a los salones.

                                         

El programa oficial duró apenas unos 20 minutos y estuvo lleno de contratiempos. Sin alumnos suficientes, la banda de guerra no se pudo integrar. Ni siquiera los niños de la escolta estaban completos. A pesar de ello, las autoridades realizaron la ceremonia del toque de bandera y entonaron el Himno Nacional. Al final, informaron que a la escuela le iban a dar 2 millones de pesos.

Durante la reunión, oliendo a alcohol, el gobernador Gabino Cué apenas hilvanó unas cuantas palabras. Bajo amenaza de cese, con las cámaras de televisión frente a ellos, contra su voluntad, los profesores fueron obligados a reunirse con el secretario Nuño. Una maestra lo cuestionó sobre por qué entrar a la escuela con tanta policía. Varios profesores le preguntaron por qué la evaluación pretendía castigarlos y no capacitarlos. La directora Paulina Miguel Pérez le señaló la necesidad de que recibiera a sus dirigentes de la sección 22 para iniciar un diálogo.

La SEP anunció que en la Emiliano Zapata se había formado el primer Comité de Padres de Familia y el primer subcomité de Infraestructura Escolar de Escuelas al Cien. La realidad es otra. El comité ya se había formado, pero no para este programa. Es el mismo que se forma y funciona cada año. Ni maestros ni padres de familia tenían información previa del programa. Apenas una semana antes, unas personas llegaron a la escuela a realizar un diagnóstico, pero nunca informaron realmente a qué iban.

De los 2 millones de pesos que, como parte del programa Escuelas al Cien, las autoridades educativas ofrecieron a la Emiliano Zapata (y al prescolar que se encuentra junto a ella), ni maestros ni padres de familia saben nada. Nadie se ha parado por allí para cumplir la promesa.

                                                    

La incursión policiaca del secretario Nuño a Miahuatlán fue una afrenta al magisterio oaxqueño. La reacción no se hizo esperar. El 1º de marzo, el mismo día en el que el titular de la SEP anunció el despido de más de 3 mil maestros que se negaron a realizar el examen de evaluación al desempeño, más de 80 por ciento del magisterio de la entidad suspendió labores y bloqueó las principales carreteras del estado.

Como remate, dos días después, el 3 de marzo, más de 14 mil profesores del istmo suspendieron labores, mientras otros 6 mil bloquearon la Carretera Transístmica y chocaron con la policía para protestar por la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en esa región de Oaxaca. La movilización fue convocada y organizada de un día a otro.

                                               

    

En Solving the Mystery of the Schools, una reseña acerca de dos recientes libros sobre el fracaso de la reforma educativa en Estados Unidos, Diane Ravitch, ex subsecretaria de Educación de ese país, concluyó: Los autores de estos dos libros demuestran que las grandes ideas no pueden ser impuestas a las personas sin su consentimiento. El dinero y el poder no son suficientes para mejorar las escuelas. La mejora real ocurre cuando estudiantes, maestros, directores, padres y la comunidad local colaboran en beneficio de los niños (http://goo.gl/XCIXwu).

Muchas de las conclusiones del análisis de la doctora Ravitch valen también para México. Allí están algunas de las claves que explican el porqué del divorcio de los afanes y dichos del secretario Nuño con la realidad educativa del país.

Carlos Beristain y el momento de la verdad

                                            

El doctor Carlos Beristain ejer­ce múltiples oficios inusuales, relacionados todos con el dolor nacido del abuso y la injusticia. Él es, al mismo tiempo, terapeuta de tragedias colectivas, escriba riguroso de memoriales de agravios, mediador en procesos de paz, defensor de derechos humanos, acompañante de víctimas de la violencia y la tortura, espantamiedos, sanador de heridas de guerra no cicatrizadas y especialista en salud mental.

En un mundo sacudido por interminables y desgarradoras guerras y conflictos violentos, sus servicios profesionales han sido requeridos en multitud de países y regiones de África, Europa y América Latina. La lista es larga: Guatemala, Perú, Paraguay, Colombia, El Salvador, Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, País Vas­co, los Balcanes, Argelia, el Sahara Occidental y, por supuesto, México.

                                      

Carlos Beristain forma parte del Gru­po Interdisciplinario de Expertos In­de­pendientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aportará asistencia técnica a la indagatoria sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa y dará recomendaciones al Estado mexicano en materia de desaparición forzada.

El doctor Beristain es gran conocedor de la problemática de los derechos humanos México. Mucho antes de involucrarse en el esclarecimiento del caso de Iguala, participó en talleres con familiares víctimas de desapariciones forzadas, fue juez en la sección mexicana del Tribunal Permanente de los Pueblos, y estudió a profundidad el caso de la masacre de Acteal.

                                       

Con ese saber advirtió, desde mayo de 2012, más de dos años y cuatro meses antes del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, que “para atender cabalmente a las víctimas de la violencia en el país es fundamental que las instituciones reconozcan –en primer término– que existe un problema de inseguridad que no se puede atribuir sólo al crimen organizado y dejen de cuestionar el origen o las actividades de quienes han padecido un delito”. Por supuesto, nadie en el gobierno quiso escucharlo.

Como sucedió en las últimas semanas a dos integrantes del GIEI (Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz) y al mismo grupo de expertos, Carlos Beristain es ahora víctima de una campaña de estigmatización. A él y al obispo Raúl Vera lo acusan de haber llevado al papa Francisco un informe sobre los 43, antes de su llegada a México. También, de ser un experto en fraudes, responsable de un cuestionado estudio sobre evaluación de impacto en la salud de habitantes de la franja amazónica en Ecuador, que sirvió de soporte en una demanda judicial contra la petrolera multinacional y ecocida Texaco.

                                      

Curiosamente, el informe Las palabras de la selva: estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amázonicas (www.rebelion.org/docs/122602.pdf), que Beristain efectuó junto a otros dos prestigiados científicos, y con el que se le quiere cuestionar en México, es una obra muy reconocida y citada. Según varios investigadores llena un hueco en un ámbito de estudio interdisciplinar muy poco explorado, al tender puentes entre el estudio de los conflictos socioecológicos desde la ecología política y el enfoque de los derechos humanos y los estudios de paz.

Beristain es médico y doctor en sicología. Nació en el País Vasco. Su padre, Eugenio, integrante de una asociación católica antifranquista, dotado de una enorme capacidad de indignación, fue una referencia central en su posterior compromiso ético. Y, según Sebastián de la Nuez, su madre, Leonor, le dio la parte del humor necesario para no amargarse. En su educación política desempeñó un papel muy importante el cura de su barrio.                                            

En su juventud, fue objetor de conciencia al servicio militar y miembro del movimiento de objetores de conciencia. Desde entonces es promotor de la acción no violenta. Comenzó a trabajar en América Latina en 1989. En plena guerra civil en El Salvador, efectuó un taller sobre atención a víctimas de la tortura.

Sus credenciales profesionales son intachables. Conoce a profundidad las experiencias sobre las comisiones de la verdad que se han formado en diversos países. Aún más, ha sido asesor de algunas de ellas. Promueve la iniciativa Glencree, una experiencia que puso en contacto a víctimas de ETA, los GAL, el BVE y de los abusos policiales. Participa en la intermediación del proceso de paz en Colombia, entre las FARC y el gobierno. Ha trabajado como perito para la evaluación sicosocial y médica de varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

                                       

Carlos Beristain es un personaje en la obra de Eduardo Galeano. Su voz es retomada en los trabajos del escritor uruguayo, su amigo y escucha hasta el final de sus días. Escritor él mismo, Beristain ha publicado más de 20 libros. El más reciente, Historia de andares, redactado con una prosa espléndida, recoge pequeños relatos, a un tiempo conmovedores y dramáticos, en los que cuenta sus vivencias en América Latina al lado de víctimas de las peores atrocidades.

Beristain está comprometido a fondo con el esclarecimiento de lo sucedido la noche de Iguala. “El caso de Ayotzinapa –dijo– es dos cosas. Es la necesidad de dar una respuesta desde el aporte del trabajo de derechos humanos a un caso dramático para el país. Y es, también, la posibilidad de tener un impacto más allá del propio caso, en la problemática que está viviendo México.”

En distintos textos, Beristain ha citado a Hannah Arendt para explicar el sentido de su trabajo. “Hay tiempos históricos –escribió la filósofa alemana en De la historia a la acción–, raros periodos intermedios, en los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son como por cosas que todavía no son. En la historia estos intervalos han demostrado en más de una ocasión que pueden contener el momento de la verdad”. A su manera, el Premio León Felipe de Derechos Humanos 1998 ha mostrado ser el partero que ayuda a dar a luz esos momentos de la verdad. Un momento que en el caso de Ayotzinapa parece próximo a aflorar.