La noche de Iguala y el Estado mexicano

                                     

Cuidadoso en las formas, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo cuestiona el pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados de investigar lo que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho la credibilidad misma del Estado mexicano.

El informe de los expertos desmonta y evidencia fehacientemente las mentiras con que el gobierno mexicano elaboró su verdad histórica. Prescindiendo de adjetivos, desnuda y cuestiona el relato oficial de principio a fin. Documenta cómo los responsables de investigar la verdad y hacer justicia sembraron pruebas, obtuvieron confesiones mediante torturas y malos tratos, realizaron filtraciones interesadas, criminalizaron a las víctimas y ocultaron evidencia.

                                                                                         

Más que para esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de llevarla a cabo mal.

En lugar de encontrar y castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables intelectuales, los han encubierto.

                                     

El informe demuestra cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana, sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la heroína.

Las policías ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el Ejército tuvieron control, así como monitoreo permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en Iguala –según el GIEI– hubo coordinación perfecta entre autoridades para generar un círculo de control que evitara la salida de los camiones tomados por los estudiantes.

En su informe final, los expertos insisten en que las víctimas son víctimas por más que, desde el Estado, se haya pretendido estigmatizarlas. En contra de lo que la PGR afirmó, los estudiantes de Ayotzinapa no fueron a Iguala a boicotear ningún acto de la alcaldía. No eran parte de la delincuencia organizada ni estaban infiltrados por ella.

Entre muchas preguntas que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.

                                                  

                                         

Precavidos, los expertos evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma gravedad. También declaró, días después del primer informe de los expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43 que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces una medida para reposicionar la verdad histórica, no tenía sustento alguno en el expediente.

Desde que en septiembre del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado. Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana, durante la presentación del informe de los expertos, fueron el testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña Nieto. No llegaron a la cita.

                                  

Apenas la tarde del día anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

Dentro y fuera de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?

Vidulfo Rosales: prohibido olvidar

                                 

     

El abogado Vidulfo Rosales está en el centro de la tormenta política nacional. Defensor incansable de los padres de familia de los 43 muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, su voz irrita a los poderosos. Por eso, durante las últimas dos semanas se ha lanzado en su contra una infame campaña de calumnias.

Mediante filtraciones a la prensa de llamadas telefónicas, supuestamente suyas, se le quiere asociar, a él y a los familiares de los estudiantes, con el crimen organizado. De paso, se le muestra como un hombre racista y despótico en el trato a los más humildes. Su biografía desmiente las mentiras que se dicen en su contra.

                                             

Vidulfo Rosales nació en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en Guerrero. La región, mayoritariamente me’phaá o tlapaneca, se encuentra lejos de los grandes centros urbanos de la Montaña y la Costa y, durante muchos años, estuvo prácticamente incomunicada.

Vidulfo es indígena y está orgulloso de serlo. Es el mayor de ocho hermanos y le tocó hacer el trabajo más duro en el campo. De la mano de su padre, aprendió a hacer surcos y a sembrar maíz, frijol y calabaza.

Cuando Rosales estudió la primaria y la secundaria, su pueblo carecía de luz y carreteras. Para trasladarse a cualquier otra comunidad no había de otra que caminar grandes distancias. Para llegar a Tlapa, la principal concentración urbana de la Montaña, se requería viajar día y medio, y trasladarse a pie durante seis horas para llegar adonde pasaba el autobús.

                                   

 

En esa geografía trató de implantarse en la década de los sesenta la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez. El abuelo de Vidulfo y su padre la ayudaron con alimentos y dando recados. Y, cuando el movimiento fue aniquilado, pagaron las consecuencias de su osadía. Apuntalados por el Ejército, los caciques regresaron a cobrar venganza y a esquilmar a la población. A su padre lo despojaron de los terrenos que tenía. Su intento de defenderse litigando en los tribunales agrarios fue infructuoso.

Ese expolio del patrimonio familiar marcó el futuro de Vidulfo. Desde pequeño su papá lo motivó a estudiar para abogado, para que nos defiendas, para que no suframos estas injusticias. El hijo creció cargando esa misión sobre sus espaldas.

Rosales entró en 1990 a la preparatoria en Tlapa. Para ganarse la vida, trabajaba en una tienda grande que vendía pollo. Los dueños controlaban prácticamente toda la cadena productiva. Vidulfo hacía los trabajos más pesados en la matanza de las aves y dormía en el negocio. No le pagaban salario. Debía conformarse con la comida, el hospedaje y un regalo de 20 pesos a la semana.

Los dueños de la empresa, como muchos mestizos de Tlapa, eran muy racistas. Vidulfo sufrió esa discriminación en carne propia. Los patrones lo ofendían, le gritaban, le mentaban la madre. Le decían guanco (gente del cerro), que es como los mestizos nombran con desprecio al indígena, para humillarlo o denigrarlo.

                                        

Al finalizar la preparatoria le nació la inquietud política. Era 1994 y tenía ya 18 años. El levantamiento zapatista en Chiapas y los movimientos populares en Guerrero desencadenaron una profunda convulsión en el estado. Rosales comenzó a participar entonces en el Movimiento Estudiantil de Liberación Popular.

Al terminar la prepa, se trasladó a Chilpancingo para continuar sus estudios de abogado. Ingresó a la universidad, vivió primero en un albergue en el DIF y luego en una Casa de Estudiantes, y trabajó lavando coches y camiones de la línea Estrella Blanca. Fue elegido secretario de asuntos exteriores de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense. Simultáneamente acompañó a diversos movimientos sociales de la entidad, que terminaron articulándose en el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional FAC-MLN.

Al quinto año de estudios, Manuel Olivares lo invitó a colaborar con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa. Aunque inicialmente no creía mucho en los derechos humanos, encontró en ellos una herramienta para ayudar a los pueblos indios y a los más necesitados.

                                              

Dos años después comenzó a participar en el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Se trasladó a Tlapa para estar más cerca de sus orígenes y su comunidad. Desde allí se ha hecho cargo de casos como el de Inés Fernández y Valentina Rosas, las mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002; el de la presa La Parota, y el del asesinato de los indígenas Raúl Lucas García y Raúl Ponce Rosas. Eso lo expuso a una fuerte confrontación con el Estado, que muchos funcionarios no le perdonan aún.

                                 

Desde 2007, apoyó a los estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de la represión gubernamental. Como resultado de su participación en el caso de los normalistas asesinados por la policía el 12 de diciembre del 2011, entabló una relación muy cercana con los ayotzis. Las autoridades lo presionaron para que abandonara el caso, advirtiéndole que el comandante y el fiscal señalados como torturadores por los estudiantes estaban vinculados al crimen organizado. Como siguió adelante, un grupo de pistoleros lo persiguió y baleó. Poco después recibió una amenaza de muerte. Para proteger su vida abandonó el país y vivió en Estados Unidos y Costa Rica.

                                      

Vidulfo regresó a México en 2013. De inmediato apoyó a los maestros de la Ceteg que rechazan la reforma educativa, elaborando una propuesta de legislación alternativa. Y cuando esperaba tener finalmente un momento de tranquilidad, se le vino encima la noche de Iguala. Desde entonces, de día y de noche, acompaña a los padres de los 43 en su largo y arduo peregrinar por la verdad y la justicia.

Fiel a sus raíces y a su gente, a los pueblos indígenas de los que forma parte, considera que la campaña de calumnias de la que es víctima busca dos cosas. Por un lado, ensuciar y aislar un movimiento digno que sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Por el otro, fracturar la unidad interna. Pero, a pesar de las difamaciones en su contra –dice–, no va a doblar la página. Tiene prohibido olvidar.

Enrique González Rojo y la educación

                                         

                                                

Enrique González Rojo es un hombre generoso. Apenas hace unos meses, en octubre de 2015, donó una colección de 11 mil 278 libros y más de un millar de revistas a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La biblioteca reúne las adquisiciones bibliográficas de tres generaciones de tres Enriques poetas: la de su abuelo, la de su padre y la suya propia.

Toda su vida, González Rojo ha estado rodeado de libros. Estoy marcado por los libros. Siempre he vivido rodeado de libros. Apenas abrí los ojos y lo que vi no fue la partera, o a mi madre o mi padre. Lo que vi fue libros. Estaba rodeado de libros, cuenta el creador. Hasta la cuna donde dormía en la casa de su abuelo, en la calle de Mayorazgo 715, estaba rodeada de libreros. Sobre su cabeza se encontraba la Enciclopedia Británica. Dos de sus tomos estuvieron a punto de provocarle una desgracia, cuando un temblor los tiró sobre su pequeña cama. Minutos antes, su madre lo había tomado en brazos para darle el pecho. Estuvo a punto de morir.

A sus 87 años, Enrique ha tenido varios amores y tres pasiones principales. Entre sus amores se encuentran el magisterio, la lectura y la música. Sus pasiones son la poesía, la filosofía y la política.

Sus tres coordenadas de acción fundamentales están profundamente entreveradas. Cuando está escribiendo demasiada poesía, añora la filosofía. Cuando se dedica a la filosofía, extraña la poesía. Y cuando está en las dos, siente nostalgia por la política.

                                      

Enrique González Rojo no puede vivir sin escribir en lo general, y sin hacer poesía en lo particular. Según su abuelo Enrique González Martínez, heredó la ponzoña lírica. Comenzó a escribir poemas desde los seis o siete años, y desde entonces lo ha seguido haciendo.

Se acercó a la filosofía al sentir la necesidad de explicarse el acto poético. No quería ser nada más un jilguero. Quería saber de dónde venía su inspiración, qué sentido tenía. Y, por consejo de su abuelo, se puso a leer obras de preceptiva, algo sobre la teoría de la poesía y finalmente estética. Fue allí donde se enfiló hacia la filosofía.

Lector pertinaz de filosofía alemana, devoró las obras de Kant y Hegel. Y, como ese pensamiento le parecía demasiado abstracto, aterrizó en la filosofía existencial. Comenzó así el estudio de Jean Paul Sarte y Martin Heidegger.

Estaba en esa etapa cuando uno de los existencialistas amigo suyo del grupo Hiperión, Joaquín Sánchez Macgrégor, ingresó al Partido Comunista. Intrigado, le preguntó cómo un existencialista se afiliaba al Partido Comunista. González Rojo se entusiasmó con la respuesta y le propuso a su amigo, el también poeticista Eduardo Lizalde, integrarse a las filas del comunismo. Era 1956.

                                          

El pasado 30 de marzo, el viejo maestro Enrique González Rojo recibió orgulloso el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Allí confesó su amor por el magisterio, “vocación que, iniciada por mi bisabuelo, se continuó –estafeta de letras amorosas– con mi abuelo y mi padre”.

En su discurso en la ceremonia propuso una reforma de la educación que advierta y haga suyos los grandes problemas nacionales, que no tenga reservas en denunciar las razones de fondo de por qué está la educación como está, que eleve a primer plano el espíritu crítico, haga un severo enjuiciamiento de la reforma oficial y devele, de manera reiterada y convincente, a qué intereses se encuentra enajenada.

Y, de manera directa, se preguntó: ¿Tendrá sentido, en efecto, proponer una estrategia educativa tan profundamente democrática cuando estamos viendo cotidianamente la manera atrabiliaria y punitiva en que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Educación Pública, con la complicidad de la burocracia del SNTE, pretenden reformar la práctica docente empezando por una evaluación de los maestros sospechosa y hasta militarizada? (http://goo.gl/3NErMF)

Aunque las palabras de Enrique se le hayan atragantado al secretario Aurelio Nuño, él sabe de lo que habla cuando opina de educación. Durante 33 años de su vida fue profesor de diversas materias en preparatorias, colegios de ciencias y humanidades y universidades. Ha sido un formador de docentes. La lista de sus alumnos que recuerdan su labor en las aulas con admiración y gratitud es enorme. Apenas hace unos días, en un texto titulado Clases para abrir los ojos, Juan Villoro dibujó un conmovedor retrato del maestro González Rojo (http://goo.gl/gcNqlq).

                                

Discípulo de José Revueltas –a quien considera uno de su padres intelectuales–, a su manera un revueltista crítico, Enrique ha dedicado una parte muy importante de su obra teórica como pensador de izquierda a tratar de explicar por qué los bolcheviques, queriendo soñar la emancipación humana, nos dieron una feroz dictadura. Su optimismo –asegura– viene de su capacidad para repensar cosas como ésta, y de no olvidar nunca la estrategia del comunismo.

Como teórico de la transformación social, el poeta ha reflexionado con imaginación y profundidad en la existencia de una tercera clase, la clase intelectual, y en su papel en el llamado socialismo real. A partir de su estudio de Freud y el sicoanálisis, elaboró la teoría de la pulsión apropiativa. Convencido de que se produce plusvalía no sólo en la esfera de la producción, sino también en los servicios y la circulación, ha propuesto una nueva visión del sujeto histórico. Convencido de que el socialismo sólo puede ser obra de los trabajadores mismos, ha colocado en el centro de su proyecto la lucha por la autogestión.

                                   

Poeta, filósofo y político, Enrique González Rojo no concibe la vida sin escribir y no entiende la escritura sin estar comprometido. Toda su vida ha sido de lucha y toda su lucha ha buscado poner un granito de arena por la emancipación de la humanidad. Su discurso en la ceremonia de investidura del honoris causa de la UAM así lo muestra.

Cocula: chicana gubernamental

                                         

 

Una chicana, según el diccionario de la Real Academia Española, es una artimaña, un procedimiento de mala fe. Una chicana fue, lisa y llanamente, lo que la Procuraduría General de la República (la PGR) hizo al dar a conocer de manera unilateral y sesgada los resultados preliminares del tercer peritaje sobre el basurero de Cocula.

La chicana comenzó desde la misma conferencia de prensa a la que la PGR convocó para difundir el peritaje preliminar. Ante los medios de comunicación, el subprocurador Eber Omar Betanzos, y Ricardo Damián Torres, director regional para América Latina de la firma PT&C/LWG Forensic Consulting Services, con una importante cartera de negocios en México (http://goo.gl/cQjIY5), dieron la bienvenida a los presentes y leyeron dos documentos. Todo en apenas unos cuatro minutos. Al terminar agradecieron la presencia de los periodistas, se levantaron de la mesa y se fueron. A pesar de la importancia del tema, no permitieron ni una sola pregunta. ¡Ni una!

                                                

A la conferencia de prensa no asistieron los otros cinco expertos en materia de fuego. Tampoco los integrantes del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Todos tendrían que haber participado.

La PGR y el GIEI firmaron un acuerdo en febrero pasado en el que se fijaron las bases para el nuevo estudio. Allí se estipuló que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y que todas las fases del estudio se realizarían de consenso. El pasado 1º de abril, la procuraduría rompió el convenio.

A pesar de que ninguno de los expertos podía acudir como vocero o representante del grupo, sin presentar de manera clara a los integrantes, y sin explicar por qué había sido elegido, Ricardo Damián Torres, que fue seleccionado a la comisión de expertos de fuego por la procuraduría, fue presentado a los periodistas por parte del subprocurador Betanzos como el vocero de sus compañeros.

El informe preliminar dado a conocer por la PGR rompe el acuerdo signado el 29 de octubre de 2014 entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El documento señala que ninguna dependencia del gobierno federal dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin notificar previamente a una comisión mixta de seguimiento e información. Ni los padres ni sus representantes fueron informados de lo que se dijo en la conferencia de prensa.

                                           

En una reunión con el GIEI, previa a la conferencia de prensa, Damián dijo que lo que iba a informar en ésta era que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo. Mintió. Ante los medios de comunicación, se refirió a partes del contenido de un informe provisional, no analizadas por el GIEI, y que no tienen el consenso del resto de los expertos de fuego. Volvió a mentir.

En el documento que Damián Torres leyó a los periodistas en un español con marcado acento estadunidense, trató de revivir la verdad histórica del gobierno federal. Tramposamente, dijo que sí existió un evento de fuego controlado en el basurero de Cocula; que 17 adultos fueron quemados en el lugar, y que las condiciones de tiempo y circunstancias indican la posibilidad de que fueran quemados 43 cuerpos, aunque sólo con una prueba a gran escala podría confirmarse esa hipótesis.

                                    

Tramposamente, porque Torres adelantó información de una investigación que aún no concluye, presentándola como si fuera definitiva. Porque antes de la conferencia de prensa del 1º de abril, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había documentado que en el basurero de Cocula se encontraron restos de 19 personas, pero que no hay evidencia de su identidad ni de cuándo fueron depositados allí. Porque el ejecutivo de PT&C/LWG Forensic Consulting Services no especificó cuándo pudo haber ocurrido ese fuego. Porque el mismo EAAF había reconocido la existencia de varios fuegos en el basurero de Cocula anteriores al 26 de septiembre de 2014.

Nada más terminar la conferencia de prensa, se lanzó en redes sociales un intenso bombardeo contra el GIEI, continuación del que comenzó a partir de que los expertos hicieron cenizas el relato de la PGR. Miles de boots se dedicaron a tratar de revivir la verdad histórica y a calumniar a la comisión. Después, para tratar de rematar la ofensiva, entraron en acción los columnistas del régimen.

                                          

La chicana gubernamental fue respondida por el GIEI, que advirtió que la PGR había roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, vista la falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino. También supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio.

Adicionalmente, el EAAF salió al paso de la maniobra de la procuraduría. En un detallado documento, refutó paso a paso las mentiras e inconsistencias de Damián Torres. El tercer peritaje no liga el fuego con los 43, concluyó.

Mientras, la campaña contra el GIEI sigue adelante. Distintas plumas cercanas al gobierno insisten falsamente en que, salvo por el fuego del basurero de Cocula, no hay diferencias sustantivas entre el relato gubernamental y el informe del GIEI. Cualquier lector cuidadoso del trabajo de los expertos independientes puede darse cuenta de que esto es mentira.

En la misma dirección se ha querido confrontar los informes del GIEI y del EAAF, a pesar de que son complementarios. Es un embuste decir que las conclusiones de los forenses argentinos desmienten las de los expertos independientes; por el contrario, las confirman.

                                  

La última chicana de la PGR, enfilada en su estrategia de no renovar el convenio de colaboración con el GIEI, tendrá como consecuencia la destrucción de un sólido canal de interlocución con los padres de los 43, el avivamiento de las protestas radicales en Guerrero y un mayor descrédito del gobierno mexicano en el mundo. Por lo visto, la administración de Peña Nieto está empeñada en que la noche de Iguala lo persiga más allá de su sexenio.

La guerra contra el normalismo

                                   

Imaginemos que, a partir de ahora, en México no será necesario ser médico para ejercer la medicina. Para diagnosticar enfermedades, hacer cirugías y recetar fármacos, será suficiente tener una licenciatura y presentar un examen. Aunque no haya estudiado los seis arduos años de la carrera de médico, cualquier licenciado tendrá derecho a ocupar una plaza en las clínicas y hospitales del sector público.

Supongamos que dentro de muy poco tiempo en México los egresados de veterinaria, historia o letras inglesas podrán ser responsables de realizar y supervisar proyectos arquitectónicos y obras. Les bastará con haber terminado su carrera y hacer una prueba para trabajar de arquitectos o ingenieros civiles, aunque no hayan estudiado para ello.

                                    

Fantaseemos con que, desde ya, será posible, en tiempos de paz, tener el grado de teniente coronel dentro del Ejército, sin haber cursado la carrera de las armas y sin cumplir con un mínimo de tiempo en el servicio. Se requerirá, tan sólo, ser licenciado y pasar un examen de admisión.

Obviamente, muy pocos enfermos estarían dispuestos a dejarse operar por un cirujano que no cursó la carrera de medicina. Por supuesto, nadie cometería la locura de darle la obra de construcción de un puente a quien no sea ingeniero civil o arquitecto. Y es impensable que, en condiciones normales, el Ejército reclute a sus filas como oficial de alta graduación a quien no se haya formado y hecho carrera en sus filas.

                                   

Sin embargo, el pasado 22 de marzo, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció que para ser ejercer la profesión magisterial será posible hacer lo que nos parece inadmisible para la medicina, la ingeniería o las armas. Según el funcionario, desde este año, cualquier licenciado que presente un examen podrá dar clases de educación básica en el sistema público. La formación de maestros –dijo– ha dejado de ser un monopolio de las facultades y escuelas universitarias. En los hechos, se ha condenado a muerte a las normales: dejarán de ser semilleros de profesores de educación básica.

Esto significa que ejercerán de profesores de primaria profesionistas que no se prepararon para ello, y que no tienen conocimiento alguno de didáctica. Bastará que sean licenciados y que aprueben un examen de conocimientos. En la docencia hay precedentes de excelentes maestros en activo que no estudiaron para serlo; sin embargo, no son casos muy frecuentes.

Por supuesto, en el futuro algunos de esos licenciados pueden resultar buenos profesores, pero nada garantiza que lo sean. Eso no se mide con una prueba. Aunque tengan sólidos conocimientos en su campo de estudios y la mejor intención del mundo, en su mayoría no saben cómo enseñar a niños y jóvenes. Desconocen las preocupaciones, intereses y realidades de los alumnos del sistema de educación pública básica. Ignoran cómo tratarlos, por una razón muy sencilla: fueron a la universidad para ejercer como biólogos, físicos, abogados u odontólogos, no para ser docentes de primaria o prescolar.

                                     

¿Por qué un licenciado que estudió una carrera universitaria para ser profesionista escogería pasar el resto de su vida en un aula de educación básica ganando menos dinero? Obviamente, no por vocación, sino por la falta de oportunidades laborales en su área de formación. Por supuesto, puede haber excepciones, pero la motivación central para hacerlo es tener un empleo, mientras consigue un trabajo mejor.

Evidentemente, un maestro que está de paso en el servicio, que ve su actividad en el aula como un trabajo temporal mientras encuentra un empleo mejor retribuido, difícilmente puede ser un buen profesor. El magisterio es una opción de vida. Los docentes de excelencia tienen, por lo regular, años de experiencia a sus espaldas.

                                   

Curiosamente, los maestros mexicanos a los que se quiere someter a una terapia de choque, poniéndolos a competir por el empleo con egresados de otras instituciones, poseen un nivel de formación muy razonable. Los datos de la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa, levantada en 2010 por la SEP, así lo muestran. Según el estudio, 54.7 por ciento de los profes tienen una licenciatura normalista, 13.5 una licenciatura universitaria y 11.2 estudios de posgrado.

En las escuelas normales se forman maestros para ser maestros. Muchos de sus estudiantes provienen de familias humildes o son hijos de docentes. De sus aulas salen profesores que saben enseñar, y que abrazan la docencia como opción de vida.

En nuestro país, el nomalismo, como institución exclusiva de la formación de maestros, tiene 128 años de vida. Hasta ahora ha sido una profesión de Estado. Más allá de sus dificultades y limitaciones, hay en su práctica una inmensa riqueza pedagógica. Los normalistas han sido baluartes en la defensa de la educación pública. En algunas de sus escuelas –como las normales rurales– los estudiantes se forman con vocación de servicio social. A pesar de ello (o precisamente por ello), se le quiere condenar a muerte.

                                 

La tecnocracia educativa y la derecha empresarial detestan al normalismo. Quieren acabar con él. Claudio X. González demandó cerrar sus escuelas,

Lejos de promover una mejor educación, la reforma legal que condena a muerte al normalismo y abre las puertas de la docencia en educación pública básica a licenciados de otras disciplinas es un incentivo al ejercicio de peores prácticas pedagógicas. Y, en lugar de permitir al Estado recuperar la rectoría del sector educativo, es un paso más hacia su desregulación.