Cuidadoso en las formas,
el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo
cuestiona el pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados
de investigar lo que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho
la credibilidad misma del Estado mexicano.
El informe de los
expertos desmonta y evidencia fehacientemente las mentiras con que el
gobierno mexicano elaboró su verdad histórica.
Prescindiendo de adjetivos, desnuda y cuestiona el relato oficial de
principio a fin. Documenta cómo los responsables de investigar la
verdad y hacer justicia sembraron pruebas, obtuvieron confesiones
mediante torturas y malos tratos, realizaron filtraciones
interesadas, criminalizaron a las víctimas y ocultaron evidencia.
Más que para esclarecer
los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el
27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República
ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad
del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la
deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no
sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de
llevarla a cabo mal.
En lugar de encontrar y
castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han
optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que
declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta
para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como
resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de
policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos
de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables
intelectuales, los han encubierto.
El informe demuestra
cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por
la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y
desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado
mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus
negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las
instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No
fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más
elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana,
sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la
heroína.
Las policías
ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el
Ejército tuvieron control, así como monitoreo
permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de
Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en
Iguala –según el GIEI– hubo coordinación
perfecta entre autoridades para generar un círculo de control que
evitara la salida de los camiones tomados
por los estudiantes.
En su informe final, los
expertos insisten en que las víctimas son víctimas por más que,
desde el Estado, se haya pretendido estigmatizarlas. En contra de lo
que la PGR afirmó, los estudiantes de Ayotzinapa no fueron a Iguala
a boicotear ningún acto de la alcaldía. No eran parte de la
delincuencia organizada ni estaban infiltrados por ella.
Entre muchas preguntas
que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del
informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes
desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.
Precavidos, los expertos
evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados
en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio,
responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de
restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma
gravedad. También declaró, días después del primer informe de los
expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43
que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero
de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces
una medida para reposicionar la verdad histórica,
no tenía sustento alguno en el expediente.
Desde que en septiembre
del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su
investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los
expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado.
Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana,
durante la presentación del informe de los expertos, fueron el
testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los
subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber
Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña
Nieto. No llegaron a la cita.
Apenas la tarde del día
anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una
reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro,
para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Dentro y fuera de
México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo
negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación
internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario
mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por
la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y
por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el
Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es
preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría
para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?
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