El abogado Vidulfo
Rosales está en el centro de la tormenta política nacional.
Defensor incansable de los padres de familia de los 43 muchachos de
Ayotzinapa desaparecidos, su voz irrita a los poderosos. Por eso,
durante las últimas dos semanas se ha lanzado en su contra una
infame campaña de calumnias.
Mediante filtraciones a
la prensa de llamadas telefónicas, supuestamente suyas, se le quiere
asociar, a él y a los familiares de los estudiantes, con el crimen
organizado. De paso, se le muestra como un hombre racista y despótico
en el trato a los más humildes. Su biografía desmiente las mentiras
que se dicen en su contra.
Vidulfo Rosales nació
en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en
Guerrero. La región, mayoritariamente me’phaá o tlapaneca, se
encuentra lejos de los grandes centros urbanos de la Montaña y la
Costa y, durante muchos años, estuvo prácticamente incomunicada.
Vidulfo es indígena y
está orgulloso de serlo. Es el mayor de ocho hermanos y le tocó
hacer el trabajo más duro en el campo. De la mano de su padre,
aprendió a hacer surcos y a sembrar maíz, frijol y calabaza.
Cuando Rosales estudió
la primaria y la secundaria, su pueblo carecía de luz y carreteras.
Para trasladarse a cualquier otra comunidad no había de otra que
caminar grandes distancias. Para llegar a Tlapa, la principal
concentración urbana de la Montaña, se requería viajar día y
medio, y trasladarse a pie durante seis horas para llegar adonde
pasaba el autobús.
En esa geografía trató
de implantarse en la década de los sesenta la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez. El abuelo de Vidulfo y su
padre la ayudaron con alimentos y dando recados. Y, cuando el
movimiento fue aniquilado, pagaron las consecuencias de su osadía.
Apuntalados por el Ejército, los caciques regresaron a cobrar
venganza y a esquilmar a la población. A su padre lo despojaron de
los terrenos que tenía. Su intento de defenderse litigando en los
tribunales agrarios fue infructuoso.
Ese expolio del
patrimonio familiar marcó el futuro de Vidulfo. Desde pequeño su
papá lo motivó a estudiar para abogado, para
que nos defiendas, para que no suframos estas injusticias.
El hijo creció cargando esa misión sobre sus espaldas.
Rosales entró en 1990 a
la preparatoria en Tlapa. Para ganarse la vida, trabajaba en una
tienda grande que vendía pollo. Los dueños controlaban
prácticamente toda la cadena productiva. Vidulfo hacía los trabajos
más pesados en la matanza de las aves y dormía en el negocio. No le
pagaban salario. Debía conformarse con la comida, el hospedaje y un
regalo de 20 pesos a la
semana.
Los dueños de la
empresa, como muchos mestizos de Tlapa, eran muy racistas. Vidulfo
sufrió esa discriminación en carne propia. Los patrones lo
ofendían, le gritaban, le mentaban la madre. Le decían guanco
(gente del cerro), que es como los mestizos nombran con desprecio al
indígena, para humillarlo o denigrarlo.
Al finalizar la
preparatoria le nació la inquietud política. Era 1994 y tenía ya
18 años. El levantamiento zapatista en Chiapas y los movimientos
populares en Guerrero desencadenaron una profunda convulsión en el
estado. Rosales comenzó a participar entonces en el Movimiento
Estudiantil de Liberación Popular.
Al terminar la prepa,
se trasladó a Chilpancingo para continuar sus estudios de abogado.
Ingresó a la universidad, vivió primero en un albergue en el DIF y
luego en una Casa de Estudiantes, y trabajó lavando coches y
camiones de la línea Estrella Blanca. Fue elegido secretario de
asuntos exteriores de la Federación Estudiantil Universitaria
Guerrerense. Simultáneamente acompañó a diversos movimientos
sociales de la entidad, que terminaron articulándose en el Frente
Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional
FAC-MLN.
Al quinto año de
estudios, Manuel Olivares lo invitó a colaborar con el Centro de
Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa. Aunque
inicialmente no creía mucho en los derechos humanos, encontró en
ellos una herramienta para ayudar a los pueblos indios y a los más
necesitados.
Dos años después
comenzó a participar en el área jurídica del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan. Se trasladó a Tlapa para estar
más cerca de sus orígenes y su comunidad. Desde allí se ha hecho
cargo de casos como el de Inés Fernández y Valentina Rosas, las
mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002; el
de la presa La Parota, y el del asesinato de los indígenas Raúl
Lucas García y Raúl Ponce Rosas. Eso lo expuso a una fuerte
confrontación con el Estado, que muchos funcionarios no le perdonan
aún.
Desde 2007, apoyó a los
estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de la represión gubernamental.
Como resultado de su participación en el caso de los normalistas
asesinados por la policía el 12 de diciembre del 2011, entabló una
relación muy cercana con los ayotzis. Las autoridades lo presionaron
para que abandonara el caso, advirtiéndole que el comandante y el
fiscal señalados como torturadores por los estudiantes estaban
vinculados al crimen organizado. Como siguió adelante, un grupo de
pistoleros lo persiguió y baleó. Poco después recibió una amenaza
de muerte. Para proteger su vida abandonó el país y vivió en
Estados Unidos y Costa Rica.
Vidulfo regresó a
México en 2013. De inmediato apoyó a los maestros de la Ceteg que
rechazan la reforma educativa, elaborando una propuesta de
legislación alternativa. Y cuando esperaba tener finalmente un
momento de tranquilidad, se le vino encima la noche de Iguala. Desde
entonces, de día y de noche, acompaña a los padres de los 43 en su
largo y arduo peregrinar por la verdad y la justicia.
Fiel a sus raíces y a
su gente, a los pueblos indígenas de los que forma parte, considera
que la campaña de calumnias de la que es víctima busca dos cosas.
Por un lado, ensuciar y aislar un movimiento digno que sigue siendo
un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Por el otro, fracturar
la unidad interna. Pero, a pesar de las difamaciones en su contra
–dice–, no va a doblar la página. Tiene prohibido olvidar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario