Rubén Núñez, la moneda de cambio

                                         

                                      

El profesor Rubén Núñez Ginez está recluido en una celda del penal de alta seguridad de Hermosillo. Antes de ser apresado, la madrugada del pasado 12 de junio, vivía en una sencilla casa de una sola planta en el municipio de Putla, que edificó cuando todavía no era nombrado secretario general de la sección 22.

Rubén no tiene grandes propiedades. No posee joyas ni ropa de lujo. Su fabuloso guardarropa está integrado por camisas de manta bordadas típicas de Oaxaca y prendas que se pueden adquirir en cualquier comercio.

Su espectacular flotilla de coches se reduce a una camioneta Nissan estaquitas, que cambió por una camioneta que usa para transportarse en sus obligaciones sindicales, y una furgoneta que no puede circular porque carece de placas, propiedad de la sección 22 desde hace años. Cuando agentes vestidos de civil lo detuvieron violentamente al norte de la Ciudad de México, se transportaba en el taxi de su primo.

Una de sus posesiones más exóticas, y que según algunos medios es evidencia de las millonarias riquezas que ha adquirido, es un hermoso pavo real. El ave fue un regalo que le hizo un amigo, que sabe del gusto del maestro por la vida silvestre y la cultura tradicional.

El profesor Núñez Ginez es el mayor de cuatro hermanos, de una familia campesina.

Nació el 6 de febrero de 1963 en Concepción del Progreso, mejor conocida como La Hacienda, Tierra del Dios nunca muere, perteneciente al municipio y distrito de Putla de Guerrero, Oaxaca. Su padre es ejidatario. Familiares suyos fueron pioneros en gestionar la llegada de escuelas públicas a la zona.

                                                    

Putla es una región marcada por el rezago y la pobreza, muy diversa culturalmente. Cinco pueblos indígenas –mixtecos, triquis, tacuates, nahuas y amuzgos– tienen allí su territorio. Está poblado también por afrodescendientes.

Rubén Núñez cursó sus estudios de educación básica en la primaria Guillermo Prieto de la misma población y en la Secundaria Técnica Agropecuaria 151. En 1978 ingresó a la Escuela Normal Experimental Presidente Lá­zaro Cárdenas para ser profesor de educación primaria.

Rubén siguió estudiando. Se especializó en lengua y literatura, en la Escuela Normal Superior de la Universidad de Chilpancingo, Guerrero. Ya docente en servicio, cursó la maestría en desarrollo educativo, en la Universidad Autónoma de Puebla. Trabajó como profesor de primaria en comunidades rurales de la Sierra Sur, de difícil acceso. Dio clases en San Pedro Yasutatu, a cinco horas de camino a pie. Dio clases de español en la secundaria técnica de su pueblo. En 1990, se incorporó a la Normal Experimental de la cual egresó, y de la que se volvió director. Laboró también en lingüística en la UPN.

                                                

Núñez mantiene un fuerte arraigo comunitario. Ha cumplido con sus servicios en el sistema de cargos: desde mayordomo de la festividad principal hasta agente municipal. Fue secretario del comisariado del ejido. Como presidente de Pueblos Unidos de la Cañada, tuvo la encomienda de gestionar la pavimentación de la carretera de acceso a muchas comunidades de esta microrregión. Fue secretario del Consejo de Desarrollo Municipal de Putla, y mayordomo del carnaval putleco. Siempre se distinguió por su responsabilidad y honestidad.

Rubén Núñez es un destacado basquetbolista. Tiene el don de la palabra. Es orador designado en fiestas de 15 años, bodas, bautizos y velorios. Le gusta declamar y escribir poesía. Su carácter afable y bonachón despertó simpatía entre sus vecinos, compañeros de trabajo y estudiantes.

El maestro Núñez no pertenece a corriente sindical alguna. Fue impulsado a la secretaría general de la 22 por un equipo de paisanos y compañeros de la región Cañada. Fue electo porque el movimiento magisterial oaxaqueño decide quiénes son sus dirigentes de manera imprevisiblemente democrática.

                                         

Falsamente, se ha dicho que el profesor Ñúñez recibe un salario millonario. Tramposamente se suman sus ingresos trimestrales y se los hacen aparecer como si fueran quincenales. Se dice que no labora, aunque está comisionado sindicalmente (como lo están todos los dirigentes de sindicatos del apartado B del artículo 123) desde el 26 de septiembre de 2012.

Rubén Núñez obtuvo una maestría, es profesor de tiempo completo de una institución de educación superior y ha sido director de la escuela normal. Tiene 32 años de servicio. A pesar de eso, su sueldo líquido quincenal –que no ha recibido desde junio del año pasado– es de 19 mil 667 pesos.

Se le encarceló acusándolo de lavado de dinero, robo agravado y tentativa de homicidio. Los señalamientos que se le imputan son falsos, prefabricados y carecen de fundamento legal.

¿Lavado de dinero? Desde junio del año pasado, las cuentas bancarias de la sección 22 fueron ilegalmente congeladas por la autoridad. Los maestros decidieron seguir cooperando económicamente para mantener su organización. ¿Qué tienen esos recursos de procedencia ilícita?

                                                 

En todas las secciones del SNTE existen convenios con empresas privadas que venden a crédito a los maestros línea blanca, material escolar o dan préstamos. Oaxaca no es la excepción. Esos convenios fueron firmados no por la sección sino por el IEEPO, desde antes de que Rubén fuera elegido secretario general. Las empresas pagan una modesta comisión que no pasa por el dirigente. Si el maestro Núñez está preso por eso, deberían estarlo todos los dirigentes del sindcato.

Las otras acusaciones son igual de absurdas. En septiembre de 2014, el SNTE denunció a la sección 22 de robarle mil cajas de libros de texto gratuitos que estaban en una casa particular. ¡Unos 50 mil libros! ¿Qué hacían esos libros en una casa particular? ¿Pueden ser propiedad de un grupo sindical? ¿Se imagina alguien al maestro Rubén hurtando 50 mil libros o tratando de matar a alguien? ¡Por favor!

El profesor Rubén Núñez es rehén del gobierno federal. Moneda de cambio. Las autoridades lo quieren usar para negociar el fin de las protestas contra la reforma educativa. Se equivocan. Su aprehensión levantó una ola de indignación aún mayor. Sus secuestradores deben liberarlo ya, al igual que al resto de sus compañeros.

Oaxaca en las barricadas

                                             

                                                   

Pablo Andrés García Cruz es párroco de la iglesia Martes Santo, en Juchitán, Oaxaca. El pasado miércoles 5 de junio ofició una misa en la carretera Panamericana, a la altura del entronque Canal 33. Allí se encontraban maestros y padres de familia que establecieron un retén carretero.

En su homilía –narró Ixtel Welt–, el sacerdote García Cruz explicó que los profesores bloquean las vialidades no por gusto o por capricho sino para defender una causa noble y su propio trabajo, que es sagrado. Los maestros –dijo– ya quisieran estar en la escuela dando clases, en lugar de padecer incomodidades.

El presbítero hizo un llamado al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a ver las cosas serenamente, no con intereses y dobleces, y a sentarse a dialogar verdaderamente con los profesores, no con mentiras ni falsas promesas. Demandó no enviar a las fuerzas federales a reprimir a los docentes. Y le preguntó: ¿cómo no se le conmueven las entrañas? ¿Qué entrañas tiene?

La policía –advirtió el presbítero– debe considerar que no está enfrentando a una bola de gente que no sabe lo que hace, sino a gente preparada, estudiada, que ha estado en una universidad pedagógica. “Es –dijo– gente que piensa”.

Los asistentes al rito oraron en zapoteco y español, se tomaron las manos y rezaron pidiendo por el diálogo y la paz. Presentes en el acto, los familiares de los profesores Francisco Villalobos y de Heriberto Magariño, dirigentes de la sección 22 detenidos por el gobierno, pidieron por su liberación.

El padre García Cruz no es el único cura que defiende los retenes populares en las vialidades. Mientras caminaba por la barricada de la comunidad de Santa María Huamelula, en la costa oaxaqueña, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, manifestó su total respaldo a los maestros. Existe ­–ex­plicó– mucha molestia por los bloqueos y cierres carreteros que encabezan los profesores, pero si no se hace así, este gobierno seguirá haciendo de las suyas. Finalmente urgió a las autoridades federales y estatales a privilegiar el diálogo y evitar la represión (http://goo.gl/IO7rpP).

                                         

La solidaridad de los religiosos hacia las protestas docentes es un indicador de hasta dónde la lucha magisterial en Oaxaca ha dejado de ser un movimiento exclusivamente gremial contra la reforma educativa y se ha transformado en una enorme movilización social. La gota que derramó el vaso fue la arbitraria detención de los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los ánimos del pueblo oaxaqueño están encendidos. Y como parte de su enojo, desde la noche del domingo 12 de junio han hecho los bloqueos carreteros y las barricadas que han brotado como hongos.

Esos bloqueos surgieron espontáneamente. No fueron un acuerdo de la asamblea estatal de la sección 22, máximo órgano de dirección del movimiento. Fueron convocados en puntos clave de la geografía regional por el tañido de las campanas de las iglesias y la estallido de los cohetes. Cercaron el estado y dificultaron enormemente el traslado y abastecimiento de las fuerzas policiales responsables de la represión.

                                       

Los funcionarios oaxaqueños fueron, durante casi una semana, una especie de fantasmas que hacían declaraciones desde lugares desconocidos y los difundían mediante las redes sociales. Su presencia fue virtual. Nadie los vio en las calles. La administración pública se paralizó. Simultáneamente, desobedeciendo al gobernador, centenares de municipios y autoridades ejidales y comunales expresaron públicamente su apoyo a los profesores y exigieron al gobierno federal sentarse a dialogar.

Pero en lugar de atender los llamados al diálogo hechos por los sacerdotes católicos y autoridades municipales, el gobierno federal intensificó la represión. En los hechos, impuso un estado de sitio. El sábado 18 de junio policías se concentraron para tratar de desalojar los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. No tuvieron mucho éxito. En ciudades como Salina Cruz se dio una verdadera batalla campal de más de cuatro horas de duración. Tan pronto como las policías lograban desbaratar una barricada los pobladores volvían a instalarla.

                              

Un día después, la violencia gubernamental aumentó. A las 8.30 de la mañana del domingo, día de plaza, la Policía Federal lanzó una salvaje ofensiva en Nochixtlán. Allí estaban concentrados más de 2 mil pobladores mixtecos de San Andrés Sinaxtla, Yanhuitlán, Suchixtlahuaca y Tilantongo, que habían bajado a comprar y vender. Cuando las fuerzas federales atacaron a los maestros y a los padres, la multitud cercó a los policías. Éstos respondieron lanzando más gases y disparando armas de alto poder contra hombres, mujeres y niños, ancianos y jóvenes. La orden que recibieron –según cuentan Genaro Bautista y Franco Gabriel– fue: tiren a matar. La cumplieron cabalmente. Fueron asesinados ocho maestros, estudiantes y campesinos indígenas. Heridos más de 50.

Dar la instrucción de desalojar violentamente un acto de protesta en un mercado indígena es una absoluta irresponsabilidad. Los pequeños comerciantes y marchantes respondieron solidarizándose con los agredidos. Los mixtecos son un pueblo guerrero. Lo han sido por siglos. Agredirlos y suponer que no van a responder es un acto de ingenuidad. En Nochixtlán la Policía Federal actuó con ignorancia y torpeza. Su respuesta a la ira popular fue criminal.

                                            

Otros desalojos igual de violentos se produjeron en Hacienda Blanca y en Viguera. Al igual que en Nochixtlán, el helicóptero lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y la policía disparó y atacó al personal médico que atendía heridos. En Hacienda Blanca, grupos de francotiradores agredieron a los pobladores. Un menor fue asesinado.

No hace falta ser adivino para vislumbrar que la política de Aurelio Nuño hacia los maestros oaxaqueños iba a precipitar una crisis como la que se vive. Basta conocer mínimamente la historia del movimiento magisterial en la entidad para saber que algo así iba a suceder. La arrogancia, ineptitud política y compromisos que el secretario de Educación tiene con las cúpulas empresariales transformaron un asunto meramente pedagógico en un grave problema político nacional.

La serpiente magisterial neolonesa

                                               

                                        

Miles de maestros de Nuevo León marcharon este 22 de junio en Monterrey. Las estimaciones más conservadoras dicen que fueron 6 mil. Las más optimistas aseguran que protestaron 12 mil. Hayan sido 6 mil o 12 mil, la magnitud de la movilización docente es inusitada para ese estado.

Participaron en la marcha profesores no sólo de la Sultana del Norte sino de municipios alejados de la capital. También padres de familia e integrantes de organizaciones sociales solidarias.

Poco antes de iniciar la protesta, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón le pidió a un grupo de mentores con el que se entrevistó ‘‘portarse bien’’ y no bloquear las calles. De paso les aseguró que él estaba inconforme con la reforma educativa.

La inmensa mayoría de los trabajadores de la educación, pertenecientes a las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no hizo caso a su solicitud. Tomaron la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Independencia, y, rompiendo el cerco de seguridad de los antimotines, a la altura de Constitución, se brincaron los muros de contención y ocuparon la vía.

                                               

Al frente de a marcha, una enorme “serpiente de dos cabezas”, habían dos mantas con las consignas “Rechazo total a la reforma educativa” y “Solución o paramos Nuevo León”. Los asistentes corearon consignas como “Bronco traidor, engañaste al profesor” y “Oaxaca, aguanta, Nuevo León se levanta”. Abundaron los insultos y las burlas hacia el secretario de Educación Aurelio Nuño.

Más allá del rechazo generalizado a la reforma educativa, la movilización fue detonada por la acumulación de varios problemas. Uno de los más importantes es el de los cambios de adscripción. Cada año, miles de profesores de todo el país buscan mover su lugar de trabajo a escuelas más cercanas a su residencia, a localidades con mayores comodidades o a sitios en los que viven el resto de sus familares.
                                               

                                           

Según el profesor José Cárdenas, este año en Nuevo León solicitaron cambios de centro de trabajo unos 7 mil maestros. Pero, en lugar de tramitar estas peticiones de la manera habitual, la secretaria de Educación de la entidad, Esthela Gutiérrez Garza, al margen de la participación de los profesores y de su sindicato, decidió realizar los cambios ella sola, inventando criterios a modo o copiándolos de la SEP.

Intepretando facciosamente el artículo 61 la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la secretaria decidió que tendrán prioridad para trasladarse a otras escuelas los 2 mil profesores que fueron evaluados en la entidad y resultaron destacados. Según ella, este mecanismo “atiende criterios nacionales de reconocer a los maestros que obtuvieron un alto porcentaje en su evaluación”.

En segundo nivel -señaló la doctora Gutiérrez- “están los maestros que tuvieron una evaluación de bueno, y a partir de ahí el resto”. Y añadió: “los cambios y la movilidad de personal es una función de quien contrata y de quien dispensa la nómina”.

Esta lectura de la ley es absolutamente alevosa y sesgada. ¡Ni siquiera el 10 por ciento del magisterio se sometió a una evaluación!. Designar unilateralmente a quienes pueden ejercer este derecho es una arbitrariedad. No en balde la directriz levantó una profunda ola de indignación entre los docentes.

El artículo 61 establece que “Para el desarrollo profesional de los docentes, las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados establecerán periodos mínimos de permanencia en las escuelas y de procesos ordenados para la autorización de cualquier cambio de Escuela. Asimismo, podrán suscribir convenios para atender solicitudes de cambios de adscripción del personal en distintas entidades federativa”. En lugar establece que tendrán prioridad quienes se hayan evaluado.

Botón de muestra de cómo la reforma educativa le permite al Estado la recuperación de la rectoría del sector, la flamante secretaria, doctora en Economía Política, ha sido acusada de ejercicio indebido de funciones, cobrar doble sueldo (como investigadora universitaria y como funcionaria pública), hacer de su chofer el operador mejor pagado del gobierno estatal, tener en nómina directivos que dobletean salarios y por encubrir nepotismo.
                                                             

                                                                                                                                           

El malestar magisterial en Nuevo León abreva también de otras fuentes. Enumero sólo tres. Primero, el raquítico aumento salarial de 3.15 por ciento, que el SNTE aceptó el pasado 14 de mayo, impacta solamente el sueldo tabular de los profesores y deja fuera las prestaciones. Segundo, importantes estímulos que disfrutan los profesores que fueron parte de Carrera Magisterial están congelados.Y, tercero, el gobierno del estado tiene grandes adeudos con los docentes pertenecientes a la categoría BC de Carrera Magisterial.

En la protesta han desempeñado un importante papel directores e inspectores escolares, muchos de ellos con 30 y 40 años de servicio. Demandan que el sector que trabaja en primarias perciba el mismo salario que el que lo hace en secundarias.

Ante la inminencia de una nueva etapa de evaluación, directores e inspectores critican que los criterios para realizarla no estén claros, sus objetivos sean imprecisos y no exista personal calificado para aplicarla. Rechazan, además, el trato antipedagógico que la SEP ha dado a los maestros en este proceso.

En Nuevo León existen 35 casos de maestros despedidos por no presentar la evaluación, que impugnaron ante tribunales sus ceses. Dos de ellos ya ganaron la disputa legal. El enojo contra la evaluación punitiva crece cada día más.          
                                           

                                                                                   

Los dirigentes sindicales de las secciones 21 y 50 han tenido una actitud servil hacia la autoridad, en absoluta sincronía con la de su líder Juan Díaz de la Torre. Empapados hasta la médula de corrupción, han sido desbordados por los maestros de base. Simple y llanamente no confían en ellos.

La impresionante serpiente de dos cabezas de los profesores neoloneses es muy importante porque anuncia el despertar de un importante sector de maestros norteños, que hasta ahora habían expresado su malestar hacia la reforma educativa de manera soterrada y ahora lo hacen tomando las calles y las plazas públicas. Muestra, de paso, la creciente pérdida de control sindical de Juan Díaz de la Torre.

Kendy Moreno y la pedagogía del garrote

                                     

                                           Foto: El Demócrata Coahuila

Kendy Moreno Mercado es maestra rural en La Laguna. Tiene ocho años de servicio docente. Labora en la primaria Pablo L. Sidar, en el ejido Santa Fe, en la que no sirven los bebederos, los utensilios eléctricos dejan de funcionar al prender los aparatos de aire y no hay canchas deportivas.

Además de maestra, Kendy es abogada y una mujer muy valiente. El pasado 10 de junio encaró al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en una reunión que el funcionario tuvo con docentes destacados en San Buenaventura, Coahuila, feudo sindical de Carlos Moreira –hermano del gobernador–, para venderles las bondades de la reforma educativa.

De frente, la profesora Moreno dijo al secretario: De verdad siento empatía con mis compañeros del sur y lamento que el diálogo con ellos esté condicionado; son tan dignos ellos como nosotros; trabajamos en medios distintos; nuestras escuelas del norte muchas no están en tan pésimas condiciones como en el sur; sería muy enriquecedor para ustedes y para nosotros como maestros que tuvieran un diálogo con ellos.

                                      

Nervioso, el funcionario le respondió con el mismo mantra que entona diariamente desde hace casi un mes: Para poder dialogar, los niños deben regresar a las aulas, además de que los maestros tienen que cumplir con la Constitución.

En lugar de arredrarse, la maestra rural le reviró a Nuño Mayer: El derecho de protesta y la no retroactividad están de igual manera en la Carta Magna y se están violando.

Nada está por encima del interés superior de los niños a la educación, le contestó el secretario, al tiempo que insistía en señalar el daño que los docentes de la coordinadora provocaban.

También yo dejé a mis alumnos hoy por estar en este diálogo; hoy se quedaron mis niños sin educación, remató la profe Kendy, evidenciando la doble moral del secretario, que admite que se suspendan clases para realizar reuniones de promoción y lucimiento personal (https://goo.gl/xOLHzR).

                                                  

El ejemplo de la maestra Kendy Moreno Mercado es un botón de muestra del fracaso de la política autoritaria de Aurelio Nuño hacia el magisterio. La actitud de la docente lagunera, su articulada argumentación, expresa el sentir de muchos mentores en todo el país. La reforma educativa con sangre no entra en el imaginario de los profesores. Y su rechazo se expresa de múltiples maneras: desde el paro hasta la desobediencia.

Pero, en lugar de atender ese rechazo, de escuchar el profundo malestar que la reforma educativa ha generado y la indignación que la cerrazón gubernamental al diálogo ha producido, el secretario Nuño ha decidido aplicar la pedagogía del garrote. Así lo acaba de hacer en Oaxaca.

                                                  

Dos fechas, 10 años de distancia, una misma resistencia. El 14 de junio de 2006, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ordenó el desalojo violento de un plantón magisterial en la capital del estado. El 11 de junio de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo a dos dirigentes de la sección 22 y reprimió salvajemente la acampada de profesores y padres de familia frente a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo).

De la represión de 2006 nació la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Comuna de Oaxaca. Ante la actual ofensiva gubernamental contra el magisterio en la entidad, los maestros y los pueblos están articulando una vigorosa e inédita resistencia. Lejos de amedrentar a los docentes y sus aliados, la detención de sus dirigentes y la violencia policiaca han propiciado el renacimiento de las barricadas y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado.

                                   

Oaxaca no es el único lugar donde la represión gubernamental ha pegado duro. Como si quisieran conmemorar a su manera el Jueves de Corpus, el pasado 10 de junio policías antimotines golpearon despiadadamente a padres de familia de la comunidad chontal Tamulté de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco, que bloqueaban la carretera Villahermosa-Frontera. Demandaban abrir una mesa de negociación sobre la reforma educativa con el gobierno federal.

Lejos de apagar la protesta en Tabasco, la represión la extendió a ocho comunidades aledañas. Falsamente se dijo que 10 periodistas habían sido secuestrados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Según el profesor Julio Francisco Mendoza González, de la dirección política estatal y nacional de la coordinadora, los representantes de la prensa salieron corriendo cuando la multitud indignada les dijo que los iba a amarrar. Nunca se les retuvo, ni se les ató ni se les secuestró.

                                       

En Chiapas, junto a los maestros, marchan el Pueblo creyente, Los Parachicos (danzantes tradicionales en la fiesta grande de Chiapa de Corzo), marimbas, empresarios, miles de padres de familia y hasta policías municipales. La sociedad chiapaneca está sacudida hasta sus cimientos.

Tan es así, que apenas el pasado 12 de junio, el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, dio a conocer el documento Maestros, adelante con verdad y justicia. Allí reconoce a los docentes que es su derecho y su deber marchar por la defensa de lo que en justicia les corresponde, asienta que la reforma educativa no es integral, sino sólo administrativa y laboral y apoya la lucha contra ella (http://goo.gl/mvM540).

                                               

Para imponer a sangre y fuego la reforma educativa (e impedir las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), el gobierno ha asesinado a tres maestros (Claudio Castillo, Antonio Vivar Díaz y David Gemayel Ruiz), encarcelado en penales de alta seguridad a ocho dirigentes de Oaxaca, girado decenas de ordenes de aprehensión en varias entidades del país, cesado a más de 4 mil, golpeado salvajemente a cientos, impedido el libre tránsito, y puesto en la calle a miles de policías. Y a pesar de su pegagogía del garrote, no ha podido frenar las protestas masivas ni callarle la boca a maestras como Kendy Moreno.

Varapalo al PRI

                                      

Tremendo varapalo recibió el PRI en los comicios de este 5 de junio. Apenas consiguió cinco gubernaturas de las nueve que su dirigente nacional anunció que obtendrían. En la elección para la constituyente de la Ciudad de México sólo alcanzó 149 mil votos, cuatro veces menos que Morena.

¿Cómo explicar esta paliza? Por la suma de varios factores combinados, unos nacionales y otros regionales. Aventuro algunas hipótesis. La estrategia tricolor de sustituir la realidad con relatos en los medios sobre el triunfo seguro de sus candidatos fracasó. La difusión de encuestas modo y de artículos y columnas basados en esos sondeos anticipando la inminente e inevitable victoria del partido no logró la adhesión del voto de los indecisos. Por el contrario, en muchos casos causó su animadversión.

Curiosa ironía de una de las contiendas electorales más cochinas de la historia: aunque las campañas de lodo no fueron un recurso exclusivo, no parecen haber tenido mucho éxito para dañar a algunos aspirantes. La filtración de conversaciones privadas de los candidatos, la divulgación de sus millonarias propiedades y cuentas bancarias de procedencia incierta, y la propalación de calumnias no mermaron la votación en favor de quienes resultaron ganadores. O, cuando menos, no en un porcentaje suficiente como para impedir su triunfo.

                                        

La derrota del PRI está estrechamente ligada a la estrepitosa caída en la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto en la opinión pública. Diversos sondeos muestran que apenas y supera 30 por ciento. Otros, no difundidos en la prensa, son mucho menos optimistas: a duras penas araña 20 por ciento. En algunos estados donde se realizaron comicios la cifra de quienes objetan al jefe del Ejecutivo es mucho mayor. En cambio, su porcentaje de reprobación en casi todo el país es cada vez mayor. Costos del presidencialismo, en esta ocasión, a diferencia de 2015, el partido de Los Pinos acabó pagando en esta ocasión el descrédito del mandatario.

También tuvo un enorme costo para el tricolor las nefastas gestione de gobernadores como Javier Duarte (Veracruz) o César Duarte (Chihuahua). Sus malas reputaciones rebasaron sus estados y se convirtieron en escándalos nacionales. La decisión presidencial de sostenerlos en su puesto a como diera lugar, no obstante el alud de evidencias de malos manejos y el enorme malestar social en su contra, le resultó carísima al partidazo.

                                  

Hoy están lejos los tiempos en que el PRI era capaz de hacer triunfar a una vaca. Su maquinaria electoral no le alcanza ni siempre ni en todos lados para eso. A pesar de las contundentes evidencias de que era un pésimo candidato, en Tamaulipas, se impuso desde Los Pinos a Baltazar Hinojosa, cercano al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El PAN le puso una tunda de antología.

En cambio en Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge le cerró la puerta a Carlos Joaquín González, y trató de imponer infructuosamente como aspirante a un hombre de sus confianzas. El desenlace de este pleito tuvo un resultado previsible: nombrado candidato por la coalición PAN-PRD, Carlos Joaquín sacó 10 puntos de ventaja al aspirante del PRI.

La debacle electoral del tricolor es también resultado de factores de otra índole. Por ejemplo, del impacto negativo de la reforma educativa entre los trabajadores de la educación. En mi artículo del 3 mayo titulado Magisterio y elecciones (http://goo.gl/ni0bth) documenté (con muchas evidencias empíricas) la escandalosa pérdida de apoyo electoral sufrida por el tricolor y la dirigencia del SNTE entre importantes sectores del magisterio, tradicionalmente priístas o miembros de Nueva Alianza.

                                                 

Los maestros –señalé allí– están hartos de una reforma educativa que los ha sumido en la inseguridad laboral y del trato humillante de Aurelio Nuño. Están indignados (muchos líderes institucionales seccionales incluidos) con la actitud entreguista de Juan Díaz de la Torre, que cada día controla menos la estructura sindical. Y con un Panal que no los representa.

Ese nuevo comportamiento electoral del magisterio fue clave para el triunfo del panista Martín Orozco en Aguascalientes, al punto que el futuro gobernador le ofreció a los profesores considerar a un docente para dirigir el Instituto de Educación de la entidad. También para que en Oaxaca, la decisión de la sección 22 de orientar su voto contra los partidos del Pacto por México y en favor de Mo­rena, le permitiera a un pésimo candidato como Salomón Jara obtener 23 por ciento de los votos (cifra que ni la más audaz de las encuestas en su favor le daba).

Sin ambigüedad, muchos maestros institucionales rompieron con el tricolor y apoyaron principalmente a Acción Nacional, y, en menor medida a Morena. El resultado de esta fractura, de la que Aurelio Nuño puede sentirse orgulloso, está hoy a la vista de todos.

También importante en el desenlace de este proceso fue el papel de la jerarquía católica. Cada vez más distanciados de Los Pinos, los obispos recibieron como una afrenta la iniciativa presidencial para que los matrimonios del mismo sexo sean legales. A su manera, con la discreción que da el ejercicio de un poder como el suyo, le pasaron la factura de su enojo al PRI.

                                         

A buen entendedor, pocas palabras. En la posición de la Comisión Episcopal sobre los comicios, se cita una casta pastoral de 2000, en que se establece que colaborar directa o indirectamente con el fraude electoral es un pecado grave que vulnera los derechos humanos y ofende a Dios.

El saldo final de las jornadas electorales del 5 de junio muestra que el voto anti-PRI existe. Y es tan grande y beligerante que permitió que, a pesar de su fragmentación en un arcoiris de fuerzas opositoras y candidatos independientes, el tricolor sufriera tremendo varapalo. Muchas de las victorias del PAN en estos comicios fueron resultado de su capacidad para captar ese voto anti-PRI.

                                        

Pd. Entre las sensibles defunciones de estos comicios se encuentran también Miguel Ángel Mancera (que ha unido su suerte a la del tricolor), ese fantasma chocarrero conocido como PRD y las empresas encuestadoras. Analizar su derrota es materia para otro artículo.

Armando Castellanos y las mentiras sobre los rapados

                                     

                                                       

El profesor Armando Castellanos Aguilar tiene 67 años de edad y 50 de servicio activo ininterrumpido. Desde 1992 es supervisor de la zona 06 en Comitán, Chiapas. Está a cargo de 12 escuelas: 8 oficiales y 4 particulares. El pasado 31 de mayo su vida dio un vuelco: un grupo de vendedores ambulantes lo insultó, vejó y rapó.

Como hace cada día hábil, el maestro Castellanos llegó ese 31 de mayo a la terminal de la Organización de Transportistas Emiliano Zapata en Comitán, procedente de San Cristóbal de las Casas. Se iba a entrevistar allí con cuatros directores de escuelas, para garantizar que los apoyos económicos que se entregan a los niños de esos centros escolares llegaran. Sus oficinas estaban cerradas con cadena y candados.

Estaba en la calle cuando una turbamulta de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ), grupo de choque al servicio del alcalde del PRI Mario Guillen, lo retuvo a él y a los docentes con los que se encontraba: Luis Chang, auxiliar de la supervisión; María Dolores Ruiz Guillén, directora de la Escuela Fray Matías de Córdova; Socorro Sosa López directora de la escuela Benito Juárez; Miguel Solís Morales, director de la Escuela Belisario Domínguez y Carlos Ruiz Sosa, director de la escuela Ángel Albino Corzo. 

                                   

                                   

Al grito de “amárrenlos”, se les obligó a caminar descalzos durante dos y medio kilómetros. Al llegar a la central de abasto fueron sentados en la banqueta y trasquilados, en medio de los peores insultos. Los policías que estaban en los alrededores no hicieron nada para evitar la agresión. Según el presidente municipal, los uniformados no actuaron “porque hay Mando Único y no llegó la orden del gobierno estatal, para intervenir”.

                                 

 

Aunque inicialmente la prensa local reportó que el ataque fue obra de organizaciones sociales (la OPIEZ), sin relación alguna con los profesores en paro, la Secretaría de Educación de Chiapas, Sonia Rincón, acérrima enemiga del movimiento magisterial democrático, acusó falsamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ser los responsable de los actos. Nunca dio una sola prueba.

El profesor Armando Castellanos declaró desde el primer momento que sus agresores no eran ni maestros ni de la Coordinadora. Así lo documentó ese mismo día el corresponsal de La Jornada, Elio Enriquez (http://goo.gl/LbqydQ). Por su antigüedad y la naturaleza de su trabajo, el supervisor conoce prácticamente a la totalidad de los docentes de Comitán.

                                     

                                          

A pesar de ello, el secretario de Educación Aurelio Nuño responsabilizó de la afrenta a la CNTE, y, aunque luego reculó parcialmente (sin ofrecer una disculpa por la calumnia), su subsecretario Otto Granados mantuvo falsamente la acusación (http://goo.gl/qAp55u).

A pesar de que, en un primer momento se dijo que las víctimas habían sido auxiliadas por la secretaría de Educación Pública (SEP), el maestro Castellanos lo desmintió públicamente. En entrevista con Ciro Gómez Leyva puntualizó: “dijeron que la SEP nos estaba apoyando. Eso es mentira. Nadie nos llamó”. Días después, ninguno de esos seis docentes rapados aceptó reunirse con el gobernador de Chiapas Manuel Velasco. En cambio, al encuentro con el mandatario asistió solamente un profesor del Colegio de Bachilleres (una institución educativa que cuenta con su propio sindicato y que no participa en la CNTE), que no estaba en la lista inicial de agredidos

                                            

Pero, los profesores rapados en Comitán no sólo no han tenido el auxilio de la SEP, sino que han sido presionados por ella. La profesora María Dolores Guillén Ruíz, directora de la Escuela Fray Matías de Córdova, denunció que la secretaría los quiere forzar a que den informes de lo que ocurre en el paro magisterial, con la amenaza de quitarles la plaza laboral.

Como la mayoría de los maestros humillados, Guillén Ruíz se opone a la reforma educativa. Entrevistada por el portal Chiapas Paralelo, afirmó: “vamos a seguir luchando para que las reformas no se llevan se cabo (…) con la reforma educativa a los maestros nos quitarán los derechos de jubilación ¿Por qué no se evalúan ellos (los del gobierno)? ¿Por qué no se evalúa a tanto diputado? (…) Repudio al gobierno por esta actitud tan militarizada que tiene contra la gente que educa a los niños, contra la gente que se prepara día a día para dar una mejor educación, para dar una calidad educativa, para defender a los padres de familia que no paguen aportación , que no compren libros”.

Indignado por la manipulación que el gobierno y medios de comunicación han hecho de su desgracia, el maestro Armando Castellanos le señaló al noticiero Sin Censura que hay una desinformación total sobre su caso y sobre el paro magisterial. “Si usted ha visto esos noticieros de la televisión mexicana -dijo-, minimizan el número de gente que hay en el movimiento magisterial. Este movimiento ha crecido día con día, porque hay apoyo de padres de familia, hay apoyo de otros organismos que están viendo la injusticia. El movimiento va viento en popa” (https://goo.gl/95HAnv).

                                    

El montaje gubernamental para utilizar en contra de la insurgencia magisterial la agresión que sufrieron seis docentes en Comitán, Chiapas, se cae por su propio peso. No sólo porque ese mismo día la CNTE se deslindó pública y enfáticamente de los hechos y señaló a los responsables, sino por una razón más que evidente: ¿por qué la disidencia iba a agredir a un grupo de directivos escolares que apoyan el paro y se oponen a la reforma educativa?

La intolerancia y manipulación informativa gubernamental, lejos de debilitar al movimiento, lo está exacerbarlo aún más. Lo dice con su lenguaje de supervisor escolar y 50 años de servicios ininterrumpidos don Armando Castellanos: “Esta situación puede llegar a extremos impensables. Porque a los maestros se les ha tratado no como maestros sino como delincuentes. Les ha metido a la Policía Federal, a la Policía municipal. Se cierran al diálogo. A través de esta reforma quieren correr a los maestros, quieren cesarlos”.” ¿Así o más claro?

Twitter: @lhan55