Kendy Moreno Mercado es
maestra rural en La Laguna. Tiene ocho años de servicio docente.
Labora en la primaria Pablo L. Sidar, en el ejido Santa Fe, en la que
no sirven los bebederos, los utensilios eléctricos dejan de
funcionar al prender los aparatos de aire y no hay canchas
deportivas.
Además de maestra,
Kendy es abogada y una mujer muy valiente. El pasado 10 de junio
encaró al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en una reunión
que el funcionario tuvo con docentes destacados en San Buenaventura,
Coahuila, feudo sindical de Carlos Moreira –hermano del
gobernador–, para venderles las bondades de la reforma educativa.
De frente, la profesora
Moreno dijo al secretario: De verdad siento
empatía con mis compañeros del sur y lamento que el diálogo con
ellos esté condicionado; son tan dignos ellos como nosotros;
trabajamos en medios distintos; nuestras escuelas del norte muchas no
están en tan pésimas condiciones como en el sur; sería muy
enriquecedor para ustedes y para nosotros como maestros que tuvieran
un diálogo con ellos.
Nervioso, el funcionario
le respondió con el mismo mantra que entona diariamente desde hace
casi un mes: Para poder dialogar, los niños
deben regresar a las aulas, además de que los maestros tienen que
cumplir con la Constitución.
En lugar de arredrarse,
la maestra rural le reviró a Nuño Mayer: El
derecho de protesta y la no retroactividad están de igual manera en
la Carta Magna y se están violando.
Nada está por encima
del interés superior de los niños a la educación, le contestó el
secretario, al tiempo que insistía en señalar el daño que los
docentes de la coordinadora provocaban.
También yo dejé a mis
alumnos hoy por estar en este diálogo; hoy se quedaron mis niños
sin educación, remató la profe
Kendy, evidenciando la doble moral del
secretario, que admite que se suspendan clases para realizar
reuniones de promoción y lucimiento personal
(https://goo.gl/xOLHzR).
El ejemplo de la maestra
Kendy Moreno Mercado es un botón de muestra del fracaso de la
política autoritaria de Aurelio Nuño hacia el magisterio. La
actitud de la docente lagunera, su articulada argumentación, expresa
el sentir de muchos mentores en todo el país. La reforma educativa
con sangre no entra en el imaginario de los profesores. Y su rechazo
se expresa de múltiples maneras: desde el paro hasta la
desobediencia.
Pero, en lugar de
atender ese rechazo, de escuchar el profundo malestar que la reforma
educativa ha generado y la indignación que la cerrazón
gubernamental al diálogo ha producido, el secretario Nuño ha
decidido aplicar la pedagogía del garrote. Así lo acaba de hacer en
Oaxaca.
Dos fechas, 10 años de
distancia, una misma resistencia. El 14 de junio de 2006, el
gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ordenó el desalojo violento de un
plantón magisterial en la capital del estado. El 11 de junio de
2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo a dos dirigentes de
la sección 22 y reprimió salvajemente la acampada de profesores y
padres de familia frente a las oficinas del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (Ieepo).
De la represión de 2006
nació la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la
Comuna de Oaxaca. Ante la actual ofensiva gubernamental contra el
magisterio en la entidad, los maestros y los pueblos están
articulando una vigorosa e inédita resistencia. Lejos de amedrentar
a los docentes y sus aliados, la detención de sus dirigentes y la
violencia policiaca han propiciado el renacimiento de las barricadas
y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado.
Oaxaca no es el único
lugar donde la represión gubernamental ha pegado duro. Como si
quisieran conmemorar a su manera el Jueves de Corpus, el pasado 10 de
junio policías antimotines golpearon despiadadamente a padres de
familia de la comunidad chontal Tamulté de las Sabanas, municipio de
Centro, Tabasco, que bloqueaban la carretera Villahermosa-Frontera.
Demandaban abrir una mesa de negociación sobre la reforma educativa
con el gobierno federal.
Lejos de apagar la
protesta en Tabasco, la represión la extendió a ocho comunidades
aledañas. Falsamente se dijo que 10 periodistas habían sido
secuestrados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE). Según el profesor Julio Francisco Mendoza
González, de la dirección política estatal y nacional de la
coordinadora, los representantes de la prensa salieron corriendo
cuando la multitud indignada les dijo que los iba a amarrar. Nunca se
les retuvo, ni se les ató ni se les secuestró.
En Chiapas, junto a los
maestros, marchan el Pueblo creyente, Los Parachicos (danzantes
tradicionales en la fiesta grande de Chiapa de Corzo), marimbas,
empresarios, miles de padres de familia y hasta policías
municipales. La sociedad chiapaneca está sacudida hasta sus
cimientos.
Tan es así, que apenas
el pasado 12 de junio, el obispo de San Cristóbal de Las Casas,
Felipe Arizmendi, dio a conocer el documento Maestros,
adelante con verdad y justicia. Allí reconoce a
los docentes que es su derecho y su deber marchar
por la defensa de lo que en justicia les corresponde,
asienta que la reforma educativa no es integral,
sino sólo administrativa y laboral y apoya la
lucha contra ella (http://goo.gl/mvM540).
Para imponer a sangre y
fuego la reforma educativa (e impedir las protestas por los 43
desaparecidos de Ayotzinapa), el gobierno ha asesinado a tres
maestros (Claudio Castillo, Antonio Vivar Díaz y David Gemayel
Ruiz), encarcelado en penales de alta seguridad a ocho dirigentes de
Oaxaca, girado decenas de ordenes de aprehensión en varias entidades
del país, cesado a más de 4 mil, golpeado salvajemente a cientos,
impedido el libre tránsito, y puesto en la calle a miles de
policías. Y a pesar de su pegagogía del garrote, no ha podido
frenar las protestas masivas ni callarle la boca a maestras como
Kendy Moreno.
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