El cuento de hadas sobre la disidencia magisterial

Para explicar el origen del conflicto magisterial en curso, la fuerza de la disidencia de los docentes democráticos en el país y los problemas educativos en curso, el poder inventó un cuento de hadas. Según su relato, todo comenzó en Oaxaca en 1992, cuando el gobernador Heladio Ramírez López entregó a los maestros el control de la educación en la entidad.

De acuerdo con la fantasía oficial, una Minuta de 16 puntos, firmada por el mandatario oaxaqueño (en papel de Caperucita Roja) y el profesor Erangelio Mendoza (en función de Lobo Feroz), en nombre de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), proporcionó a los maestros sindicalizados el control absoluto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y recursos ilimitados.

Este control –continúa el cuento gubernamental– es la base de poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no sólo en Oaxaca sino en el resto del país. Según esta ficción, basta con derogar la Minuta de 1992 para acabar de una vez por todas con la fuerza del malvado lobo feroz y permitir al pobre Estado-caperucita roja librarse del villano y recuperar la rectoría de la educación.

Han pasado ya más de cinco meses desde que el gobierno abrogó unilateralmente la famosa Minuta y militarizó el IEEPO. No conforme con eso, metió a la cárcel a cuatro maestros y levantó denuncias penales contra muchos más; amenazó con despidos; trasladó a efectivos militares y de la Policía Federal por todo el país, y congeló ilegalmente cuentas bancarias de dirigentes, mientras en Chiapas era asesinado el profesor David Gemayel Ruiz. Pero, a pesar de ello, la quimera oficial se ha estrellado con la realidad: lejos de disminuir, la fuerza de la CNTE creció.

Y es que el cuento de hadas... es un cuento de hadas. La sección 22 nunca nombró ni a los directores ni a los principales directivos del IEEPO. Todos y cada uno fueron designados por el gobernador en turno. Tampoco controló sus recursos. Su incidencia en la institución fue mucho más limitada que lo que las mentiras oficiales han difundido. La fuerza de los maestros oaxaqueños nunca ha dependido del supuesto control que ejercen en la dependencia. De hecho, la famosa Minuta se firmó 12 años después de surgido del movimiento. Entre 1980 y 1992 los profesores democráticos fueron insistentemente acosados por el SNTE y las autoridades educativas, y a pesar de ello mostraron músculo y capacidad de convocatoria en numerosas ocasiones.

El cuento de hadas gubernamental al uso responsabilizó de la firma de la Minuta a Heladio Ramírez. Pero resulta que en aquel entonces era secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, y titular de Educación Pública Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Algún analista o político en su sano juicio cree que el gobernador de Oaxaca pactó el acuerdo con el magisterio oaxaqueño sin la aprobación de estos dos funcionarios? ¿Algún iluso puede afirmar que esos políticos eran blandos a la hora de negociar con la disidencia magisterial?

Como sucede ahora, la ilusión de acabar con la CNTE siempre ha estado presente en las élites gubernamentales. Pero nunca han podido desaparecerla. De distintas maneras y por diferentes vías, la Coordinadora ha terminado negociando con los gobiernos en turno a lo largo de sus 36 años de vida. La lista de los funcionarios con que ha tratado es enorme. Entre muchos otros, además de don Fernando y del ex presidente Zedillo, están Jesús Reyes Heroles, Patrocino González Garrido, Manuel Bartlett, Fernando Solana, Manuel Camacho, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo, Carlos Abascal y muchos otros. Si varios de estos políticos tuvieron que tratar con la Coordinadora no fue porque quisieran; la realidad los obligó a hacerlo.

En su momento, a su manera, muchos de ellos inventaron también su cuento de hadas acerca de la naturaleza de la insurgencia magisterial y sobre cómo era posible derrotarla. Por ejemplo, en 1983, mientras los charros del SNTE gritaban a los maestros democráticos ¡Hijos de Reyes Heroles!, el entonces secretario de Educación desautorizaba a la Normal Superior de México impartir cursos foráneos, descentralizaba las especialidades hacia cuatro centros fuera del DF y destituía al cuerpo directivo de la institución. Se decía entonces que, como la Normal Superior era la base de operaciones de la CNTE, al estrangularla se iba a asfixiar a la disidencia. Pero eso no pasó. La Coordinadora asimiló el golpe y siguió adelante.

También la actual administración ha negociado con la CNTE. En su comparecencia en la cámara, el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda informó que el gobierno federal había firmado con la disidencia 19 minutas; la última el pasado 4 de junio. Se guardó de decir que el gobierno ha incumplido muchos de esos compromisos.

Ahora, a pesar de ello, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se niega a negociar con la CNTE. No sólo eso. Busca, a como dé lugar, la rendición de los maestros insumisos; para aplastarlos ha echado a caminar en su contra una brutal ofensiva policiaca. Y, aunque ha sido arropado por el aplauso fácil de las cámaras patronales, su esfuerzo ha sido absolutamente fallido. La fuerza de la CNTE no ha hecho más que aumentar en casi todo el país, de la mano de la inconformidad magisterial, presente en más de 28 entidades federativas.

 

Es hora de abandonar los cuentos de hadas. Para resolver el conflicto magisterial el gobierno federal no tiene más salida racional que sentarse a negociar. No se trata de partir de cero. El acuerdo del 4 de junio contiene los elementos centrales para salir del embrollo.

La CNTE en sus primeros 36 años de vida

Este 17 y 18 de diciembre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió 36 años de vida. Fue fundada no en la ciudad de México, sino en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No nació como organización de activistas o de corrientes sindicales, sino como verdadera coordinación emergente de maestros de base en lucha de varios estados.

Los contingentes que le dieron vida provenían de Chiapas, Tabasco, La Laguna y Guerrero. Más adelante se agregaron masivamente trabajadores de la educación de Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Michoacán.

A lo largo de estos 36 años, la CNTE ha tratado o visto pasar a siete presidentes de la República, 16 secretarios de Gobernación y 11 secretarios de Educación Pública, además de innumerables gobernadores. Algunos intentaron acabar con la coordinadora, otros quisieron ningunearla pero, al final de cuentas, casi todos tuvieron que sentarse a negociar con ella.

Desde su fundación, la coordinadora buscó democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin dar cuartel, se ha enfrentado con dos caciques: el profesor y licenciado Carlos Jonguitud Barrios, que estuvo al frente del organismo 15 años) y la maestra Elba Esther Gordillo, quien lo controló durante casi 24. Ambos pretendieron aniquilar a la disidencia magisterial por todos los medios posibles, incluyendo la violencia física. Les llamaban enanos celosos de la estatura de Jonguitud y lindezas por el estilo. Fracasaron.

Una parte muy importante de los líderes que dieron nacimiento a la CNTE tenían en 1979 menos de 30 años. La mayoría eran normalistas (muchos rurales), habían estudiado en los cursos de verano de la Normal Superior, y no pocos tenían licenciaturas universitarias. Varios habían desarrollado previamente militancia política de izquierda.

La CNTE nació y echó raíces en estados con importante población rural, y, en muchos casos, indígena. Los maestros que le dieron vida desarrollaron su práctica docente en regiones asoladas por la pobreza, la marginación y la discriminación étnica. Buen número de ellos provenía de esa realidad. Con mucha frecuencia se convirtieron en los intelectuales orgánicos de las comunidades.

Se entabló así una abigarrada y estrecha relación entre trabajadores de la educación, padres de familia humildes y regiones enteras del país, que, con altas y bajas, se ha mantenido hasta nuestros días. En varias entidades esos maestros han encabezado la lucha por proporcionar a los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos desayunos calientes, uniformes y útiles escolares, al tiempo que gestionan la mejoría y el equipamiento de sus escuelas.

La coordinadora acordó tres grandes ejes de acción que guían su lucha: democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país.

Desde su nacimiento, los integrantes de la CNTE han tomado las decisiones fundamentales de su movimiento y nombrado a sus representantes en asambleas representativas y de base. Su funcionamiento se caracteriza por una amplia participación de los maestros de banquillo. Esa práctica, junto con la descentralización del movimiento, ha hecho muy difícil que sus dirigentes sean cooptados por la autoridad o por el SNTE.

Por supuesto, ha habido casos en los que sus líderes se han corrompido o pasado a las filas del charrismo. Así sucedió en 1989, cuando Elba Esther Gordillo fue impuesta por Carlos Salinas como dirigente nacional del SNTE, o cuando en 2006, el gobierno de Vicente Fox sobornó a Enrique Rueda, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, en plena sublevación popular. Lo relevante de estos ejemplos es que a pesar de las traiciones, el movimiento nombró nuevos dirigentes y siguió adelante.

Todos los dirigentes nacionales de la CNTE son simultáneamente representantes de sus estados. Cuando su mandato local termina, dejan de ser líderes nacionales. Existe una rotación muy intensa de sus mandos. Incluso sus voceros duran muy poco tiempo en el cargo. En la coordinadora no hay líderes morales, por más que se aprecie y reconozca el compromiso y la trayectoria de muchos de sus cuadros históricos.

Los militantes de la coordinadora no disfrutan de privilegio alguno. No reciben compensación económica por su trabajo sindical. Con frecuencia deben aportar sus propios recursos para actividades gremiales y políticas. Aunque hay excepciones, desempeñan el cargo por convicción. A pesar de la presencia social que muchos de ellos tienen, es poco frecuente (aunque no inexistente) que se conviertan en diputados o que ocupen cargos de representación popular. Quienes lo han hecho, llegan a esas posiciones sólo después de terminar su encomienda sindical.

Desde hace más de 30 años, la CNTE ha elaborado propuestas de educación alternativa desde la realidad socio-económica y cultural en que sus integrantes laboran (véase: http://goo.gl/tE3AQE). Muchos de sus integrantes son profesores altamente calificados, con estudios de posgrado.

Esta breve historia (que puede verse en detalle en http://goo.gl/1uauz9), muestra lo profundamente equivocada de la estrategia para imponer la reforma educativa del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Pareciera que el funcionario no tiene idea de la naturaleza del movimiento al que se está enfrentando, y que da por buena la caricatura que se ha hecho de ella en medios de comunicación. La coordinadora tiene historia, temple, tradición, arraigo en el magisterio, aliados entre los padres de familia, propuesta, cuadros y liderazgo.

Pese al encarcelamiento de algunos de sus integrantes, del uso de la fuerza pública en su contra y del asesinato de David Gemayel Ruiz, la fuerza de la coordinadora es hoy mucho mayor que hace tres años. La forma en que se trató de realizar la evaluación al desempeño docente provocó que sus simpatizantes aumentaran.

A 36 años de su nacimiento, con la amenaza de desprofesionalizar a los docentes y privatizar la educación pública, la insurgencia magisterial está más vigente que nunca.

Ayotzinapa otra vez

Otra vez, el fantasma de Ayotzinapa llegó a Washington. Otra vez, un grupo de ciudadanos se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgar al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.

Apenas la semana pasada, un grupo de padres de familia y sus abogados pidieron al organismo internacional que se responsabilice al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Esta petición se originó en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero. Ese día, policías federales, estatales y municipales se movilizaron para desalojar una manifestación pública y pacífica de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A mansalva, los uniformados asesinaron a dos estudiantes y detuvieron ilegalmente y torturaron a otro.

La denuncia ante la CIDH fue interpuesta por las familias de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos ejecutados, así como de la de Gerardo Torres Pérez, normalista ilegalmente detenido y torturado. Sus re­presentantes ante el organismo internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Groac) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Según los demandantes, estos hechos ejemplifican algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos en México: la represión de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza, el empleo de la tortura como medio de investigación y la falta de esclarecimiento y sanción de violaciones graves a los derechos humanos.

La historia tiene cuatro años. El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de Ayotzinapa se movilizaron a Chilpancingo para exigir una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y demandarle el cumplimiento de los compromisos pactados con él en un encuentro previo. El mandatario no sólo había eludido hacer realidad los acuerdos a los que había llegado, sino que en varias ocasiones los había dejado plantados. Así es que, ante la inminencia de las vacaciones decembrinas, los normalistas decidieron presionarlo movilizándose.

Ayotzinapa llevaba tres meses en paro y se temía que fuera cerrada. Los alumnos rechazaron el nombramiento de un director de la escuela impuesto desde la Secretaría de Educación del estado, que carecía del perfil que define la ley. Los maestros más corruptos y desobligados de la normal rural respondieron al veto estudiantil suspendiendo labores en apoyo al director repudiado, y exigieron que se le reconociera.

Dos meses antes de ese 12 de diciembre trágico, los estudiantes aceptaron –en contra de sus tradiciones– que el gobernador Aguirre fuera a la escuela. El deterioro del mobiliario escolar y de los dormitorios era tremendo, y la alimentación de los alumnos en el internado, pésima. En Ayotzinapa, el mandatario se tomó la foto y dio su palabra de honor de apoyar con todo a los jóvenes. Ofreció entregarles un autobús y un tractor, reparar el inmueble, proporcionar recursos para la producción agropecuaria y muchas cosas más.

Las semanas pasaron y Aguirre no sólo no honró su palabra, sino que se escondió. Sin clases y con la amenaza de que la escuela se cerrara, los muchachos decidieron presionar. Su demanda central era entrevistarse con el gobernador, convocar a los alumnos de nuevo ingreso, que se respetara la matrícula y que la selección de aspirantes considerara como criterios que fueran de origen indígena, campesino y de bajos recursos.

El 12 de diciembre de 2011, a bordo de varios autobuses, los normalistas se dirigieron a Chilpancingo. Al llegar a Parador de Marqués hicieron un mitin. Las distintas policías comenzaron entonces a disparar a mansalva con armas de alto poder. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús cayeron muertos. Varios más fueron heridos.

En el ataque, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinería ubicada en el lugar de la agresión policiaca, murió como resultado de las quemaduras que le produjo un incendio provocado en la estación de servicio. El trabajador pagó con su vida el tratar de apagar el fuego.

De inmediato, sin prueba alguna, se quiso responsabilizar de la trágica muerte de Rivas Cámara a los estudiantes de Ayotzinapa. En su libro Los 43 normalistas que conmocionaron a México, el doctor Arturo Miranda Ramírez narra cómo se dieron los hechos. Quienes incendiaron la bomba de gasolina –dice el catedrático de la UAG– fueron dos personas que no portaban el uniforme de la escuela, vestidos con camisas rojas, que salieron de entre los policías. Uno vació una garrafa de gasolina sobre una de las bombas y le prendió fuego. Ambos se dieron a la fuga no hacia donde estaban los alumnos, sino en dirección al río Huacapa, donde los policías les abrieron paso.

Según Miranda Ramírez, antes de llegar a vivir en Chilpancingo Rivas Cámara trabajó en actividades de inteligencia para la Marina en Veracruz, y en la capital de Guerrero combinaba sus labores en un periódico con su trabajo de responsable de vigilancia de la gasolinería, haciéndose cargo de las cámaras de video que allí había.

Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un documentado informe de lo sucedido (http://goo.gl/avqKcb), no hay un solo responsable de los asesinatos de los normalistas en la cárcel. Peor: algunos de los testigos claves del caso han sido asesinados. En diciembre de 2013 la institución lamentó que los familiares de las víctimas no han tenido un acceso efectivo a la justicia.

Esta ausencia de justicia abonó el terreno para que, el 26 de septiembre de 2014, seis personas (tres de ellas estudiantes) fueran ejecutadas extrajudicialmente y 43 normalistas de Ayotzinapa fueran desaparecidos en Iguala. La impunidad alimenta la violación a los derechos humanos. Por eso hoy hay una nueva solicitud de enjuiciar al Estado mexicano en Washington.

Las FARC: el largo y sinuoso camino hacia la paz colombiana

Marcos León Calarcá, delegado de las FARC en las negociaciones por la paz. Foto La Jornada

La Habana. La DEA -dice Marcos León Calarcá- no está interesada en la paz de Colombia. Acusar a las FARC de hacer negocios con el Chapo Guzmán es una maniobra de la agencia estadunidense para mantener la clasificación de la guerrilla como organización narcotraficante. Para ellos es una fuente de finanzas.

Marcos León Calarcá es parte de la delegación de paz de las FARC en La Habana. Nacido en Cali en 1957, quiso estudiar Ciencias Sociales, se incorporó a la Juventud Comunista y con 20 años de edad se unió a la guerrilla. Conoce muy bien México y la política mexicana, pues entre 1993 y 2002, estuvo a cargo de la oficina que esa organización tuvo legalmente en nuestro país, hasta que el entonces presidente Vicente Fox la cerró.

Domina a detalle los vericuetos del actual proceso de paz, también de los anteriores. Fue parte de los acercamientos entre el gobierno de César Gaviria y los alzados en Tlaxcala, México, e integrante del comité temático durante los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y su organización.

De hablar pausado, explicó en La Habana a La Jornada, a lo largo de más de una hora, los retos y acechanzas que pesan para terminar por la vía de la negociación un conflicto armado interno de casi 52 años. Esta es parte de la conversación con él.

La ruta de la paz

¿Por qué un proceso de paz después de más de 50 años de guerra?

Desde nuestro origen levantamos la bandera del diálogo como forma de solución. Fueron innumerables los esfuerzos que hicieron los camaradas marquetalianos -que fueron nuestros fundadores- para evitar la confrontación. Pero fracasamos en eso. Y a partir de que nos cerraron violentamente la puerta de la política abierta, de masas, se impuso la vía armada, la vía revolucionaria. Desde entonces hemos insistido en alcanzar la paz en distintas ocasiones.

Esta vez se conjugan diversos elementos que nos permitieron decir que era posible. De nuestro lado, el ánimo de buscar la salida política siempre ha estado presente. Y pensamos que de la contraparte hay una necesidad de paz. Esta convicción de nosotros, y necesidad de ellos, pasa también porque es un clamor nacional, es un anhelo de las mayorías nacionales.

¿Qué ha hecho la Mesa de Diálogo para acerca las partes?, ¿cuál es la lógica con la que se desenvuelve?

La mesa ha tenido que ensamblar su necesidad de paz y nuestra convicción de alcanzarla. Ellos quieren una paz: la que le favorece a sus intereses económicos, políticos, sociales, que son los intereses de una minoría. De la minoría que siempre ha estado en el poder. Nosotros queremos una paz transformadora. Una paz que resuelva las necesidades de las mayorías empobrecidas, carentes de sus derechos básicos. La Mesa trata de articular estas dos lógicas.

Sabemos que no logramos el triunfo militar. Pero tenemos claro que no lograron derrotarnos. La mesa no es para derrotar a nadie. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Es para flexibilizar las posiciones hasta tal punto que logremos identificar una paz que es incompleta tanto para ellos como para nosotros, pero que permite seguir la lucha por los ideales políticos sin necesidad de las armas.

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, el presidente cubano Raúl Castro y el dirigente máximo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Rodrigo Londoño, conocido con el nombre de guerra de Timoleón Jiménez o Timochenko, en La Habana, el pasado 23 de septiembre. Foto Ap

Ustedes han sufrido en poco tiempo la muerte (algunas violentas) de dirigentes nacionales claves como Raúl Reyes, de Iván Ríos, de Alfonso Cano, del 'Mono Jojoy', de Manuel Marulanda. ¿Hasta dónde esos golpes forzaron que se sentaran a dialogar?

Esas muertes nos golpearon, nos afectaron. Eso no vamos a decir que no. Pero nunca como para decir que eso nos obligó. No es lo que nos tiene en el diálogo. Nuestra bandera de diálogo ha estado ahí desde el principio. Hay analistas que plantean nuestra victoria militar como guerrilla, al haber sido capaces de seguir existiendo después de semejante ofensiva de las fuerzas armadas colombianas, con asesoría directa y participación de las fuerzas del Imperio. El resistir eso es ya un triunfo. Nosotros no creemos eso. Sencillamente vamos a la búsqueda de una solución política entre partes iguales.

Generalmente cuando hay procesos de paz entre grupos insurgentes y gobiernos, los elementos más conservadores que se oponen al proceso dicen que se trata de una trampa de la guerrilla para ganar tiempo y recomponer fuerzas. ¿Están ustedes ganando tiempo ahora?

Eso dicen también ahora. Los enemigos de la paz tienen un libreto para incentivar más la desconfianza, y esa acusación es parte de él. Pero con las medidas que hemos tomado se puede demostrar nuestra voluntad de paz. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a modificar la edad de vinculación de las FARC, de 15 años como estaba a 17. Ante la insistencia de muchas organizaciones, entre ellas la ONU, acordamos modificarla a 18 años.

Dijimos: vamos a abandonar las retenciones de tipo económico, y las abandonamos en 2012. Hemos dicho: vamos a abandonar el entrenamiento militar. Vamos a dedicar ese tiempo a la formación cultural e ideológica. Hemos dicho: vamos a parar la fabricación de explosivos. Hemos dicho: no compremos más armas. Esas son medidas prácticas que muestran nuestro compromiso.

Se dice que esas medidas son mentira, pero ante eso, nosotros no podemos mas que mostrar lo que estamos haciendo. Una prueba de nuestra voluntad es la tregua. Durante este periodo hemos hecho 6 treguas. Estamos manteniendo con bastante dificultades la que decretamos el 20 de julio.

¿Por qué con dificultades?

Porque esto sectores que son contrarios a la paz, están aprovechando para penetrar militarmente en lugares donde nunca habían estado o de donde hace mucho tiempo habían salido, para acosar a la guerrilla. Estamos en una tregua ofensiva, pero eso no significa que estemos dispuestos a dejarnos matar.

Sabemos que cualquier respuesta de la guerrilla daría pie a que sus enemigos hablen y hagan fiesta porque el proceso quedaría maltrecho. Por eso hemos insistido en denunciar ese hostigamiento y en llamar a las organizaciones sociales y políticas a estar vigilantes de esa tregua y denunciar ese tipo de hostigamiento; y ahí estamos, aunque hay momentos en que parece ser insostenible.

En estos tres años de negociaciones ustedes han alcanzado tres acuerdos. De manera resumida, ¿en qué consisten?

De tres partes: la introducción, la agenda y las normas de funcionamiento.

La agenda, que son los puntos a tratar, tienen seis temas. De esos seis hemos llegado a acuerdos -hay que aclarar que con salvedades- en tres: tierras, participación política y cultivos ilícitos.

En tierras, lo esencial, lo que guía todo el acuerdo, es que hay que fortalecer la economía campesina. Hay que darle a los campesinos las posibilidades para que lo sean, con tierra, asistencia técnica, y la infraestructura para poner a producir los campos. Eso va acompañado también de reformas en la educación, salud... En general, reformas destinadas a alcanzar el buen vivir. Siempre, teniendo en cuenta el tema del ambiente. Hablamos de un proyecto de economía campesina sustentable, que cuide el medio ambiente.

Tenemos un acuerdo sobre participación política. La esencia del acuerdo es la democracia plena. Suena como pleonasmo pero hablamos de democracia popular. Que se abran las posibilidades para que la gente de verdad participe en política. Que participar en política y ser contrario a la política oficial no implique un riesgo de vida, no implique que sean declarados objetivos militares. Planteamos que se cumpla el estatuto de oposición, que es un acuerdo de la Constitución de 1991, y que no se ha podido hacer. Que haya un espacio de garantías para el quehacer del movimiento social.

En esencia: democracia. Allí se plantean las dos posiciones.

Unos sostienen que hay que ampliar la democracia. Nosotros decimos que en Colombia no hay democracia. El acuerdo sobre cultivos ilícitos está encaminado a resolver ese problema, atacándolo en la parte que corresponde al país: la producción de materia prima y la producción de coca. La producción de materia prima se liga con el tema de fortalecimiento de la economía campesina. El día en que el campesinado pueda tener opciones de vida digna que no tenga que ver con lo ilegal, lo va a hacer. La gente no cultiva coca porque quiere sino porque necesita subsistir. El campesino que cultiva coca no se enriquece, subsiste. Se enriquece el narcotraficante.

Las FARC entregaron el 30 de marzo de 2010 al sargento Pablo Emilio Moncayo; el oficial fue secuestrado en diciembre de 1997. Foto Reuters

A ustedes se les ha acusado de ser una 'narcoguerrilla'. ¿Lo son?

No, categóricamente no. No tenemos vínculos y lo hemos demostrado en muchas oportunidades. Por ejemplo, el caso de Simón Trinidad, el camarada que tienen preso en Estados Unidos. Lo extraditaron por supuestamente haber exportado coca a Estados Unidos. Le hicieron tres juicios. No lograron demostrar sus acusaciones. En los 3 juicios lo declararon inocente. Y le tuvieron que hacer un cuarto juicio para sentenciarlo a 60 años de cárcel pero no por el tema del narcotráfico sino por el tema de que, supuestamente, él era responsable de la captura de 3 agentes de inteligencia estadunidenses que estaban en poder de las FARC. Si fuera cierto siquiera la mitad de todo eso que dicen, lo habrían realmente condenado.

Últimamente han salido informaciones provenientes de la DEA sobre la relación de las FARC con el Chapo Guzmán.

Es una provocación. Ahora que vamos avanzando en este proceso, tenemos estos tres acuerdos, y otros parciales como el de medidas de desescalamiento; aparece la DEA con un informe, en el que vincula también al gobierno panameño, en el que dice que somos responsables de negocios con el Chapo Guzmán, y que supuestamente él, desde Panamá, manejaba los negocios de las FARC. Eso no es cierto. No tienen ningún asidero en la realidad.

¿Por qué hace eso la DEA?, ¿no está Estados Unidos interesado en alcanzar la paz?

La DEA no está interesada en la paz del país. Y, mantener su acusación, o mantener la clasificación de las FARC como organización narcotraficante, es fuente de finanzas para ellos.

¿Estados Unidos está o no interesado en el proceso de paz?

No hay una posición monolítica. Hay sectores importantes, de pronto mayoritarios, que están de acuerdo con la paz. Pero hay sectores, poderosos, que ven afectados sus negocios. Más allá del tema ideológico está el tema económico. ¿Quienes están en contra de la paz? Los que lucran de la guerra. Lucran desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político.

¿La presencia de Bernie Aronson acerca la paz o la boicotea?

Él es enviado especial nombrado por Estados Unidos para el proceso, es el canal oficial. Hasta donde hemos evaluado está interesado en que logre la paz.

Más allá de los tres acuerdos, la negociación está estancada en el punto de la judicatura y de los paramilitares. ¿En qué consiste?, ¿qué está en juego?

Hay un tema serio en el problema de la justicia. Desde un principio fuimos claros y dijimos: no vamos a aceptar cárcel. Ningún grupo alzado en armas va a ir a una mesa de negociación para salir a la cárcel. Eso no tiene sentido. Es un problema de la llamada justicia.

Pusimos sobre la mesa la propuesta de construir un sistema integral basado en la verdad, con el objetivo central de resarcir a las víctimas. La verdad es uno de los derechos fundamentales de las víctimas. Está en el centro de esta propuesta. Hemos avanzado en eso y en medidas de justicia restaurativa, no justicia punitiva.

¿Y los paramilitares?

Es un tema que nos preocupa mucho, no sólo a nosotros sino al país. El gobierno dice que no existen paramilitares, que son bandas criminales. Dice que se acabó, pero la realidad muestra otra cosa. La realidad, ¿qué dice?. Que siguen apareciendo retenes en las carreteras, en sitios cercanos a las instalaciones militares. Que aparezcan retenes es grave, pero lo más grave es que maten gente.

Es una preocupación porque nosotros nos hemos enfrentado militarmente con los paramilitares. Y en esa pelea estamos de igual a igual. No nos afecta, pero en general, afecta porque matan a la gente.

Hay un movimiento político que se llama 'Marcha Patriótica'. Es reciente pero ya lleva más de 100 personas asesinadas a manos de estos grupos paramilitares. Hay que recordar que en Colombia hay una realidad que no se puede tapar, que no se puede olvidar: el genocidio a la 'Unión Patriótica'.

Marcos León Calarca en una imagen de archivo. Foto Gerardo Arreola

¿Ese fantasma los persigue a ustedes al discutir el asunto de la reinserción?

Yo no diría que nos persigue, diría que nos alerta a estar muy expectantes en el tema de garantías de seguridad. Por eso, para nosotros esa comisión que está tratando el tema de garantías de seguridad y paramilitarismo, que está encabezada por un conocido de ustedes que es el coronel Óscar Naranjo y un integrante nuestro del secretariado que es Pablo Catatumbo, es importante que dé resultados. El paramilitarismo hay que desmantelarlo. No sólo reconocerlo sino que hay que desmantelarlo, y más allá de los factores fácticos están aquellos que lo financian, que lo incentivan, que lo promueven como una forma de defender sus privilegios. Muchos de los cuales han sido obtenidos de manera ilícita. Ese es un tema central.

¿Cómo están abordando el tema de los desaparecidos?

Estamos avanzando. Hicimos un acuerdo para comenzar a buscar los miles y miles de desaparecidos que hay en el país. Es un arma que ha utilizado el Estado colombiano para golpear a los movimientos sociales.

Más allá de los desaparecidos en combate, de los desaparecidos a los que los desintegró el explosivo, a los que quedaron tendidos en el terreno y nadie fue capaz ni pudo recogerlos, más allá de eso, nos interesa que aparezcan los desaparecidos del movimiento social y político. Estamos hablando de gente desaparecida desde los setenta.

¿Qué hicieron con ellos? Primero los desaparecían las fuerzas militares, después los desaparecían indirectamente a través de los paramilitares. Eso es una verdad que no se puede ocultar, es una deuda que tiene la sociedad con esas víctimas.

¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en lo inmediato?

Cerrar el punto de litigio y empezar a cerrar los otros temas. Nos hemos comprometido a cerrar el proceso en seis meses pero vamos a hacer el esfuerzo para que sea antes. Se ha perdido tiempo por la incongruencia del gobierno, pero podemos intentar cumplir el plazo. Pero se necesita, primero, la voluntad política de la contraparte. A veces se enredan demasiado. Y, segundo, para convencerlos, necesitamos que cada vez más gente se vincule a defender este proceso. No decimos a defender las propuestas de las FARC, decimos a defender el proceso.

Acompañarnos de lo que nos dijeron las delegaciones de víctimas. La exigencia que hicieron: no se levanten de la mesa. No permitamos que se rompa la mesa.

¿Tiene el presidente Uribe fuerza para descarrilar este proceso?, ¿Él ha hecho de eso el centro de su propuesta política?

No creo. Tiene más rechazo

¿Hay garantías de que las FARC no se van a fraccionar en este proceso y una de sus partes va a seguir con acciones militares?

Una de las fortalezas de las FARC es esa unidad. Estamos en La Habana una delegación de paz, pero este proceso está siendo acompañado por toda la guerrillerada. Todos los pasos que damos aquí se consultan, se comunican a la guerrillerada. El secretariado del Estado Mayor sigue funcionando como lo que es: la dirección máxima.

El principal negociador de las FARC, Iván Márquez (C) habla a los medios, en La Habana 19 de noviembre de 2014. Foto Reuters

¿Puede alcanzarse un proceso de paz en Colombia sin que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) forme parte de él?

Con respecto a un eventual proceso de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, nosotros tenemos un acuerdo: dos mesas y un sólo proceso. Entendemos y compartimos cada una de las particularidades que las organizaciones tienen, esperemos de verdad que pronto fructifique el diálogo entre los compañeros de ELN y el gobierno.

Se ha aireado en público pero falta aterrizarla en la Mesa.

Si el proceso de paz se consuma, ¿cómo ven ustedes el futuro de las FARC?, ¿un partido político con representación parlamentaria?, ¿un movimiento no institucional?, ¿qué visión tienen de sí mismos hacia adelante?

Nosotros nos vemos como un movimiento político legal y abierto, ya no político-militar. Luchando por nuestras banderas de construcción de una vida mejor, digna. De una vida que responda a los derechos e intereses de las mayorías y que se logre la paz.

El acuerdo trata de finalizar la confrontación armada, pero tenemos que construir la paz. Es muy violento que haya gente que se muera teniendo posibilidades médicas de salvación; es muy violento que se mueran niños de pura hambre; es muy violento que la gente tenga las puertas cerradas a la educación, al trabajo… Todo eso hay que solucionarlo.

¿Ese movimiento político que construirían tendría una ideología precisa?

Tendría la misma ideología, la gente nos conoce, no somos nosotros los que vamos a hacer la revolución, es la gente y nos toca convencerla. Esa es la tarea de ese movimiento político.

Estará en todas las partes en las que pueda expresarse. En el parlamento, en las juntas comunales, en los sindicatos, en las organizaciones de barrio, en las organizaciones juveniles, en las de mujeres, de la diversidad sexual, en todas partes.

El jefe de la delegación del gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle (c), durante una conferencia, en La Habana, el 11 de noviembre de 2015. Xinhua

El asesinato de David Gemayel Ruiz

 

David Gemayel Ruiz regalaba sonrisas. Profesor de la primaria “Enrique Rodríguez Cano”, en Ocozocouautla, Chiapas, sonreía todo el tiempo a sus alumnos, a sus compañeros, a su pequeño hijo de casi seis años de edad, a la cámara fotográfica que lo retrataba. Ahora, ya no reirá más.
El maestro Gemayel Ruiz, egresado de la Normal Rural de Mactumatzá, fue asesinado entre las 9 y las 9.30 de la mañana del martes 8 de diciembre. Según narran sus compañeros, fue arrollado por un camión de la policía, cuando un grupo de maestros fue salvajemente atacado con gases lacrimógenos y golpes por elementos de la Gendarmería Nacional y del Ejército, a la altura del crucero Llano San Juan. Los docentes realizaban en ese momento un bloqueo carretero.
Las autoridades dicen otra cosa. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo perdió la vida “cuando varios de sus compañeros se apoderaron de un autobús que pusieron en marcha con el objetivo de atropellar a un grupo de policías. Sin embargo, al realizar esta maniobra lesionaron a tres sus compañeros, perdiendo la vida Ruiz Estudillo”.
Indignados por la pretensión gubernamental de convertir a las víctimas en victimarios, los profesores que se encontraban en el lugar de los hechos desmienten la información oficial. Aseguran que las autoridades mienten, como lo han estado haciendo a lo largo de todo el proceso de examinación docente en el país. David -afirman- fue atropellado por los policías.

David Gemayel protestaba ese día en contra de la evaluación punitiva a la que se quiere someter al magisterio nacional a punta de bayonetas, toletes, cárcel y despidos. Aunque la realización del examen docente en Chiapas estaba programada para el 11, 12 y 13 de septiembre, fue adelantada subrepticiamente para el 8 de diciembre con el objeto de darle un madruguete a los maestros opositores. Los trabajadores de la educación del estado respondieron movilizándose combativamente.
Chiapas tiene una larga tradición de lucha magisterial. En ese estado se formó en diciembre de 1979 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Allí existen dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La 7 (maestros federales) la 40 (profesores estatales). David Gemayel Ruiz era integrante de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40.
La muerte del profesor Gemayel no es un hecho aislado. Los docentes chiapanecos han vivido en carne propia la represión desde los inicios de su movimiento. Los ejemplos son múltiples. En 1987, en Tuxtla Gutiérrez, las huestes de Carlos Jonguitud Barrios, comandadas en la entidad por José Luis Andrade Ibarra, asesinaron a golpes al maestro Celso Wenceslao López. Nunca se castigó a los responsables del crimen.
Recientemente, en junio de 2013, los porros al servicio de Juan Díaz de la Torre, dirigente nacional del SNTE al que el secretario Aurelio Nuño reconoce como líder ejemplar, golpearon bárbaramente a decenas de profesores democráticos en los trabajos del 26 Congreso sindical de la sección 7. A pesar de ello, los docentes disidentesganaron la dirección sindical en el estado.
Las autoridades venden su reforma educativa a la opinión pública diciendo que ha permitido que el Estado recupere la rectoría del sector. Sin embargo, en Chiapas dirige la secretaría de Educación del estado un peculiar personaje: Ricardo Aguilar Gordillo. Integrante del primer comité ejecutivo democrático de la sección 7, plazeado por todo el país entre 1979 y 1985 por los entonces integrantes del Movimiento de Acción Popular, fundador de la corriente sindical Reflexiones, en 1989 traicionó el movimiento y se sumó a las filas de Elba Esther Gordillo.
Como resultado de la alianza de la maestra con el entonces gobernador Juan Sabines, Aguilar Gordillo, un egresado de la Normal Rural de Mactumatzá nacido en el municipio de Venustiano Carranza, fue designado como titular de la secretaría de Educación en la entidad, sin tener merito académico alguno. Al tomar posesión como mandatario estatal, Manuel Velasco Coello lo ratificó en el puesto, como parte de la alianza con la hija de Elba Esther, la senadora Mónica Arreola. Y, aunque la gestión del maestro Aguilar ha sido desastrosa y sumamente cuestionada, sigue al frente del despacho como muestra irrefutable de la profundidad de los cambios impulsados por la reforma educativa.

El profesor David Gemayel Ruiz ya no sonreirá más. Su asesinato es muestra del estrepitoso fracaso de una reforma que se quiere imponer a sangre y fuego a los trabajadores de la educación de este país. ¿Cuántos otros maestros más serán asesinados para imponer la evaluación docente? ¿Cuántos?

Una evaluación "histórica"

El pasado 28 de noviembre tembló en Oaxaca. A las 12:20 horas la tierra comenzó a moverse. En las instalaciones de la ciudad administrativa maestros de la entidad de diversas instituciones educativas se evaluaban. La magnitud del sismo fue de 4.6 grados. Los profesores no fueron desalojados. La prueba siguió. Fue entonces cuando, en plena sacudida, un grupo de docentes del área de educación medida superior reinterpretó a su manera el Dios nunca muere, de su paisano Macedonio Alcalá, alzó las manos y exclamó: ¡Dios está con la CNTE!

Ése no fue el único sismo que sacudió a Oaxaca ese día. Varios otros, provocados por la inconformidad magisterial, zarandearon el estado. Muchos se suscitaron dentro de la misma ciudad administrativa, donde supuestamente se encontraban los maestros que estaban de acuerdo con la evaluación. Los docentes de uno de los subsistemas educativos se quitaron los suéteres y mostraron una playera blanca con un letrero que decía: Vengo bajo protesta y obligado, si no me corren.

Las expresiones de descontento de los profesores convencidos con la evaluación, que laboran en los planteles del Colegio de Bachilleres o del Centro de Estudios Tecnológicos o en los del Colegio de Educación Profesional Técnica, y que no pertenecen a la sección 22, habían comenzado horas antes.

En plena madrugada, emulando lo que en 1968 fue la manifestación de los trabajadores al servicio del Estado organizada para desagraviar a Gustavo Díaz Ordaz, nada más bajarse de los autobuses que los trasladaron a la ciudad administrativa y cruzar el cerco de la Policía Federal, los docentes comenzaron a gritar ¡Beee!, ¡beee!, ¡beee! ¡Ya llegamos! ¡Somos los borregos! ¡Venimos obligados! Otros alzaron el puño y dijeron Nos obligaron a venir, o Si yo fuera CNTE y mi sindicato me respaldara no estaría aquí.

Su malestar se hizo sentir, también, en pequeños actos simbólicos, como negarse a comenzar el examen a las siete de la mañana, como querían las autoridades, porque la convocatoria estipulaba que el inicio era a las ocho. O no probar los desayunos que les ofrecieron y rechazar llevarse a su casa la comida que sobró.

La realización de la evaluación estuvo llena de anormalidades. Decenas de supuestos maestros, en realidad cachirules, desconocidos para sus compañeros, fueron colados para que en las fotos distribuidas en los boletines oficiales los salones aparecieran llenos de profesores haciendo la prueba. Muchos eran empleados del gobierno del estado, a los que amenazaron con el despido si no cooperaban. Otros eran, simple y llanamente, miembros de las juventudes del PRI.

A trasmano, a varios profesores se les dijo que no debían preocuparse, porque el resultado del examen no tendría consecuencias para ellos. Los examinadores del Ceneval permitieron que grupos de docentes respondieran el cuestionario en colectivo. Más tarde, la segunda etapa de la prueba programada para ese día fue suspendida.

El número final de maestros de educación básica de la sección 22 que se evaluaron fue muy pequeño. Quienes lo hicieron se presentaron por miedo, no por convicción. Para variar, como lo han hecho en todo el país, las autoridades manipularon las cifras. ¡Y ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellas! Según el secretario Aurelio Nuño los examinados fueron 2 mil 635, y de acuerdo con Gabino Cué alcanzaron 2 mil 981.

De ese número hay que descontar a los profesores de bachilleratos generales y técnicos, a los aspirantes a nuevo ingreso y a los afiliados de la sección 59, formada por Elba Esther Gordillo y el ex gobernador Ulises Ruiz para dividir a la 22. Es decir, la inmensa mayoría.

Para tratar de ocultar el fracaso de su estrategia, las autoridades no permitieron el acceso de la prensa durante la jornada de evaluación y tampoco estuvieron presentes testigos. Sin embargo, decenas de testimonios sobre lo sucedido ese día en la ciudad administrativa circulan en redes sociales o han sido narrados por otras vías con la petición de que no se incluya el nombre de quien lo brinda.

Ese 28 de noviembre tembló también fuera de la ciudad administrativa. A pesar del enorme despliegue policiaco y la campaña previa de amedrentamiento, más de 20 mil maestros marcharon con la consigna: El examen punitivo murió, en Oaxaca se enterró! Tenían tras de sí a una dirección unificada y el respaldo de sus líderes históricos.

Con rabia y prudencia, sorteando la labor de los provocadores, lograron replegar cuatro cercos policiales. Ni los toletes ni los gases lacrimógenos los atemorizaron. De manera simultánea, otras movilizaciones se realizaron en diversos puntos del estado. Un día después, los trabajadores de la educación y sectores populares volvieron a tomar las calles de la ciudad de Oaxaca.

Como lo hizo con sus anteriores descalabros, y como si viviera en otro país, la SEP declaró que la evaluación en Oaxaca había sido histórica. Y Aurelio Nuño, titular de la dependencia, añadió: Lo más importante es que tuvimos una participación de los profesores de Oaxaca que poco a poco se empiezan a sacudir las presiones y el yugo que ejercía esta sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y se van sumando a la reforma educativa por el bien de la educación de los niños y de las niñas de México.

Así se las gasta la SEP. Aunque luego sus mentiras queden en evidencia. Así sucedió con el fracaso de la evaluación el pasado 17 de noviembre en Durango, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas y Morelos. Allí se vio obligada a separar de sus cargos a sus delegados en esas entidades. No advirtieron a la SEP sobre las condiciones en que iba a aplicar la evaluación de desempeño y las dificultades de la misma; así como sobre la inconformidad magisterial por la reforma educativa y la evaluación docente, señala una nota de Reforma (http://goo.gl/2G61Me). ¿Hará ahora lo mismo la secretaría con Moisés Robles, el policía que puso al frente del Ieepo?

¿Histórica la evaluación oaxaqueña? Sí, si le tomamos la palabra a Arturo Cano, quien escribió en su cuenta de Twitter: La evaluación docente fue un éxito. Sólo requirieron 3.3 policías por cada maestro que presentó el examen.

Encuentro en La Habana: los movimientos sociales se reagrupan

Entre el 20 y 22 de noviembre se efectuó en La Habana, Cuba,el Encuentro hemisférico derrota del ALCA. 10 años después. Van aquí dos reseñas de lo acontecido.

Primera crónica
El avance de la ofensiva de la derecha latinoamericana en la región ha hecho que las luces de alerta de la izquierda se prendan. Para frenarla y mantener el rumbo de las transformaciones sociales pareciera urgente poner en pie una coalición de fuerzas similar a la que, hace 10 años, derrotó el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), promovida por Estados Unidos.
Este es el trasfondo central de la reunión continental que este viernes comenzó en la Villa Panamericana, en La Habana, Cuba, la cual terminará el próximo 22 de noviembre. Titulado Encuentro hemisférico derrota del ALCA. 10 años después, el evento reúne a 160 delegados, de 108 organizaciones, provenientes de 24 países, muchos de ellos actores directos de aquella batalla.
Formalmente, el motivo de la reunión es ligeramente diferente. Consiste en conmemorar 10 años de la derrota del ALCA y enfrentar los nuevos desafíos que acechan a las fuerzas progresistas con iniciativas como las de TPP, TISA, TransAtlático. Sin embargo, en el centro de los análisis y la discusión está la idea de si es cierto o no que ha llegado a su fin el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina.

Por supuesto, la historia está viva en este encuentro. El 4 y 5 de noviembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina, se puso en evidencia –según el economista paraguayo y asesor del movimiento sindical en Brasil– un cambio de época en América Latina. En esa ocasión se realizó la cuarta Cumbre de las Américas y George Bush –presidente de Estados Unidos– llegó a imponer el ALCA.
En esos días una amplia coalición de movimientos populares continentales, que comenzó a construirse desde 1997, convergió con los presidentes de Venezuela, Argentina y Brasil, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva, en su rechazo a la propuesta estadunidense. Con su particular estilo, junto con las siglas, ante una impresionante multitud, Chávez mandó la iniciativa comercial al carajo. El proyecto de Bush descarriló.
Esa amplia convergencia entre movimientos populares y gobiernos se había venido gestando en una campaña de gran aliento que inicialmente tuvo que remar contra la corriente. Todavía en abril de 2001, en la cumbre de presidentes en Quebec, solamente Hugo Chávez cuestionó la agenda de negociación del acuerdo comercial.
Sin embargo, pocos días después, esa resistencia en las calles tuvo un aliado central. En un discurso pronunciado el primero de mayo de 2001, al calor de grandes protestas antiglobalización en los países desarrollados, Fidel Castro señaló: Para Cuba es absolutamente claro que el llamado ALCA en las condiciones, plazo, estrategia, objetivos y procedimientos conducen inexorablemente a la anexión de América Latina a Estados Unidos. Cuatro años más tarde, esa agenda fue sepultada.
El acto en La Habana para conmemorar esa gesta comenzó con un recorrido histórico de lo sucedido en este terreno, a cargo de Gustavo Codas. Lo siguió el economista cubano Osvaldo Martínez, quien analizó en detalle el impacto general del libre comercio en la región, la lógica del capital y las trasnacionales. De paso hizo un mapa de los acuerdos bilaterales y subregionales. La ecuatoriana Irene León explicó cómo la derecha se ha rearticulado en la región y cuál es su lógica militar, mediática y cultural. Recuperando las problemáticas y el lenguaje de los movimientos populares, el cubano Gilberto Valdés descifró los procesos de cambio en curso, los mecanismos de integración y la acción de los actores subalternos.
Al analizar el nuevo protagonismo de la derecha continental, Gustavo Codas dijo que ésta busca aprovechar las dificultades de los gobiernos posneoliberales. Se ha fortalecido en las calles, ha creado redes, nacionales, regionales e internacionales. Sin embargo, según él, no tiene proyecto alternativo a las conquistas del ciclo progresista. Su retorno ha fracasado en Chile y Paraguay. No se propone, como la derecha europea tras la segunda guerra, mantener el estado de bienestar. Esta derecha quiere abolir las conquistas del ciclo de transformaciones. A diferencia de los años 60 con el neoliberalismo, hoy no tiene condiciones de verbalizarlo. Pero, junto con el imperialismo, intenta aprovechar las dificultades económicas y políticas para tratar de dar vuelta atrás en la historia.
Osvaldo Martínez explicó cómo, ante el fracaso del ALCA, Washington ha seguido avanzando en su agenda comercial con flexibilidad, de manera bilateral o transcontinental, con la apuesta de abrir los mercados locales a sus productos y desintegrar América Latina. Esos acuerdos, aseguró, son la plasmación jurídica a nivel de estados, del proyecto trasnacional.
Según Irene León, estos últimos 10 años han sido de una alta intensidad histórica. El capital trasnacional (poder que no rinde cuentas a nadie) ha seguido avanzando sobre estados, estableciendo mecanismos de poder fáctico por fuera de cualquier control ciudadano.
Por su parte, Gilberto Valdés apuntó cómo la lucha contra el ALCA tuvo un fuerte componente anticapitalista. Relativizando los desencuentros entre movimientos populares y gobiernos progresistas, aseguró que los conflictos entre ambos no van a desaparecer.
¿Tiene futuro el movimiento emancipador en el continente? Sí, aseguran los asistentes al evento. El movimiento camina. “Eso es posible –según Codas– porque los aciertos del ciclo de tran

sformaciones han sido muy superiores a las dificultades que hemos encontrado. Está en manos de los luchadores y luchadoras de nuestro pueblo construir ese nuevo horizonte.”

Segunda crónica

Nuevos aires de unidad, reagrupamiento y lucha soplan en buena parte de los movimientos sociales de América Latina. Lejos de pasmarse ante la ofensiva de la derecha en el continente se disponen a retomar el rumbo que les permitió hace 10 años descarrilar el proyecto de integración comercial de Estados Unidos para el área.
Según Joel Suárez, del Centro Martin Luther King de Cuba, institución clave en la convocatoria y organización del “Encuentro Hemisférico Derrota del ALCA 10 años después”, las principales redes y movimientos sociales de la región, acordaron en este evento reestructurarse en la lucha contra el libre comercio y las trasnacionales, y convocar a una jornada continental de lucha conjunta el 4 noviembre de 2016.
No hay en los asistentes a la reunión autocomplacencia sino un fuerte sentido crítico. “Después de la victoria contra el ALCA –afirman- perdimos mucho de la articulación continental. Ganamos una batalla y creímos que habíamos ganado la guerra, cedimos nuestro liderazgo a los líderes y espacios institucionales de la ola progresista, y descuidamos nuestras luchas, el trabajo territorial, la acumulación de poder popular”.
¨Hay que reconocer que habido una fragmentación en las luchas –senalan los asistentes-. Como movimientos sociales, no logramos la capacidad de dar un salto cualitativo.
En sincronía con está reflexión está Omar González, coordinador del capítulo cubano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Hubieron movimientos que perdieron el centro –dice-. Algunos se transformaron en partidos políticos y perdieron identidad y fuerza. Fueron absorbidos por tareas de la administración pública.
Sin embargo, esta visión crítica de los problemas que atraviesan a los movimientos no limita su optimismo. “No obstante lo modesto del evento –dice-, sobre todo comparado con los Foros Sociales Mundiales o las grandes reuniones de intelectuales realizados en anos anteriores en Venezuela, éste encuentro reunió a movimientos claves del continente y a intelectuales.

Este fue, también, el día de Cuba en el Encuentro. Con la bandera de ese país al centro y un delegado portando una improvisada antorcha a su lado, integrantes de una variopinta coalición de movimientos sociales de América Latina e intelectuales rindieron homenaje a la isla en una peculiar ceremonia a la que los organizadores denominan mística y otros un happening colectivo.
Visiblemente emocionados, los asistentes a la celebración con la arrancaron los trabajos de este domingo del Encuentro Hemisférico Derrota del ALCA 10 años después, se comprometieron a proteger y caminar con este país, símbolo de resistencia y ejemplo de historia que anima a continuar la lucha.
El arranque de la sesión final del evento con la declaración de amor de los invitados a los organizadores no fue casualidad. A la mística le siguió un panel sobre la actualización del modelo económico y social de Cuba, en la que Luis Manuel Castanedo, Isabel Moya y Ornelio Sosa, isleños los tres, explicaron con mucho detalle los retos que su país enfrenta con el proceso de transformación en marcha.
Desde distintas perspectivas, los ponentes explicaron y debatieron el desafío que implica el crecimiento de la población por debajo del 2 por ciento (las mujeres cubanas jóvenes no se quieren embarazar), y los retos que para el sindicalismo representa la creciente expansión de negocios privados y empresas estatales que necesitan ser eficientes y aumentar su productividad.
En la misma línea de reflexión, el doctor en ciencias históricas, Jesús Arboleya hizo un amplio recorrido a través de la historia de las relaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos, hasta llegar al momento actual. Optimista, explicó que su posición provenía no de la posibilidad de tener una relación ideal con Estados Unidos (cosa que ningún país tiene), sino que a partir del restablecimiento de relaciones, la isla está en mejores condiciones para lidiar con la política estadunidense, aprovechar las oportunidades de cooperación en asuntos de mutuo interés y relacionarse con el resto del mundo en un entorno más favorable.
Esos aires de cambio y renovación que soplan desde Cuba, sacuden también a los asistentes al evento. Después de todo, la isla sigue siendo una plataforma clave en la gestación de proyectos emancipadores. “Hay mejores condiciones de lucha en 2015 que hace 10 años –señalaron- Acumulamos fuerzas. Tenemos un proyecto que ha sobrevivido una década”. Por lo pronto, han acordado poner por delante lo que los une y no lo que los divide, volver a sus raíces y reinventarse como actores de la transformación continental.

Magisterio: el fracaso de la estrategia policial

La maestra Nora Alicia Cruz Sánchez tiene cinco años de servicio y fue directora de primaria. Cuenta con maestría y doctorado. Cuatro documentos la acreditan como evaluadora. A pesar de ello, el pasado 14 de noviembre rechazó evaluarse porque –dijo públicamente– no estoy de acuerdo y no quiero ser parte de esa mentira, de esa farsa.

No exageró. De manera arbitraria e ilegal, a la profesora Cruz Sánchez le avisaron que debía presentar su examen sobre desempeño tan sólo nueve días antes de la evaluación. La seleccionaron en el último momento, cuando otros docentes tuvieron meses para prepararse para la prueba. Por eso acusó: Se está actuando con dolo sobre mi persona o me están discriminando.

Nora Alicia es evaluadora. Se inscribió en la primera convocatoria y cumplió con todos los requisitos para serlo. Cuenta con la documentación que la acredita como tal. Sin embargo, ni a ella ni a muchos otros evaluadores los llamaron para examinar a los docentes. Su nombramiento y el de sus compañeros fue un engaño.

La actitud de la maestra Cruz Sánchez no fue un caso aislado en el examen de este fin de semana. Como sucedió a la profesora, muchos docentes fueron incorporados en el último momento al examen, algunos por la fuerza y otros con la promesa de otorgarles créditos de vivienda. Muchos fueron notificados ilegalmente. Todo con el objetivo de maquillar las cifras de la participación en la prueba, cubriendo las vacantes de quienes se negaron a ser examinados.

Pese a las amenazas del secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la mayoría de los estados donde se efectuó el examen se suscitaron actos de protesta, como el de la profesora Nora Alicia. En Zacatecas, maestros indignados porque el sistema de ­cómputo no funcionó y las autoridades mandaron funcionarios de Ceneval a vigilarlos acordaron desertar de la prueba. En Ciudad Juárez debieron reprogramarla para la próxima semana. Las redes sociales están llenas de testimonios similares.

Muchos docentes que respondieron el examen salieron sumamente molestos. Explican que la prueba fue excesivamente larga, confusa, tramposa, agotadora, con fallas en las instrucciones, faltas de ortografía, errores de sintaxis. Explican que multitud de preguntas fueron sesgadas, repetitivas, descontextualizadas, sin relación con lo que ellos enseñan en clase. Por si fuera poco, el pésimo sistema de cómputo con que tuvieron que trabajar los sacó con harta frecuencia de la sesión, de modo que perdieron un tiempo valioso y concentración. Fue una trampa destinada a evidenciar a los trabajadores de la educación como no idóneos.

Por lo menos en 20 estados, los maestros se movilizaron este fin de semana contra la evaluación. Las marchas en Chiapas y Michoacán fueron impresionantes. No obstante que granaderos y policías resguardaron las sedes del examen, miles de docentes cercaron sus entradas. En Morelos, bloquearon las seis instalaciones de aplicación de la prueba. En multitud de ciudades hubo forcejeos y choques con los granaderos (http://www.youtube.com/watch?v=hx4iT10QBy4&sns=em). Fueron heridos 10 docentes y arrestados 17.

Previamente, el gobierno federal decidió diferir la evaluación en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Nuevo León y Veracruz. Más que abrir un compás para la negociación, la reprogramación fue para avanzar primero sobre los estados que las autoridades consideraban sin problemas y concentrar después la fuerza pública de manera escalonada en los problemáticos. La orientación fue aislar a los objetores, concentrar a la policía y disuadir a los opositores. La maniobra fracasó. Posponer la prueba fue un descalabro a su decisión de imponerla a toda costa. Y, para desgracia del secretario, entidades tranquilas como Sonora y Sinaloa le salieron respondonas.

Este fin de semana, el gobierno federal pretendió mandar el mensaje de que miles de profesores asistieron convencidos a la evaluación. Fracasó. Si una imagen sintetiza las jornadas de los pasados 14 y 15 de noviembre, es la de la fuerza pública resguardando las sedes de aplicación del examen y la policía golpeando, persiguiendo y arrestando a los maestros en distintos lugares del país. ¿Qué legitimidad posee una reforma educativa que se tiene que imponer por la fuerza a los docentes?

Aun los profesores que hicieron la prueba declararon una y otra vez: Estamos aquí contra nuestra voluntad. Estamos aquí porque fuimos amenazados.

Así, las cifras que brindó la SEP de que 98 por ciento de los docentes presentaron su examen son alquimia pura. De hecho son un galimatías.

El gobierno federal apostó a que apretando a Oaxaca iba a doblar la resistencia nacional contra la reforma educativa. Concentró allí sus maniobras punitivas. Tomó en rehenes a cuatro docentes de esa entidad y los mandó al penal de Almoloya, junto a los peores criminales. Se equivocó. Ni sometió a los oaxaqueños ni contuvo la expresión del descontento nacional.

Pero sus descalabros no terminan allí. Su estrategia de amarrar a los gobernadores comienza a fisurarse. El gobierno de Nuevo León firmó un acuerdo con el colectivo de maestros de la entidad, en el que la autoridad se compromete a respetar y a hacer valer los derechos de los profesores en los procesos de evaluación. Reconoce, también, que las notificaciones para la convocatoria al examen no cumplen los requisitos de legalidad, y exhorta a la Secretaría de Educación a dejar sin efecto todas las notificaciones que no hayan sido efectuadas en días y horas hábiles.

De manera reiterada, el movimiento magisterial ha llamado a las autoridades educativas a negociar. La respuesta de Aurelio Nuño ha consistido en exigir la rendición incondicional de los descontentos. La falta de resultados de su estrategia está a la vista. A no ser que quiera incendiar el país (o por lo menos algunas de sus entidades), sería bueno que diera muestra de sensibilidad y apertura para el diálogo.