La maestra Nora Alicia
Cruz Sánchez tiene cinco años de servicio y fue directora de
primaria. Cuenta con maestría y doctorado. Cuatro documentos la
acreditan como evaluadora. A pesar de ello, el pasado 14 de noviembre
rechazó evaluarse porque –dijo públicamente– no
estoy de acuerdo y no quiero ser parte de esa mentira, de esa farsa.
No exageró. De manera
arbitraria e ilegal, a la profesora Cruz Sánchez le avisaron que
debía presentar su examen sobre desempeño tan sólo nueve días
antes de la evaluación. La seleccionaron en el último momento,
cuando otros docentes tuvieron meses para prepararse para la prueba.
Por eso acusó: Se está actuando con dolo sobre
mi persona o me están discriminando.
Nora Alicia es
evaluadora. Se inscribió en la primera convocatoria y cumplió con
todos los requisitos para serlo. Cuenta con la documentación que la
acredita como tal. Sin embargo, ni a ella ni a muchos otros
evaluadores los llamaron para examinar a los docentes. Su
nombramiento y el de sus compañeros fue un engaño.
La actitud de la maestra
Cruz Sánchez no fue un caso aislado en el examen de este fin de
semana. Como sucedió a la profesora, muchos docentes fueron
incorporados en el último momento al examen, algunos por la fuerza y
otros con la promesa de otorgarles créditos de vivienda. Muchos
fueron notificados ilegalmente. Todo con el objetivo de maquillar las
cifras de la participación en la prueba, cubriendo las vacantes de
quienes se negaron a ser examinados.
Pese a las amenazas del
secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la mayoría de los
estados donde se efectuó el examen se suscitaron actos de protesta,
como el de la profesora Nora Alicia. En Zacatecas, maestros
indignados porque el sistema de cómputo no funcionó y las
autoridades mandaron funcionarios de Ceneval a vigilarlos acordaron
desertar de la prueba. En Ciudad Juárez debieron reprogramarla para
la próxima semana. Las redes sociales están llenas de testimonios
similares.
Muchos docentes que
respondieron el examen salieron sumamente molestos. Explican que la
prueba fue excesivamente larga, confusa, tramposa, agotadora, con
fallas en las instrucciones, faltas de ortografía, errores de
sintaxis. Explican que multitud de preguntas fueron sesgadas,
repetitivas, descontextualizadas, sin relación con lo que ellos
enseñan en clase. Por si fuera poco, el pésimo sistema de cómputo
con que tuvieron que trabajar los sacó con harta frecuencia de la
sesión, de modo que perdieron un tiempo valioso y concentración.
Fue una trampa destinada a evidenciar a los trabajadores de la
educación como no idóneos.
Por lo menos en 20
estados, los maestros se movilizaron este fin de semana contra la
evaluación. Las marchas en Chiapas y Michoacán fueron
impresionantes. No obstante que granaderos y policías resguardaron
las sedes del examen, miles de docentes cercaron sus entradas. En
Morelos, bloquearon las seis instalaciones de aplicación de la
prueba. En multitud de ciudades hubo forcejeos y choques con los
granaderos (http://www.youtube.com/watch?v=hx4iT10QBy4&sns=em). Fueron heridos 10 docentes y arrestados 17.
Previamente, el gobierno
federal decidió diferir la evaluación en Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Nuevo León y Veracruz. Más que
abrir un compás para la negociación, la reprogramación fue para
avanzar primero sobre los estados que las autoridades consideraban
sin problemas y concentrar
después la fuerza pública de manera escalonada en los
problemáticos. La
orientación fue aislar a los objetores, concentrar a la policía y
disuadir a los opositores. La
maniobra fracasó. Posponer la prueba fue un descalabro a su decisión
de imponerla a toda costa. Y, para desgracia del secretario,
entidades tranquilas como
Sonora y Sinaloa le salieron respondonas.
Este fin de semana, el
gobierno federal pretendió mandar el mensaje de que miles de
profesores asistieron convencidos a la evaluación. Fracasó. Si una
imagen sintetiza las jornadas de los pasados 14 y 15 de noviembre, es
la de la fuerza pública resguardando las sedes de aplicación del
examen y la policía golpeando, persiguiendo y arrestando a los
maestros en distintos lugares del país. ¿Qué legitimidad posee una
reforma educativa que se
tiene que imponer por la fuerza a los docentes?
Aun los profesores que
hicieron la prueba declararon una y otra vez: Estamos
aquí contra nuestra voluntad. Estamos aquí porque fuimos
amenazados.
Así, las cifras que
brindó la SEP de que 98 por ciento de los docentes presentaron su
examen son alquimia pura. De hecho son un galimatías.
El gobierno federal
apostó a que apretando a Oaxaca iba a doblar la resistencia nacional
contra la reforma educativa.
Concentró allí sus maniobras punitivas. Tomó en rehenes a cuatro
docentes de esa entidad y los mandó al penal de Almoloya, junto a
los peores criminales. Se equivocó. Ni sometió a los oaxaqueños ni
contuvo la expresión del descontento nacional.
Pero sus descalabros no
terminan allí. Su estrategia de amarrar a los gobernadores comienza
a fisurarse. El gobierno de Nuevo León firmó un acuerdo con el
colectivo de maestros de la entidad, en el que la autoridad se
compromete a respetar y a hacer valer los derechos de los profesores
en los procesos de evaluación. Reconoce, también, que las
notificaciones para la convocatoria al examen no cumplen los
requisitos de legalidad, y exhorta a la Secretaría de Educación a
dejar sin efecto todas las notificaciones que no hayan sido
efectuadas en días y horas hábiles.
De manera reiterada, el
movimiento magisterial ha llamado a las autoridades educativas a
negociar. La respuesta de Aurelio Nuño ha consistido en exigir la
rendición incondicional de los descontentos. La falta de resultados
de su estrategia está a la vista. A no ser que quiera incendiar el
país (o por lo menos algunas de sus entidades), sería bueno que
diera muestra de sensibilidad y apertura para el diálogo.
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