sábado, 29 de octubre de 2016

El EZLN, el CNI y las elecciones

                                             
                                            
El EZLN y el CNI acordaron consultar, con pueblos y comunidades, la postulación de una mujer indígena como candidata a la Presidencia de la República en los comicios de 2018. La decisión ha levantado una enorme polémica. Unos ven en la determinación un giro de 180 grados en su línea de acción. Otros, su ingreso a la política. Algunos más, una maniobra en la formación de una coalición anti-Andrés Manuel López Obrador.
Estas tres opiniones son, además de equivocadas, prejuiciosas. Están basadas en la desinformación y en un esquema analítico que tiene como punto de partida: quien no está conmigo, está contra mí. Estos puntos de vista desconocen la historia y la trayectoria política, tanto del EZLN como de las organizaciones indígenas que forman parte del CNI.
                                            

Desde que el EZLN emergió a la vida pública no ha sido una fuerza abstencionista. No ha llamado a la abstención ni al boicot electoral, sino a organizarse y luchar. Y, al menos en una ocasión, promovió el voto por un candidato.
En los comicios presidenciales del 21 de agosto de 1994, llamó a votar contra el PRI, como parte de su lucha contra el sistema de partido de Estado y del presidencialismo. Es más, el 15 de mayo de ese año, en Guadalupe Tepeyac, las bases zapatistas y el subcomandante Marcos recibieron al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y a su comitiva. Los rebeldes los saludaron y reconocieron que el entonces candidato los había escuchado con atención y respeto. De paso, criticaron al sol azteca.
                                   

Unos cuantos días después, mediante la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, convocaron a una Convención Nacional Democrática de la que emane un gobierno provisional o de transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral. Este proceso –señalaron entonces– debería desembocar en la redacción de una nueva Carta Magna y en la realización de nuevas elecciones.
                                     


Al poco tiempo, el EZLN se sumó a la postulación del periodista Amado Avendaño como candidato de la sociedad civil a la gubernatura de Chiapas. Y, a raíz del fraude electoral que abortó su triunfo, lo reconoció como gobernador en rebeldía y lo trató como tal.
A finales de 2005 los zapatistas llamaron a organizar un gran movimiento nacional para transformar las relaciones sociales, elaborar un programa nacional de lucha y crear una nueva constitución política. En este marco, impulsaron la otra campaña, una iniciativa de política popular desde abajo y a la izquierda, independiente de los partidos políticos con registro, de corte anticapitalista.
                                   

Aunque la otra campaña nunca llamó a abstenerse ni a boicotear las elecciones, criticó acremente a los candidatos de los tres principales partidos políticos, incluido Andrés Manuel López Obrador. Cerca ya de las elecciones del 2 de julio de 2006, pasada ya la represión a San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de ese año) que cambió la dinámica de esta iniciativa política, en un acto en el cine Revolución de la Ciudad de México, el subcomandante Marcos se opuso personalmente a cuestionar a quienes pensaban sufragar. El que quiera votar, que vote, dijo allí.
A los zapatistas se les quiso responsabilizar del resultado final de los comicios de 2006 e incluso del fraude que le arrebató el triunfo en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el dirigente de Morena denunció que en aquellas jornadas, el EZLN y la iglesia progresista habían orientado a no votar por él (cosa que nunca sucedió), ayudando indirectamente a robarle las elecciones. Desde entonces, el debate ha sido amargo e intenso. No ha dejado de serlo a pesar de que han transcurrido más de 10 años.
                                 

Durante años, la posición de los zapatistas no varió. Así lo refrendó el subcomandante Moisés, en el comunicado titulado Sobre las elecciones: organizarse, con fecha de abril de 2015. Allí advierte: “En estos días, como de por sí cada que hay esa cosa que llaman ‘proceso electoral’, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención, o sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen”.
Más adelante aclara la postura rebelde sobre la coyuntura electoral de ese año: Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita.
El reciente documento conjunto del EZLN y el CNI, Retiemble en sus centros la tierra, representa un cambio de posición de los rebeldes. Pero no de 180 grados, porque nunca han sido abstencionistas.
                                        

Allí se llama a incursionar en una nueva forma de acción, que tiene como eje central la participación directa en la coyuntura electoral, como una forma de resistencia, organización y lucha. De colocar a los indígenas y a su problemática en el centro de la agenda política nacional. De hacer visibles las agresiones contra los pueblos originarios. De construir el poder de los de abajo. La decisión no significa el ingreso del EZLN a la lucha política. Los zapatistas siempre han estado allí. Nunca han dejado de hacer política desde que irrumpieron en la vida pública levantándose en armas en 1994. Se puede o no estar de acuerdo en la política que han hecho, pero reducir participación política a acción electoral en una coyuntura es una tontería.
Lo mismo puede decirse de las organizaciones que integran el CNI. La movilización de los purépechas de Cherán (una experiencia clave en el nuevo curso de la lucha indígena) por el reconocimiento de su autogobierno y autonomía es esencialmente política. También la experiencia de autodefensa náhuatl de Ostula, o la defensa de la comunidad otomí Xochicuautla de su territorio y recursos naturales.
                                           

Nadie tiene el monopolio de la representación política de la izquierda mexicana. Esa representación se gana día a día en la lucha. Acusar a los zapatistas y al CNI de hacerle el juego al gobierno porque pretenden participar electoralmente en 2018, al margen de los partidos políticos, es una muestra de prepotencia e intolerancia. A final de cuentas, será la sociedad mexicana en lo general y los pueblos indios en particular, los que decidirán si este camino es o no útil para transformar el país.


miércoles, 12 de octubre de 2016

Congreso Nacional Indígena: 20 años

                                           
                                        
Luz Elena Govea es diputada local en Guanajuato. Pertenece al PRI. El 14 de abril pasado fue destituida del cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de ese estado por discriminar a indígenas.
Ocho días antes, en una reunión en Guanajuato con mujeres representantes de las naciones pame y otomí, que demandaban mejores opciones laborales y educativas, la diputada Govea López les dijo: No me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio; yo me las imagino en el campo, yo las creo en sus casas haciendo artesanías, yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas.
                                     

La actitud discriminatoria de la diputada priísta hacia los indígenas dista de ser una excepción. El 19 de mayo de 2015 se difundió en redes sociales una conversación telefónica del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en la que se burla de los pueblos originarios.
En la charla de Córdova con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, el consejero se mofa del gobernador nacional de los pueblos y comunidades indígenas, Hipólito Arriaga Pote, y del jefe supremo de la tribu chichimeca en Guanajuato, Mauricio Mata Soria, que exigía la creación de una sexta circunscripción electoral para garantizar en la Cámara de Diputados la representación de los pueblos originarios.
                                            

A ver, güey –dice el consejero presidente–, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, te lo voy a decir: ‘yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’.
Se ve que este güey –se pitorrea Córdova– …yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero, no mames, vio mucho Llanero solitario, con eso del Toro… no mames… me cai que le faltó decir, ‘yo gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca’; no mames, cabrón, está de pánico.”
                                       
          
                                                                              
El 12 de octubre de 1992 zapatistas derribaron la estatua de Diego de Mazariegos

Encuestas han documentado las muestras de racismo hacia los indios en México. Una, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, concluyó que según ocho de cada 10 encuestados en el país existe mucha discriminación en contra de indígenas. Ochenta y seis por ciento mencionaron que se les discrimina mucho cuando intentan conseguir trabajo, cuando son juzgados por el sistema penal (84 por ciento) y cuando acuden a centros de salud (78 por ciento).
                                            
                                              Foto:
                                      12 de octubre 1992, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
De la mano del racismo contra los pueblos indios caminan la explotación, la opresión, la marginación y el despojo de sus recursos naturales, sus tierras y sus territorios. La discriminación legitima el expolio. Si antes eran víctimas de los grandes ganaderos y los acaparadores, hoy sufren el asalto indiscriminado de la minería a cielo abierto, los megaproyectos, los talabosques, las grandes empresas turísticas, los conglomerados agroindustriales, los laboratorios químicos y farmacéuticos, las compañías generadoras de energía y los cárteles de la droga.
Pese a la adversidad y el poderío de sus expoliadores, los pueblos indígenas resisten. Los tribunales están llenos de demandas de amparo de las comunidades contra el saqueo y la devastación de sus recursos. Varias han ganado la suspensión de esos proyectos.                                         

La presión indígena ha llegado también a organismos internacionales, como la OIT, la CIDH y la ONU. No ha sido en balde. Las recomendaciones de estos organismos han dado a los pueblos una herramienta en su lucha. Ellos han aprendido a utilizar la ley (en la medida de sus posibilidades) en su favor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ventilado múltiples demandas indígenas. Los comuneros de Cherán obtuvieron un sonado triunfo al nombrar a sus autoridades mediante su sistema normativo. Se ha abierto paso el principio de que hay que consultar a los pueblos y comunidades antes de que los gobiernos tomen medidas administrativas o de que legislaturas acuerden normas que los afecten.
                                              

Pero, más allá del terreno jurídico, las comunidades resisten por medio de la acción directa. Impiden el despojo movilizándose, bloqueando caminos, frenando en los hechos el pillaje, defendiéndose a sí mismos, haciendo paros, como el de los jornaleros de San Quintín. Lo hacen, al tiempo que se reconstruyen como pueblos, que reinventan sus tradiciones, que reafirman su identidad, que recuperan sus raíces.
                                         
En este proceso de resistencia ha sido clave el papel jugado por la alianza del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN. El congreso se fundó al calor de la lucha zapatista y de los acuerdos de San Andrés (que siguen sin cumplirse por parte del gobierno) durante una asamblea efectuada entre el 9 y el 11 de octubre de 1996, en la que participó la comandanta Ramona.
                                          

El CNI no es una organización tradicional. Es un espacio de encuentro y articulación de la diversidad y multiplicidad de expresiones que forman el movimiento indígena. No hay una convergencia nacional de los pueblos originarios de su importancia y trascendencia. Ha sido capaz de sobrevivir a la adversidad y a la represión.
El congreso ha desatado procesos organizativos en muchas regiones del país. Les ha dado a luchas, aparentemente aisladas, un horizonte nacional y ejes de acción sobre los cuales superar su carácter local. Además de la exigencia de cumplir con los acuerdos de San Andrés (que fue una de sus demandas originales), el CNI ha promovido programáticamente la resistencia al despojo y la autodefensa de las comunidades indígenas.
                                       


Este octubre, el CNI y el EZLN celebrarán el 20 aniversario de fundación del CNI. Realizarán su quinto congreso nacional en territorio zapatista, del 9 al 14 de octubre. Allí refrendarán su papel en la reconstitución integral de los pueblos y la construcción de una sociedad en la que quepan todas las culturas, todos los colores, todos los pueblos que integran el país. Será, en todo el sentido de la palabra, un acontecimiento.


martes, 11 de octubre de 2016

La derrota de Aurelio Nuño

                                    

Una bella maestra de suéter color lila pasa lista a sus alumnos en el salón de clases. Sonríe. Está sentada en una silla que se encuentra detrás de un robusto escritorio de madera. A sus espaldas hay un pizarrón en el que se han dibujado con gis operaciones matemáticas, una pequeña biblioteca y gran cantidad de materiales de apoyo escolar, incluido un globo terráqueo.
Frente a ella, en orden, vestidos con sus uniformes escolares, se encuentra un pequeño grupo de niños de no más de seis años de edad, que responden diligentemente a su nombre. Sus pupitres, también de madera, parecen nuevos.
Los estudiantes tienen nombres de héroes. Se llaman Josefa Ortiz, Miguel Hidalgo, Leona Vicario, Benito Juárez. Al ser nombrados, responden ¡presente!
                                         
                                        
Mientras, una voz en off explica: Para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de convertirse en grandes mexicanos, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República ponen en marcha la reforma educativa. Un gran paso para mover a México. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México.
El espot, transmitido una y mil veces en la televisión abierta y en la radio durante 2013, fue uno de las decenas de promocionales difundidos para vender la reforma educativa como si fuera golosina, producto de belleza o manual de autoyuda. Fue parte de una apabullante campaña de medios que incluyó la divulgación de comerciales disfrazados de información, opiniones de expertos y una avalancha de propaganda negativa contra quienes se oponen a la nueva norma. La campaña en favor de la reforma y contra sus detractores ha durado ya más de tres años y medio, sin que se haya detenido un solo día.
                                         

Pese a ello, los mexicanos que tienen una opinión negativa de la reforma educativa son más que los que la apoyan. Según el sondeo de GEA titulado México: política, sociedad y cambio; escenarios de gobernabilida d, publicado el 21 de septiembre pasado, 47 por ciento de los encuestados está en desacuerdo con esta reforma, contra 43 por ciento que la apoya.
Por donde se vea, es un enorme descalabro al gobierno federal en lo general y del secretario Aurelio Nuño en lo particular. En marzo de 2016, el porcentaje de aprobación era mucho mayor que ahora: 61 por ciento. En cuatro escasos meses, el apoyo a la norma cayó 18 puntos porcentuales. El aval que la reforma tiene ahora es el más bajo desde diciembre de 2013.
                                          

                                     
La campaña del gobierno en favor de la reforma ha estado acompañada de una incesante guerra de lodo contra la CNTE. Se ha difundido una imagen de los maestros que la integran en la que éstos son profesionales desobligados y abusivos, que compraron o heredaron sus plazas, culpables no sólo de los grandes problemas educativos, sino también de los nacionales. Se ha hecho una caricatura de sus dirigentes presentándolos como líderes inescrupulosos y corruptos, que se oponen a la reforma porque afecta sus intereses y negocios. Estas mentiras se han machacado una y otra vez en artículos de opinión, reportajes supuestamente objetivos y filtraciones en columnas periodísticas.
Incluso se han hecho montajes en los que supuestos maestros (en realidad vendedores ambulantes disfrazados) rapan por la fuerza a maestras que apoyan la reforma (en uno de los casos, una periodista que se hace pasar por profesora).
Esta campaña de odio contra la CNTE también ha fracasado. Según el sondeo de GEA, 40 por ciento de la población tiene una buena opinión de la coordinadora, y 7 por ciento muy buena, contra 24 por ciento que la desaprueban y 17 por ciento que tiene un parecer muy malo.
                                            

El fracaso de la estrategia gubernamental es un triunfo de la CNTE. Los 124 días de paro de la coordinadora por la abrogación de la reforma educativa, iniciados el pasado 15 de mayo, lograron que, a pesar de tener todo en contra, la opinión pública desapruebe mayoritariamente la reforma y tenga una opinión mayoritariamente favorable de su movimiento.
La jornada de lucha de la coordinadora puso en el centro de la agenda política nacional el rechazo a la reforma educativa. Un estudio de 17 periódicos nacionales muestra que, entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de este año, el tema que mereció más ocho columnas fue el de educación: 580 princesas, equivalentes a 20.4 por ciento del total. Esto, a pesar de que en abril (cuando todavía no empezaba el paro indefinido) el tema educativo ocupaba apenas el octavo lugar en primeras planas.
                                       

Para Aurelio Nuño, el resultado es catastrófico. Él quiso hacer de su política de mano dura hacia los maestros el centro de su campaña para obtener la nominación a la candidatura a la Presidencia por el PRI. Fracasó. Hoy nadie apuesta un centavo en favor de él.
Por el contrario, aunque provocó el enojo de los sectores empresariales más duros, la negociación con la CNTE permitió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, seguir con vida en su carrera presidencial.
El naufragio político de Nuño y la sobrevivencia de Osorio Chong no fueron resultado de una decisión política de la CNTE. Los maestros luchan por resolver sus demandas, no por quitar o poner funcionarios. La coordinadora no apoya a ningún político en su aspiración por ser candidato presidencial. Pero la actitud de esos funcionarios ante la inconformidad magisterial tuvo consecuencias para ellos.
                                            

Tocado, el secretario de Educación ha vuelto a la carga. Quiere venganza. Está decidido a hacer uso de la represión y la política de miedo. Despidió a 21 profesores de primaria de la Ciudad de México que participaron en las protestas magisteriales entre el 5 y el 14 de julio pasados. Se trata de cinco maestros de la escuela Ricardo Flores Magón, cuatro docentes de la López Portillo; 11 profesores de la Leonardo Bravo, y una maestra de la Alfredo E. Uruchurtu. Se trata de un escarmiento, pues en los paros participaron miles de docentes. Por lo visto, la venganza del secretario es reavivar el conflicto.


jueves, 6 de octubre de 2016

Ayotzinapa y el fin de la desventura del presente

                                      

Doña Delfina de la Cruz Santiago es madre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido hace dos años. A finales de marzo de este año, recibió una llamada telefónica de un enviado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El funcionario le ofreció dinero para que abandonara la lucha por la presentación con vida de su hijo. Ella le dijo que no.
No fue esa la primera ocasión en que autoridades gubernamentales le ofrecieron compensarla económicamente por su hijo. Durante el gobierno interino de Rogelio Ortega, la esposa de éste, Rosa Isela Ojeda, prometió a los familiares de los muchachos desaparecidos darles 10 mil pesos a cada uno. Todos rechazaron la oferta (https://goo.gl/nsVcjN).
                                      

Desde los primeros momentos de la agresión, el gobierno utilizó el señuelo de la chequera para tratar de cerrar el caso. No habían pasado ni 15 días del ataque cuando comenzaron a hablar de dinero a los familiares.
En reuniones que los padres tuvieron con estudiantes de El Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los padres denunciaron que representantes del gobierno de Guerrero les ofrecieron 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar a sus muchachos.
Llega gente del gobierno diciéndonos: ‘sabes qué, ¿necesitas algo?, ¿te podemos ayudar en algo? Mira, firma estos papeles, te vamos a dar 100 mil pesos’. ¿Para qué? Para que nos calláramos”, narró a los jóvenes Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz.
                                 

No les sirvió de mucho. Según don Bernabé, “A muchos compañeros padres de familia también los anduvieron buscando pa’darles la cantidad. Nosotros dijimos: ‘realmente mi hijo no vale 100 mil pesos’” (https://goo.gl/w9vccM).
Pero las autoridades no bajaron la guardia. Seguidores de la máxima del profesor Carlos Hank González, de que en política, lo que se resuelve con dinero sale barato, siguieron insistiendo en disparar sus cañonazos de miles de pesos. Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez –otro de los muchachos desaparecidos– denunció en febrero de 2015: Quieren que paremos todo y últimamente nos están ofreciendo dinero; están citando uno a uno a los padres, a escondidas, pero si me tocará a mí, les digo que no aceptaré nada que venga del gobierno (https://goo.gl/NMkcTm).
                                   

Y, como el ofrecimiento de disparar plata no caminó, alguien decidió también descargar plomo. En febrero de 2015, los normalistas de Ayotzinapa Uriel Alonso Solís, de 21 años, y Gamaliel Cruz visitaron Tijuana para dar a conocer su lucha. Allí denunciaron que “El gobierno ha estado amenazando a padres de familia y miembros del comité… nos han dicho que si no dejamos de andar de alboroteros, que nos atengamos, que nosotros también tenemos familia… Tenemos miedo por una parte, pero primero está la dignidad; no queremos saber si es el crimen organizado o el gobierno, porque es lo mismo. Han ido a las casas, llegan policías y les ofrecen dinero, dijimos que nadie iba a hablar de esto, pero queremos hacerlo público. ¡Ya basta!”, reveló Uriel Alonso Solís (https://goo.gl/Ojglwx).
A finales de junio pasado, apenas hace unos meses, los padres recibieron mensajes anónimos donde les advierten que serán atacados en uno de sus traslados carreteros, y harán que todo parezca un accidente. No eran sólo palabras. El 25 de ese mes, mientras transitaban en autobús Estrella de Oro por el bulevar que atraviesa la ciudad de Cuernavaca, un automóvil trató infructuosamente de cerrarles el paso. Sin embargo, más adelante, las mismas personas que iban a bordo del vehículo aventaron piedras a las ventanas del camión en movimiento.
                                      

No han bastado las amenazas. Varios estudiantes de Ayotzinapa (especialmente Omar García), los familiares de los jóvenes agredidos y desaparecidos, y sus abogados (destacadamente Vidulfo Rosales), han sido víctimas de campañas en la prensa en las que se les calumnia y ofende. Falsamente se les quiere asociar con narcotraficantes, presentar como racistas y vividores.
Además de cargar sobre sus hombros el dolor de las agresiones y de la desaparición de sus hijos, los padres y estudiantes sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre en Iguala llevan a cuestas el desprecio de las autoridades y las injurias de sus detractores.
Para los funcionarios gubernamentales es inconcebible que los familiares de los desaparecidos rechacen el dinero que les ofrecen. No entienden que, teniendo tantas carencias materiales, habiendo tenido que dejar de lado sus trabajos, la atención de sus parcelas y animales y el cuidado de otros seres queridos, pasando tantas privaciones, las víctimas no cejen en su empeño de encontrar con vida a sus hijos. No comprenden cómo esos padres siguen viajando por todo México y el extranjero para dar su testimonio y exigir justicia sin dar muestra alguna de cansancio. Los sorprende que, a pesar de tantas adversidades, sigan unidos.
                                           

Y, aunque arriba no lo entiendan, Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los normalistas, lo ha dicho con toda claridad: ‘‘Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos”. Tampoco han cedido a las amenazas, a los chantajes y a los ultrajes.
Los padres de los 43 son, por mérito propio, una referencia ético-política de las gestas cívicas de nuestro pueblo. Gracias a su voluntad incorruptible de encontrar a sus hijos, hay un México antes de Ayotzinapa y uno después. Su dignidad ha trazado esa nueva frontera. Su acción, tenaz y ejemplar, ha permitido vislumbrar esa línea imaginaria que separa la tierra del cielo en la que se supera la desventura de este presente.


miércoles, 5 de octubre de 2016

Magisterio: lección de dignidad

                                       
                                                                                 
Este lunes 19 de septiembre, los maestros de Chiapas regresaron a clases y levantaron el campamento instalado en Tuxtla Gutiérrez. Sin dar tregua, estuvieron en paro y en plantón 124 días.
No se fueron con las manos vacías. Arrancaron a las autoridades federales un pacto político verbal, sin minuta, en el que se establece que la reforma educativa (evaluaciones de promoción y permanencia) no se aplicará en la entidad en lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto y el del gobernador Manuel Velasco Coello.
                                           

Los trabajadores de la educación de Chiapas eran el último contingente de la CNTE en mantener la huelga nacional iniciada el 15 de mayo para abrogar la reforma educativa. Días antes, Oaxaca, Guerrero y Michoacán habían retornado a las aulas.
La decisión de replegarse organizadamente no fue de los dirigentes del movimiento, sino producto de una consulta entre más de 55 mil maestros. De acuerdo con las actas escrutadas, votaron en favor de regresar a clases 266 asambleas delegacionales y de centro de trabajo y se opusieron 191. En 169 más no hubo actas. El levantamiento del paro fue decidido por los maestros de banquillo, no por sus líderes. El conteo fue público, no secreto, y estuvo a cargo de una comisión de profesores de base.
El acuerdo de los docentes fue avalado por el Comité Estatal Democrático de Padres de Familia. Según Elizabeth Hernández, representante de los padres, el movimiento magisterial y popular obtuvo en estas jornadas de lucha un importante triunfo. Lejos de ser una claudicación, el repliegue es un receso temporal que les va a permitir elaborar nuevas estrategias de lucha contra la reforma educativa y contra las reformas estructurales.
                                         
                                       
El pacto político acordado por el movimiento con el gobierno federal y estatal consta de 11 puntos. El primero es el congelamiento de la reforma educativa en la entidad. El segundo es el reconocimiento de la bilateralidad en las comisiones mixtas SEP-SNTE en Chiapas, es decir, de los ascensos, cambios, promociones, contrataciones y permutas de todos los niveles.
Entre los puntos acordados está también el pago de salarios adeudados, tanto con fondos del gobierno estatal como con recursos del Fone. Asimismo, la limpieza de los procesos judiciales en curso (órdenes de aprehensión, actas administrativas, carpetas de investigación, registros de atención…) en contra de trabajadores de la educación, padres de familia y movimientos sociales, como resultado de su participación en las movilizaciones contra la reforma educativa.
                                             

El acuerdo fue tomado originalmente en una reunión efectuada en la Ciudad de México el 31 de agosto. Sin embargo, días después fue desconocido públicamente por su principal artífice federal, el aún subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, y por el de Educación Pública, Aurelio Nuño.
Los maestros de Chiapas respondieron al desmentido oficial manteniendo el paro y ocupando el palacio de gobierno y la Cámara de diputados local. Este movimiento tan grande –dijeron en conferencia de prensa– no se hizo para irse sin nada. Para ellos, el ofrecimiento de Luis Enrique Miranda no era una iniciativa formulada a título individual sino un compromiso institucional.
                                       

Días después, ya como secretario de Sedesol, Luis Enrique Miranda viajó a Tuxtla Gutiérrez a ratificar su oferta inicial. La tarde del 12 de septiembre, en el hangar del gobierno del estado en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, se efectuó una nueva reunión con miembros del gabinete de la entidad, Miranda Nava y representantes magisteriales. Allí estuvieron el gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Educación de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos. Por parte del movimiento estuvo presente una comisión de alrededor de 80 personas, representantes magisteriales, estudiantiles y de padres de familia.
Durante el encuentro, los funcionarios gubernamentales sostuvieron, sin minuta de por medio, su compromiso político de 11 puntos. Los maestros ofrecieron llevarlo nuevamente a consulta. En la madrugada del 13 de septiembre, la asamblea estatal de la sección 7 acordó realizar una ronda de asambleas delegacionales para darle una salida política a la lucha.
El mismo día 13, las diferencias sobre el futuro del movimiento afloraron acaloradamente al interior. Una minoría de maestros, apoyada por algunos padres de familia, sostuvo que era necesario mantener el paro indefinido y exigió anular las actas de consulta. Según ellos, el repliegue táctico era una traición de los líderes. Finalmente, hicieron abortar la asamblea estatal. A pesar de ello, la auscultación siguió adelante, y la mayoría de los maestros de base acordaron el regreso a clases.
                                        

El repliegue del magisterio chiapaneco no implica desmovilización. No estamos dejando tirada ninguna responsabilidad del accionar. Es vigente que vamos a seguir haciendo manifestaciones, advirtió Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la sección 7. Añadió: No se determina que vamos a estar encerrados en las aulas y ya no regresar a las calles. Hay que ir a hacer asambleas con todas las instancias correspondientes, padres de familia, organizaciones, población. Hemos entendido que la mal llamada reforma educativa no va caer sólo con el accionar del movimiento. Las reformas estructurales tienen que caer con base en una presión total del pueblo, pero del pueblo organizado. Tenemos que hablar de un estallido social y conjuntar los esfuerzos.
Al hacer su balance personal del movimiento en su muro de Facebook, una profesora escribió: Los maestros chiapanecos hemos marcado historia y esa historia podré contársela a mis hijos. Efectivamente, durante estos 124 días de paro los docentes chiapanecos dieron al país entero una de las más brillantes lecciones de dignidad cívica en la historia reciente. Sus hijos sabrán estar orgullosos de ellos y de ellas.


La locomotora chiapaneca

                                              

El gobierno federal abortó la posibilidad de que los maestros de Chiapas regresaran a clases. A los pocos días de hacer una oferta para congelar la aplicación de la reforma educativa en la entidad, reculó. Tanto el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, como el de Educación Pública, Aurelio Nuño, negaron en público lo que la administración de Enrique Peña Nieto ofreció en privado desde días antes.
La reunión donde se formuló la propuesta gubernamental se efectuó en la Ciudad de México el 31 de agosto. Participó en ella una comisión de 15 dirigentes sindicales de las secciones 7 y 40 de Chiapas. Luis Enrique Miranda asistió con la representación del gobierno federal. Estuvieron presentes el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el presidente del consejo de Chiapas, Eduardo Ramírez, y Roberto Rubio, secretario técnico del Gobierno de esa entidad.
                                        

Allí, el subsecretario Miranda ofreció verbalmente –advirtiendo que no lo iba a hacer por escrito– congelar la reforma educativa en Chiapas hasta el fin del sexenio. La reforma va porque va –dijo–, pero yo me comprometo –y tengo la facultad, la disposición del Presidente de la República– para que en Chiapas no pase. Prometió respetar la bilateralidad en las relaciones laborales, conservar la cadena de cambios, los ascensos, las permutas, conciliar 2 mil 700 plazas y pagar salarios retenidos.
El movimiento magisterial acordó consultar esta propuesta a sus bases para definir si se la aceptaba y, en caso de que así fuera, retornar a las aulas. La decisión quedó en manos de todos y cada uno de los maestros y no de los dirigentes. Sin embargo, en plena consulta, tanto el subsecretario Miranda como Aurelio Nuño negaron públicamente el ofrecimiento federal. Más aún, altanero y provocador, el secretario de Educación anunció el despido de miles de maestros.
Ante la trampa gubernamental, la sección 7 suspendió la auscultación.Lo que ofreció Miranda no lo hizo como persona, lo ofreció como institución y tuvo que consultar con Osorio Chong y él con Peña Nieto, así que no se hagan tontos. La consulta queda anulada porque las bases entienden que el gobierno no ofrece nada y este movimiento tan grande no se hizo para irse sin nada, afirmaron en conferencia de prensa voceros de la CNTE. El acuerdo de los profesores es que en Chiapas el paro se mantiene y la protesta se intensifica, ocupando el palacio de gobierno y el Congreso estatal.
                                      

El magisterio chiapaneco cuenta con la unidad, organización y disciplina para sostener el paro indefinido. Desde que comenzó la suspensión de labores el pasado 15 de mayo, el movimiento ha resistido todo: represión policial abierta, el encarcelamiento en el penal de alta seguridad de Nayarit de 18 maestros de base acusados de terrorismo, el asesinato del profesor David Gemayel Ruiz, campañas de estigmatización, despidos y retención de salarios.
La actual jornada de lucha por la abrogación de la reforma educativa fue anticipada por otra efectuada en 2013. Hace poco menos de dos años, los maestros chiapanecos realizaron un exitoso paro de 87 días, que comenzó el 1º de septiembre de 2013 y terminó el 20 de noviembre. La protesta fue masiva. Según José Luis Escobar Pérez, aunque las autoridades amenazaron como ahora lo hacen, con cesarnos y sancionarnos administrativamente en nuestra contra, no pudieron hacerlo. La movilización culminó con la firma de una minuta que garantizó sus derechos y el carácter bilateral del sindicato.
                                              

La CNTE nació en diciembre de 1979 en Chiapas. No fue casualidad que se fundara en aquellas tierras. Los maestros de ese estado, junto a los de Tabasco, efectuaron un paro indefinido en mayo de ese año. Desde entonces han desempeñado un papel central en la movilización por la independencia y democracia gremial.
La actual dirección de la sección 7, en parte proveniente de la experiencia formativa de la normal rural de Mactumatzá, es heredera de lo mejor de esa tradición de lucha iniciada en 1979. Apenas en julio de 2013 lo­gró recuperar la conducción del sindicato, en manos del charrismo desde 2008, cuando Elba Esther Gordillo impuso al frente de ella a Rosendo Galíndez (http://goo.gl/KphmMH), un antiguo integrante de la CNTE a quien ella cooptó.
Un papel central en la forja de la combatividad actual fueron las protestas contra la evaluación punitiva del 8, 9 y 10 de diciembre de 2015. El gobierno sabía que si lograba imponer esa evaluación en Chiapas, donde había un rechazo total, era seguro que la reforma avanzaría como aplanadora. Nosotros entendíamos bien eso. Y por eso decidimos que las evaluaciones no pasarían, narra José Luis Escobar. Nos la adelantaron. Y al cuarto para las 12 convocamos a nuestras bases a llegar a la capital para detenerla. Nos fuimos a Llano San Juan. Éramos más de 100 mil almas. Allí hubo un enfrentamiento con la Policía Federal (que iba armada), en el cual fue asesinado el compañero David Gemayel Ruiz.
                                                

La nueva etapa de lucha, iniciada hace casi cuatro meses, ha tenido momentos muy dramáticos. El 15 de mayo se instaló un campamento magisterial en el centro de Tuxtla Gutiérrez. El gobierno respondió amagando con desalojarlo y con vuelos rasantes de helicópteros. Pero gracias a la sociedad civil, que salió a las calles para manifestarse, esas amenazas se suspendieron. Irónicamente, en lugar de que la represión haya debilitado al movimiento, lo ha fortalecido.
Los choques con la policía han sido muy duros. El pueblo ha salido a las calles a defender a los maestros. No son acciones programadas. Son expresiones de descontento espontáneas, nacidas del coraje de ver que un grupo de policías hace uso indiscriminado de la violencia. El 25 de marzo, en Chiapa de Corzo, la población indignada corrió a la Policía Federal de la ciudad. A raíz de ese ejemplo, los padres de familia de las colonias populares de Tuxtla Gutiérrez se armaron de valor y dieron un ultimátum a los federales para que se fueran.
                                         

Si en algún lugar la protesta de los maestros se ha convertido en un verdadero movimiento popular es en Chiapas. El gobierno debió pensarlo antes de maniobrar tan burdamente como lo hizo. La locomotora magisterial chiapaneca contra la reforma educativa no se detiene. Tampoco se descarrila.