Doña
Delfina de la Cruz Santiago es madre de Adán Abraham de la Cruz, uno
de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido hace dos años. A
finales de marzo de este año, recibió una llamada telefónica de un
enviado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El funcionario
le ofreció dinero para que abandonara la lucha por la presentación
con vida de su hijo. Ella le dijo que no.
No
fue esa la primera ocasión en que autoridades gubernamentales le
ofrecieron compensarla económicamente por su hijo. Durante el
gobierno interino de Rogelio Ortega, la esposa de éste, Rosa Isela
Ojeda, prometió a los familiares de los muchachos desaparecidos
darles 10 mil pesos a cada uno. Todos rechazaron la oferta
(https://goo.gl/nsVcjN).
Desde
los primeros momentos de la agresión, el gobierno utilizó el
señuelo de la chequera para tratar de cerrar el caso. No habían
pasado ni 15 días del ataque cuando comenzaron a hablar de dinero a
los familiares.
En
reuniones que los padres tuvieron con estudiantes de El Colegio de
México y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los
padres denunciaron que representantes del gobierno de Guerrero les
ofrecieron 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar a sus
muchachos.
“Llega
gente del gobierno diciéndonos: ‘sabes qué, ¿necesitas algo?,
¿te podemos ayudar en algo? Mira, firma estos papeles, te vamos a
dar 100 mil pesos’. ¿Para qué? Para que nos calláramos”, narró
a los jóvenes Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la
Cruz.
No
les sirvió de mucho. Según don Bernabé, “A muchos compañeros
padres de familia también los anduvieron buscando pa’darles la
cantidad. Nosotros dijimos: ‘realmente mi hijo no vale 100 mil
pesos’” (https://goo.gl/w9vccM).
Pero
las autoridades no bajaron la guardia. Seguidores de la máxima del
profesor Carlos Hank González, de que en
política, lo que se resuelve con dinero sale barato,
siguieron insistiendo en disparar sus cañonazos de miles de pesos.
Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez –otro de los
muchachos desaparecidos– denunció en febrero de 2015: Quieren
que paremos todo y últimamente nos están ofreciendo dinero; están
citando uno a uno a los padres, a escondidas, pero si me tocará a
mí, les digo que no aceptaré nada que venga del gobierno
(https://goo.gl/NMkcTm).
Y,
como el ofrecimiento de disparar plata no caminó, alguien decidió
también descargar plomo. En febrero de 2015, los normalistas de
Ayotzinapa Uriel Alonso Solís, de 21 años, y Gamaliel Cruz
visitaron Tijuana para dar a conocer su lucha. Allí denunciaron que
“El gobierno ha estado amenazando a padres de familia y miembros
del comité… nos han dicho que si no dejamos de andar de
alboroteros, que nos atengamos, que nosotros también tenemos
familia… Tenemos miedo por una parte, pero primero está la
dignidad; no queremos saber si es el crimen organizado o el gobierno,
porque es lo mismo. Han ido a las casas, llegan policías y les
ofrecen dinero, dijimos que nadie iba a hablar de esto, pero queremos
hacerlo público. ¡Ya basta!”, reveló Uriel Alonso Solís
(https://goo.gl/Ojglwx).
A
finales de junio pasado, apenas hace unos meses, los padres
recibieron mensajes anónimos donde les advierten que serán atacados
en uno de sus traslados carreteros, y harán que todo parezca un
accidente. No eran sólo palabras. El 25 de ese mes, mientras
transitaban en autobús Estrella de Oro por el bulevar que atraviesa
la ciudad de Cuernavaca, un automóvil trató infructuosamente de
cerrarles el paso. Sin embargo, más adelante, las mismas personas
que iban a bordo del vehículo aventaron piedras a las ventanas del
camión en movimiento.
No
han bastado las amenazas. Varios estudiantes de Ayotzinapa
(especialmente Omar García), los familiares de los jóvenes
agredidos y desaparecidos, y sus abogados (destacadamente Vidulfo
Rosales), han sido víctimas de campañas en la prensa en las que se
les calumnia y ofende. Falsamente se les quiere asociar con
narcotraficantes, presentar como racistas y vividores.
Además
de cargar sobre sus hombros el dolor de las agresiones y de la
desaparición de sus hijos, los padres y estudiantes sobrevivientes
del ataque del 26 de septiembre en Iguala llevan a cuestas el
desprecio de las autoridades y las injurias de sus detractores.
Para
los funcionarios gubernamentales es inconcebible que los familiares
de los desaparecidos rechacen el dinero que les ofrecen. No entienden
que, teniendo tantas carencias materiales, habiendo tenido que dejar
de lado sus trabajos, la atención de sus parcelas y animales y el
cuidado de otros seres queridos, pasando tantas privaciones, las
víctimas no cejen en su empeño de encontrar con vida a sus hijos.
No comprenden cómo esos padres siguen viajando por todo México y el
extranjero para dar su testimonio y exigir justicia sin dar muestra
alguna de cansancio. Los sorprende que, a pesar de tantas
adversidades, sigan unidos.
Y,
aunque arriba no lo entiendan, Felipe de la Cruz, uno de los voceros
de los normalistas, lo ha dicho con toda claridad: ‘‘Han venido a
ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los
43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender
a nuestros hijos”. Tampoco han cedido a las amenazas, a los
chantajes y a los ultrajes.
Los
padres de los 43 son, por mérito propio, una referencia
ético-política de las gestas cívicas de nuestro pueblo. Gracias a
su voluntad incorruptible de encontrar a sus hijos, hay un México
antes de Ayotzinapa y uno después. Su dignidad ha trazado esa nueva
frontera. Su acción, tenaz y ejemplar, ha permitido vislumbrar esa
línea imaginaria que separa la tierra del cielo en la que se supera
la desventura de este presente.
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