Luz
Elena Govea es diputada local en Guanajuato. Pertenece al PRI. El 14
de abril pasado fue destituida del cargo de presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de ese estado por discriminar a
indígenas.
Ocho
días antes, en una reunión en Guanajuato con mujeres representantes
de las naciones pame y otomí, que demandaban mejores opciones
laborales y educativas, la diputada Govea López les dijo: No
me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de
un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio; yo me las
imagino en el campo, yo las creo en sus casas haciendo artesanías,
yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades
indígenas.
La
actitud discriminatoria de la diputada priísta hacia los indígenas
dista de ser una excepción. El 19 de mayo de 2015 se difundió en
redes sociales una conversación telefónica del consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en
la que se burla de los pueblos originarios.
En
la charla de Córdova con el secretario ejecutivo del instituto,
Edmundo Jacobo Molina, el consejero se mofa del gobernador nacional
de los pueblos y comunidades indígenas, Hipólito Arriaga Pote, y
del jefe supremo de la tribu chichimeca en Guanajuato, Mauricio Mata
Soria, que exigía la creación de una sexta circunscripción
electoral para garantizar en la Cámara de Diputados la
representación de los pueblos originarios.
“A
ver, güey –dice el consejero presidente–, no mames, no voy a
mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, te lo voy a
decir: ‘yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir
a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’.
“Se
ve que este güey –se pitorrea Córdova– …yo no sé si sea
cierto que hable así, cabrón, pero, no mames, vio mucho Llanero
solitario,
con eso del Toro… no mames… me cai que le faltó decir, ‘yo
gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca’; no mames,
cabrón, está de pánico.”
El 12 de octubre de 1992 zapatistas derribaron la estatua de Diego de Mazariegos
Encuestas
han documentado las muestras de racismo hacia los indios en México.
Una, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública de la Cámara de Diputados, concluyó que según ocho de
cada 10 encuestados en el país existe mucha discriminación en
contra de indígenas. Ochenta y seis por ciento mencionaron que se
les discrimina mucho cuando intentan conseguir trabajo, cuando son
juzgados por el sistema penal (84 por ciento) y cuando acuden a
centros de salud (78 por ciento).
12 de octubre 1992, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
De
la mano del racismo contra los pueblos indios caminan la explotación,
la opresión, la marginación y el despojo de sus recursos naturales,
sus tierras y sus territorios. La discriminación legitima
el expolio. Si antes eran víctimas de los grandes ganaderos y los
acaparadores, hoy sufren el asalto indiscriminado de la minería a
cielo abierto, los megaproyectos, los talabosques, las grandes
empresas turísticas, los conglomerados agroindustriales, los
laboratorios químicos y farmacéuticos, las compañías generadoras
de energía y los cárteles
de
la droga.
Pese
a la adversidad y el poderío de sus expoliadores, los pueblos
indígenas resisten. Los tribunales están llenos de demandas de
amparo de las comunidades contra el saqueo y la devastación de sus
recursos. Varias han ganado la suspensión de esos proyectos.
La
presión indígena ha llegado también a organismos internacionales,
como la OIT, la CIDH y la ONU. No ha sido en balde. Las
recomendaciones de estos organismos han dado a los pueblos una
herramienta en su lucha. Ellos han aprendido a utilizar la ley (en la
medida de sus posibilidades) en su favor.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ventilado múltiples
demandas indígenas. Los comuneros de Cherán obtuvieron un sonado
triunfo al nombrar a sus autoridades mediante su sistema normativo.
Se ha abierto paso el principio de que hay que consultar a los
pueblos y comunidades antes de que los gobiernos tomen medidas
administrativas o de que legislaturas acuerden normas que los
afecten.
Pero,
más allá del terreno jurídico, las comunidades resisten por medio
de la acción directa. Impiden el despojo movilizándose, bloqueando
caminos, frenando en los hechos el pillaje, defendiéndose a sí
mismos, haciendo paros, como el de los jornaleros de San Quintín. Lo
hacen, al tiempo que se reconstruyen como pueblos, que reinventan sus
tradiciones, que reafirman su identidad, que recuperan sus raíces.
En
este proceso de resistencia ha sido clave el papel jugado por la
alianza del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN. El congreso
se fundó al calor de la lucha zapatista y de los acuerdos de San
Andrés (que siguen sin cumplirse por parte del gobierno) durante una
asamblea efectuada entre el 9 y el 11 de octubre de 1996, en la que
participó la comandanta
Ramona.
El
CNI no es una organización tradicional. Es un espacio de encuentro y
articulación de la diversidad y multiplicidad de expresiones que
forman el movimiento indígena. No hay una convergencia nacional de
los pueblos originarios de su importancia y trascendencia. Ha sido
capaz de sobrevivir a la adversidad y a la represión.
El
congreso ha desatado procesos organizativos en muchas regiones del
país. Les ha dado a luchas, aparentemente aisladas, un horizonte
nacional y ejes de acción sobre los cuales superar su carácter
local. Además de la exigencia de cumplir con los acuerdos de San
Andrés (que fue una de sus demandas originales), el CNI ha promovido
programáticamente la resistencia al despojo y la autodefensa de las
comunidades indígenas.
Este
octubre, el CNI y el EZLN celebrarán el 20 aniversario de fundación
del CNI. Realizarán su quinto congreso nacional en territorio
zapatista, del 9 al 14 de octubre. Allí refrendarán su papel en la
reconstitución integral de los pueblos y la construcción de una
sociedad en la que quepan todas las culturas, todos los colores,
todos los pueblos que integran el país. Será, en todo el sentido de
la palabra, un acontecimiento.
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