Pablo
Andrés García Cruz es párroco de la iglesia Martes Santo, en
Juchitán, Oaxaca. El pasado miércoles 5 de junio ofició una misa
en la carretera Panamericana, a la altura del entronque Canal 33.
Allí se encontraban maestros y padres de familia que establecieron
un retén carretero.
En
su homilía –narró Ixtel Welt–, el sacerdote García Cruz
explicó que los profesores bloquean las vialidades no por gusto o
por capricho sino para defender una causa noble y su propio trabajo,
que es sagrado. Los maestros –dijo– ya quisieran estar en la
escuela dando clases, en lugar de padecer incomodidades.
El
presbítero hizo un llamado al secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, a ver las cosas serenamente, no con intereses y
dobleces, y a sentarse a dialogar verdaderamente con los profesores,
no con mentiras ni falsas promesas. Demandó no enviar a las fuerzas
federales a reprimir a los docentes. Y le preguntó: ¿cómo no se le
conmueven las entrañas? ¿Qué entrañas tiene?
La
policía –advirtió el presbítero– debe considerar que no está
enfrentando a una bola de gente que no sabe lo que hace, sino a gente
preparada, estudiada, que ha estado en una universidad pedagógica.
“Es –dijo– gente que piensa”.
Los
asistentes al rito oraron en zapoteco y español, se tomaron las
manos y rezaron pidiendo por el diálogo y la paz. Presentes en el
acto, los familiares de los profesores Francisco Villalobos y de
Heriberto Magariño, dirigentes de la sección 22 detenidos por el
gobierno, pidieron por su liberación.
El
padre García Cruz no es el único cura que defiende los retenes
populares en las vialidades. Mientras caminaba por la barricada de la
comunidad de Santa María Huamelula, en la costa oaxaqueña, el
sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de
migrantes Hermanos en el Camino, manifestó su total respaldo a los
maestros. Existe –explicó– mucha molestia por los
bloqueos y cierres carreteros que encabezan los profesores, pero si
no se hace así, este gobierno seguirá haciendo de las suyas.
Finalmente urgió a las autoridades federales y estatales a
privilegiar el diálogo y evitar la represión
(http://goo.gl/IO7rpP).
La
solidaridad de los religiosos hacia las protestas docentes es un
indicador de hasta dónde la lucha magisterial en Oaxaca ha dejado de
ser un movimiento exclusivamente gremial contra la reforma educativa
y se ha transformado en una enorme movilización social. La gota que
derramó el vaso fue la arbitraria detención de los dirigentes de la
sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los ánimos del
pueblo oaxaqueño están encendidos. Y como parte de su enojo, desde
la noche del domingo 12 de junio han hecho los bloqueos carreteros y
las barricadas que han brotado como hongos.
Esos
bloqueos surgieron espontáneamente. No fueron un acuerdo de la
asamblea estatal de la sección 22, máximo órgano de dirección del
movimiento. Fueron convocados en puntos clave de la geografía
regional por el tañido de las campanas de las iglesias y la
estallido de los cohetes. Cercaron el estado y dificultaron
enormemente el traslado y abastecimiento de las fuerzas policiales
responsables de la represión.
Los
funcionarios oaxaqueños fueron, durante casi una semana, una especie
de fantasmas que hacían declaraciones desde lugares desconocidos y
los difundían mediante las redes sociales. Su presencia fue virtual.
Nadie los vio en las calles. La administración pública se paralizó.
Simultáneamente, desobedeciendo al gobernador, centenares de
municipios y autoridades ejidales y comunales expresaron públicamente
su apoyo a los profesores y exigieron al gobierno federal sentarse a
dialogar.
Pero
en lugar de atender los llamados al diálogo hechos por los
sacerdotes católicos y autoridades municipales, el gobierno federal
intensificó la represión. En los hechos, impuso un estado de sitio.
El sábado 18 de junio policías se concentraron para tratar de
desalojar los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. No tuvieron mucho
éxito. En ciudades como Salina Cruz se dio una verdadera batalla
campal de más de cuatro horas de duración. Tan pronto como las
policías lograban desbaratar una barricada los pobladores volvían a
instalarla.
Un
día después, la violencia gubernamental aumentó. A las 8.30 de la
mañana del domingo, día de plaza, la Policía Federal lanzó una
salvaje ofensiva en Nochixtlán. Allí estaban concentrados más de 2
mil pobladores mixtecos de San Andrés Sinaxtla, Yanhuitlán,
Suchixtlahuaca y Tilantongo, que habían bajado a comprar y vender.
Cuando las fuerzas federales atacaron a los maestros y a los padres,
la multitud cercó a los policías. Éstos respondieron lanzando más
gases y disparando armas de alto poder contra hombres, mujeres y
niños, ancianos y jóvenes. La orden que recibieron –según
cuentan Genaro Bautista y Franco Gabriel– fue: tiren
a matar.
La cumplieron cabalmente. Fueron asesinados ocho maestros,
estudiantes y campesinos indígenas. Heridos más de 50.
Dar
la instrucción de desalojar violentamente un acto de protesta en un
mercado indígena es una absoluta irresponsabilidad. Los pequeños
comerciantes y marchantes respondieron solidarizándose con los
agredidos. Los mixtecos son un pueblo guerrero. Lo han sido por
siglos. Agredirlos y suponer que no van a responder es un acto de
ingenuidad. En Nochixtlán la Policía Federal actuó con ignorancia
y torpeza. Su respuesta a la ira popular fue criminal.
Otros
desalojos igual de violentos se produjeron en Hacienda Blanca y en
Viguera. Al igual que en Nochixtlán, el helicóptero lanzó gases
lacrimógenos contra los manifestantes y la policía disparó y atacó
al personal médico que atendía heridos. En Hacienda Blanca, grupos
de francotiradores agredieron a los pobladores. Un menor fue
asesinado.
No
hace falta ser adivino para vislumbrar que la política de Aurelio
Nuño hacia los maestros oaxaqueños iba a precipitar una crisis como
la que se vive. Basta conocer mínimamente la historia del movimiento
magisterial en la entidad para saber que algo así iba a suceder. La
arrogancia, ineptitud política y compromisos que el secretario de
Educación tiene con las cúpulas empresariales transformaron un
asunto meramente pedagógico en un grave problema político nacional.
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