Una chicana, según el
diccionario de la Real Academia Española, es una artimaña, un
procedimiento de mala fe. Una chicana fue, lisa y llanamente, lo que
la Procuraduría General de la República (la PGR) hizo al dar a
conocer de manera unilateral y sesgada los resultados preliminares
del tercer peritaje sobre el basurero de Cocula.
La chicana comenzó
desde la misma conferencia de prensa a la que la PGR convocó para
difundir el peritaje preliminar. Ante los medios de comunicación, el
subprocurador Eber Omar Betanzos, y Ricardo Damián Torres, director
regional para América Latina de la firma PT&C/LWG Forensic
Consulting Services, con una importante cartera de negocios en México
(http://goo.gl/cQjIY5), dieron la
bienvenida a los presentes y leyeron dos documentos. Todo en apenas
unos cuatro minutos. Al terminar agradecieron la presencia de los
periodistas, se levantaron de la mesa y se fueron. A pesar de la
importancia del tema, no permitieron ni una sola pregunta. ¡Ni una!
A la conferencia de
prensa no asistieron los otros cinco expertos en materia de fuego.
Tampoco los integrantes del Grupo Interdiciplinario de Expertos
Independientes (GIEI). Todos tendrían que haber participado.
La PGR y el GIEI
firmaron un acuerdo en febrero pasado en el que se fijaron las bases
para el nuevo estudio. Allí se estipuló que los peritos debían
guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y que
todas las fases del estudio se realizarían de consenso.
El pasado 1º de abril, la procuraduría rompió el convenio.
A pesar de que ninguno
de los expertos podía acudir como vocero o representante del grupo,
sin presentar de manera clara a los integrantes, y sin explicar por
qué había sido elegido, Ricardo Damián Torres, que fue
seleccionado a la comisión de expertos de fuego por la procuraduría,
fue presentado a los periodistas por parte del subprocurador Betanzos
como el vocero de sus compañeros.
El informe preliminar
dado a conocer por la PGR rompe el acuerdo signado el 29 de octubre
de 2014 entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de
los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El documento señala que
ninguna dependencia del gobierno federal dará información a la
prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin
notificar previamente a una comisión mixta de seguimiento e
información. Ni los padres ni sus representantes fueron informados
de lo que se dijo en la conferencia de prensa.
En una reunión con el
GIEI, previa a la conferencia de prensa, Damián dijo que lo que iba
a informar en ésta era que no se había podido
determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo
necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para
determinarlo. Mintió. Ante los medios de
comunicación, se refirió a partes del contenido de un informe
provisional, no analizadas por el GIEI, y que no tienen el consenso
del resto de los expertos de fuego. Volvió a mentir.
En el documento que
Damián Torres leyó a los periodistas en un español con marcado
acento estadunidense, trató de revivir la verdad
histórica del gobierno federal. Tramposamente,
dijo que sí existió un evento de fuego controlado en el basurero de
Cocula; que 17 adultos fueron quemados en el lugar, y que las
condiciones de tiempo y circunstancias indican la posibilidad de que
fueran quemados 43 cuerpos, aunque sólo con una prueba a gran escala
podría confirmarse esa hipótesis.
Tramposamente, porque
Torres adelantó información de una investigación que aún no
concluye, presentándola como si fuera definitiva. Porque antes de la
conferencia de prensa del 1º de abril, el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) había documentado que en el basurero de
Cocula se encontraron restos de 19 personas, pero que no hay
evidencia de su identidad ni de cuándo fueron depositados allí.
Porque el ejecutivo de PT&C/LWG Forensic Consulting Services no
especificó cuándo pudo haber ocurrido ese fuego. Porque el mismo
EAAF había reconocido la existencia de varios fuegos en el basurero
de Cocula anteriores al 26 de septiembre de 2014.
Nada más terminar la
conferencia de prensa, se lanzó en redes sociales un intenso
bombardeo contra el GIEI, continuación del que comenzó a partir de
que los expertos hicieron cenizas el relato de la PGR. Miles de boots
se dedicaron a tratar de revivir la verdad
histórica y a calumniar a la comisión. Después,
para tratar de rematar la ofensiva, entraron en acción los
columnistas del régimen.
La chicana gubernamental
fue respondida por el GIEI, que advirtió que la PGR había roto
el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, vista la falta de
cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para
este caso en el camino. También supone una ruptura de los criterios
establecidos en las bases del estudio.
Adicionalmente, el EAAF
salió al paso de la maniobra de la procuraduría. En un detallado
documento, refutó paso a paso las mentiras e inconsistencias de
Damián Torres. El tercer peritaje no liga el fuego con los 43,
concluyó.
Mientras, la campaña
contra el GIEI sigue adelante. Distintas plumas cercanas al gobierno
insisten falsamente en que, salvo por el fuego del basurero de
Cocula, no hay diferencias sustantivas entre el relato gubernamental
y el informe del GIEI. Cualquier lector cuidadoso del trabajo de los
expertos independientes puede darse cuenta de que esto es mentira.
En la misma dirección
se ha querido confrontar los informes del GIEI y del EAAF, a pesar de
que son complementarios. Es un embuste decir que las conclusiones de
los forenses argentinos desmienten las de los expertos
independientes; por el contrario, las confirman.
La última chicana de la
PGR, enfilada en su estrategia de no renovar el convenio de
colaboración con el GIEI, tendrá como consecuencia la destrucción
de un sólido canal de interlocución con los padres de los 43, el
avivamiento de las protestas radicales en Guerrero y un mayor
descrédito del gobierno mexicano en el mundo. Por lo visto, la
administración de Peña Nieto está empeñada en que la noche de
Iguala lo persiga más allá de su sexenio.
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