Imaginemos que, a partir
de ahora, en México no será necesario ser médico para ejercer la
medicina. Para diagnosticar enfermedades, hacer cirugías y recetar
fármacos, será suficiente tener una licenciatura y presentar un
examen. Aunque no haya estudiado los seis arduos años de la carrera
de médico, cualquier licenciado tendrá derecho a ocupar una plaza
en las clínicas y hospitales del sector público.
Supongamos que dentro de
muy poco tiempo en México los egresados de veterinaria, historia o
letras inglesas podrán ser responsables de realizar y supervisar
proyectos arquitectónicos y obras. Les bastará con haber terminado
su carrera y hacer una prueba para trabajar de arquitectos o
ingenieros civiles, aunque no hayan estudiado para ello.
Fantaseemos con que,
desde ya, será posible, en tiempos de paz, tener el grado de
teniente coronel dentro del Ejército, sin haber cursado la carrera
de las armas y sin cumplir con un mínimo de tiempo en el servicio.
Se requerirá, tan sólo, ser licenciado y pasar un examen de
admisión.
Obviamente, muy pocos
enfermos estarían dispuestos a dejarse operar por un cirujano que no
cursó la carrera de medicina. Por supuesto, nadie cometería la
locura de darle la obra de construcción de un puente a quien no sea
ingeniero civil o arquitecto. Y es impensable que, en condiciones
normales, el Ejército reclute a sus filas como oficial de alta
graduación a quien no se haya formado y hecho carrera en sus filas.
Sin embargo, el pasado
22 de marzo, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció que
para ser ejercer la profesión magisterial será posible hacer lo que
nos parece inadmisible para la medicina, la ingeniería o las armas.
Según el funcionario, desde este año, cualquier licenciado que
presente un examen podrá dar clases de educación básica en el
sistema público. La formación de maestros –dijo– ha dejado de
ser un monopolio de las facultades y escuelas universitarias. En los
hechos, se ha condenado a muerte a las normales: dejarán de ser
semilleros de profesores de educación básica.
Esto significa que
ejercerán de profesores de primaria profesionistas que no se
prepararon para ello, y que no tienen conocimiento alguno de
didáctica. Bastará que sean licenciados y que aprueben un examen de
conocimientos. En la docencia hay precedentes de excelentes maestros
en activo que no estudiaron para serlo; sin embargo, no son casos muy
frecuentes.
Por supuesto, en el
futuro algunos de esos licenciados pueden resultar buenos profesores,
pero nada garantiza que lo sean. Eso no se mide con una prueba.
Aunque tengan sólidos conocimientos en su campo de estudios y la
mejor intención del mundo, en su mayoría no saben cómo enseñar a
niños y jóvenes. Desconocen las preocupaciones, intereses y
realidades de los alumnos del sistema de educación pública básica.
Ignoran cómo tratarlos, por una razón muy sencilla: fueron a la
universidad para ejercer como biólogos, físicos, abogados u
odontólogos, no para ser docentes de primaria o prescolar.
¿Por qué un licenciado
que estudió una carrera universitaria para ser profesionista
escogería pasar el resto de su vida en un aula de educación básica
ganando menos dinero? Obviamente, no por vocación, sino por la falta
de oportunidades laborales en su área de formación. Por supuesto,
puede haber excepciones, pero la motivación central para hacerlo es
tener un empleo, mientras consigue un trabajo mejor.
Evidentemente, un
maestro que está de paso en el servicio, que ve su actividad en el
aula como un trabajo temporal mientras encuentra un empleo mejor
retribuido, difícilmente puede ser un buen profesor. El magisterio
es una opción de vida. Los docentes de excelencia tienen, por lo
regular, años de experiencia a sus espaldas.
Curiosamente, los
maestros mexicanos a los que se quiere someter a una terapia
de choque, poniéndolos a competir por el empleo
con egresados de otras instituciones, poseen un nivel de formación
muy razonable. Los datos de la encuesta Disposición de los docentes
al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa,
levantada en 2010 por la SEP, así lo muestran. Según el estudio,
54.7 por ciento de los profes tienen
una licenciatura normalista, 13.5 una licenciatura universitaria y
11.2 estudios de posgrado.
En las escuelas normales
se forman maestros para ser maestros. Muchos de sus estudiantes
provienen de familias humildes o son hijos de docentes. De sus aulas
salen profesores que saben enseñar, y que abrazan la docencia como
opción de vida.
En nuestro país, el
nomalismo, como institución exclusiva de la formación de maestros,
tiene 128 años de vida. Hasta ahora ha sido una profesión de
Estado. Más allá de sus dificultades y limitaciones, hay en su
práctica una inmensa riqueza pedagógica. Los normalistas han sido
baluartes en la defensa de la educación pública. En algunas de sus
escuelas –como las normales rurales– los estudiantes se forman
con vocación de servicio social. A pesar de ello (o precisamente por
ello), se le quiere condenar a muerte.
La tecnocracia educativa
y la derecha empresarial detestan al normalismo. Quieren acabar con
él. Claudio X. González demandó cerrar sus escuelas,
Lejos de promover una
mejor educación, la reforma legal que condena a muerte al normalismo
y abre las puertas de la docencia en educación pública básica a
licenciados de otras disciplinas es un incentivo al ejercicio de
peores prácticas pedagógicas. Y, en lugar de permitir al Estado
recuperar la rectoría del sector educativo, es un paso más hacia su
desregulación.
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