La conexión regia de la reforma educativa

                                           

                                                          Foto Itesm

El ingeniero Carlos Cruz Limón es vicepresidente de relaciones y desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Hace apenas seis meses, el 18 de febrero de 2016, participó en la firma de un lucrativo convenio de colaboración entre su institución educativa y la Secretaría de Educación Pública.

En la ceremonia, entusiasmado con el acuerdo, explicó sus alcances: “En el fondo –dijo– se trata de que instituciones privadas como el Tec tengan un rol cada vez más importante en la educación en México”.

De acuerdo con la SEP, mediante el pacto, el tecnológico privado capacitará, sin licitación previa, a 60 mil profesores del sistema público, a través de una plataforma que diseñó exclusivamente para los maestros de la dependencia educativa. Este número podría duplicarse. Aún más, la meta –anunció Cruz Limón en el acto– es llegar a un millón (de docentes) actualizados y mejor capacitados.

                                                    

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El arreglo no tiene pierde. Según Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, al programa (en el que participan otras instituciones privadas y públicas) se destinarán mil 809 millones de pesos.

El Tecnológico de Monterrey es el buque insignia educativo del empresariado regiomontano. Es un negocio muy rentable. Se ha expandido exitosamente en la mayoría del país, educando a los hijos de las élites. Ahora también incursionará masivamente en la capacitación de los profesores de educación pública básica y media.

El convenio no sorprende. Muchos de los funcionarios que hoy están al frente de la SEP están estrechamente vinculados al Tec y al mundo empresarial de la Sultana del Norte. Han sido a lo largo de su vida directivos de esta institución académica, gerentes de poderosas compañías regiomontanas y funcionarios públicos de administraciones priístas. La lista es larga.

                                                   

Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, titular de Comunicación Social durante la mayor parte del sexenio de Carlos Salinas y hoy uno de los principales consejeros y operadores del secretario Nuño, fue, a lo largo de varios años, director general del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey.

                                             

Javier Trevino Cantú, subsecretario de Educación Básica y amigo cercano de Otto Granados, formó parte de la legislatura que aprobó la reforma educativa, fue secretario de Gobierno de Nuevo León y un estrecho colaborador de Lorenzo Zambrano, dueño de la cementera Cemex. La columnista Ivonne Melgar lo describió como muy afín a la mirada empresarial regia.

                                          

Irma Gómez Cavazos, oficial mayor de la SEP, fue directora ejecutiva de la comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable, del Consejo Coordinador Empresarial. Decana de la Egade Business School del Tec, creó el centro de sostenibilidad y negocios. Antes había trabajado en esa institución, entre 1995 y 2003, donde fue directora asociada de asuntos académicos. Al igual que Javier Treviño, estuvo vinculada al grupo Cemex.

                                              

     

Héctor Gutiérrez de la Garza, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo responsable de aterrizar el multimillonario programa de Escuelas al Cien (50 mil millones de pesos), nació también en la Sultana del Norte. Ex diputado del PRI, fue directivo de la papelera Copamex. Como si fuera un político en campaña, en su sitio web anuncia que como diputado gestionó más de 580 millones de pesos para Nuevo León (http://goo.gl/WY0AJA).

                                              

También es regio Edmundo Guajardo Garza, actual director general de formación continua, actualización y desarrollo profesional en la Educación Básica. Antes de ser funcionario gubernamental fue ejecutivo del poderoso conglomerado Cydsa e Hylsa. Es autor del libro Administración de la calidad total.

Ex secretario de Educación de Nuevo León, tuvo a su cargo la implementación de la primera fase de la evaluación al desempeño en la entidad. A pesar de su discurso sobre la calidad total, el proceso fue –a decir de quienes participaron en él– un mugrero. El desaseo fue tal, que hasta el nuevo gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, se vio obligado a hacer varias críticas al proceso.

Ante el descontento docente por el desgarriate organizativo responsabilidad de Guajardo Garza, el funcionario respondió invitando a los inconformes a incrementar la competitividad e inscribirse para las pruebas de evaluación.

                                                

La selección que el secretario de Educación neoleonés hizo de 4 mil 875 docentes para ser parte del primer grupo de evaluación al desempeño fue fatal. A pesar de que era la parte más sencilla del proceso, lo hizo muy mal. Y, en el eslabón más importante de la cadena, que era la capacitación, el secretario no hizo nada. Ecos de este fracaso se reflejaron en el balance de los resultados de la evaluación del primer grupo difundidos por la consejera del INEE, Sylvia Schmelkes. Allí la maestra Schmelkes admitió que en esta primera etapa hubo algunas fallas y que enfrentaron dificultades con los estados. Sin embargo, a pesar del fracaso, Edmundo Guajardo fue designado responsable federal de la formación continua en el nivel de educación básica.

La subrogación de la capacitación docente a compañías privadas estilo Tec no es el único negocio que los empresarios harán con la reforma educativa. Partes claves de la evaluación a maestros, la elaboración de materiales didácticos, la publicación de textos, la venta y alquiler de equipo y mobiliario, la construcción y mejoramiento de escuelas y su financiamiento a través de los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional son algunas de las ventanas de oportunidad que tendrán para obtener pingües beneficios en el mercado de la educación pública.  

                                              

En la conexión regia de la reforma educativa está una de las claves centrales que explican el porqué del empecinamiento gubernamental y empresarial en no ceder un ápice en la demanda de modificar la norma. En este engarce se condensan los intereses de los señores del dinero por hacer de la enseñanza pública su negocio particular, su pretensión de legitimar sus instituciones educativas (creadas para tener ganancias para ellos) como si fueran de vocación pública y la captura de los puestos claves de la SEP con sus cuadros.