Terminó la primera fase
de la evaluación al desempeño docente. El saldo inicial parece más
un parte de guerra que una jornada pedagógica: miles de policías
federales fueron trasladados a diversos estados del país para
garantizar su realización; un maestro resultó muerto, muchos más
fueron golpeados y heridos; más de una decena fueron detenidos
(cuatro en el penal de alta seguridad de Almoloya), y multitud
amenazados con el despido.
Más que por las notas
escritas, el significado profundo de esta etapa puede verse a través
de las imágenes con que se narró gráficamente: un número
interminable de fotografías del secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, al lado del comisionado de la Policía Federal,
Enrique Galindo; gendarmes golpeando con garrotes a maestros
inconformes; helicópteros policiales surcando los aires para
disuadir las expresiones de descontento o con la misión de trasladar
a profesores a realizar la evaluación; fuerzas del orden lanzando
gases lacrimógenos contra trabajadores de la educación; uniformados
retenidos por maestros a la espera de ser canjeados por sus
compañeros detenidos; la llegada a Oaxaca del rinoceronte
y tanquetas antidisturbios, o el cuerpo sin vida de David Gemayel
Ruiz, arrollado por un vehículo policiaco.
Los cartonistas captaron
y reprodujeron el sentido del momento magistralmente. En un dibujo de
El Fisgón puede
verse a un granadero vestido como Robocop,
con el pie y el tolete encima de un maestro que yace vencido sobre el
piso. El uniformado muestra al profesor un libro sobre la reforma
educativa que trae en su mano izquierda, al tiempo que le dice: Te
lo tienes que aprender de la A a la Z. En el
fondo, un pizarrón escolar tiene escrito con caligrafía manual
trazada en tiza blanca el mensaje de la jornada de evaluación: la
letra con sangre entra.
En otro, éste de Rocha,
aparece el secretario Aurelio Nuño con el letrero de SEP en la
solapa del saco, en un pupitre escolar y con un garrote policial en
la mano, mientras sentencia amenazante: Nosotros,
más que aprender, venimos a la escuela a aprehender.
Varios breves videos
grabados con teléfonos inteligentes y subidos a YouTube
documentaron, sin más narrativa que la atropellada sucesión de
imágenes, la rebelión de los indignados maestros guerrerenses que
habían aceptado participar en la evaluación, y que al presentarse
se encontraron con que no había equipos de cómputo suficientes para
llevarla a cabo. Otros videos dieron cuenta de la represión sufrida
por profesores sonorenses que bloquearon la realización de la prueba
en su estado.
En la mejor tradición
de la cultura del grupo Atlacomulco y del autoritarismo del mundo
empresarial, hay quienes ven en la militarización de la evaluación
educativa reflejada por esas imágenes un ejercicio congruente de
mano firme que se agradece,
de certeza política en las decisiones. Sin embargo, la mera
colección de fotografías, cartones y videos son evidencia de un
estrepitoso fracaso. La militarización del examen es la derrota de
la política.
Esas imágenes dan
cuenta de la empecinada resistencia magisterial a la evaluación
punitiva y de la derrota gubernamental al tratar de imponerla por la
fuerza. Esa oposición activa se expresó no sólo en Oaxaca,
Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, sino prácticamente en 28
estados.
Sin embargo, el
descalabro gubernamental no sólo provino de la insurgencia
magisterial, sino de la incapacidad misma de las autoridades
educativas para efectuarla. El propio Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) reconoció públicamente que el
proceso no se pudo realizar adecuadamente y tuvo muchas fallas
técnicas y de logística.
Esos errores comienzan
por la piedra angular del proceso: el examen. En los hechos, antes de
su realización masiva, debieron efectuarse pruebas experimentales
para ver si la prueba era adecuada o necesitaba cambios. No se hizo
así. Por las prisas, se aplicó a fuerzas. El resultado fue bastante
malo. Multitud de maestros que la presentaron han expuesto
públicamente cómo muchas de las preguntas que se les hicieron eran
absurdas, estaban mal redactadas y tenían doble sentido.
Además, como una
docente afirmó a Laura Poy en este diario, el examen de conocimiento
y habilidades didácticas se aplicó en un formato complejo, que hizo
muy pesado resolver las preguntas. Había mucha presión. Quienes
presentaron la prueba nunca supieron por qué y con qué criterios
fueron seleccionados. Muchos recibieron la notificación para
participar apenas 48 o 72 horas antes de que cerrara el periodo para
subir evidencias personales.
El propio INEE admitió
que hubo fallas tanto en la integración de las listas definitivas de
quienes serían evaluados como en la entrega de claves para subir
evidencias, así como dificultades técnicas y confusión para
resolver algunas etapas. Reconoció también que los exámenes se
aplicaron en algunos lugares en condiciones poco propicias para
llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y exige
condiciones para pensar y reflexionar.
En los hechos, la
evaluación fue realizada de manera apresurada, mal preparada y
organizada (como se vio en Guerrero), relativamente caótica y con
improvisaciones. Fue un acto punitivo, no un ejercicio pedagógico.
Hay elementos
suficientes para afirmar que esa prueba de 154 preguntas y un ejercicio de argumentación de la planeación, a realizarse
en ocho horas en total, no sirvió para saber si un maestro con años de
experiencia es o no idóneo. En cambio, generó entre el magisterio
mayor confusión, desconfianza y hartazgo hacia las autoridades
educativas.
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