Está en marcha una
execrable campaña de calumnias contra Ángela María Buitrago. Su
objetivo no es sólo difamarla en lo personal, sino desacreditar la
labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI fue formado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar
asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los
derechos humanos, en la investigación de la desaparición forzada de
43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
en Guerrero. Fue creado en noviembre de 2014.
Ángela María Buitrago
forma parte del grupo de expertos. Es una reconocida abogada
colombiana, con credenciales académicas y profesionales intachables.
Tiene maestría en derecho penal, doctorado en derecho y diversas
especializaciones. Trabajó en los juzgados ambulantes de su país
natal, haciendo necropsias y levantamiento de cadáveres; litigó y
dio clases. En 2005 entró a trabajar con la Fiscalía General. Tres
años después fue nombrada fiscal delegada ante la Corte Suprema de
Justicia.
La doctora Buitrago
impartió justicia desafiando la impunidad de los poderosos
colombianos, sin miedo a nada o a nadie. Trabajadora tesonera e
incansable, resolvió los más difíciles casos que llegaron a sus
manos con probidad, eficiencia y equidad. Implacablemente seria en
las audiencias, fue llamada La fiscal de
hierro.
A la fiscal nunca le
tembló la mano para juzgar a los hombres del poder. No le importaron
las consecuencias. Puso tras las rejas a buen número de políticos
asociados con los paramilitares. Mandó a la cárcel a personajes
como el gobernador Edilberto Castro y al ex director de la Fiscalía
de Medellín Guillermo León Valencia Cossio.
Uno de los casos más
fuertes que enfrentó fue el juicio a varios militares por su
responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del
Palacio de Justicia por el Ejército en 1986. Ella lo desenterró
después de más de 20 años de ominosa impunidad.
La historia se remonta
al 6 de noviembre de ese año, cuando guerrilleros del M-19 ocuparon
la sede del Poder Judicial y tomaron en rehenes a 350 personas, entre
las que estaban magistrados y consejeros del Estado. Con la medida,
buscaron denunciar que las fuerzas armadas habían roto un cese al
fuego pactado y que el presidente Belisario Betancur había
incumplido el acuerdo con ellos para buscar salidas políticas al
conflicto.
Un día después, los
uniformados asaltaron a sangre y fuego al Palacio de Justicia. El
saldo fue de 98 muertos. Once personas más fueron consideradas
desaparecidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó
la acción militar de holocausto y masacre.
A contracorriente, la
fiscal Buitrago emprendió una exhaustiva investigación de la
masacre y llamó a rendir testimonio a decenas de protagonistas.
Finalmente, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30
años por la desaparición forzada de dos personas. Sin embargo, el
pasado 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia acordó dejarlo
libre, después de pasar ocho años en prisión.
Quienes en México han
organizado una campaña de injurias contra Ángela María Buitrago
han retomado este caso para atacarla. Acusan falsamente a la ex
fiscal de haber desechado y falseado testimonios que exculpaban al
coronel. Señalan que ella no tiene autoridad para investigar lo
sucedido en la noche de Iguala y que debe renunciar al GIEI.
En Colombia o en México,
juzgar a altos oficiales del Ejército es una labor cuesta arriba.
Según el abogado procesal colombiano Ramiro Bejarano, una de las
primeras cosas que hizo el coronel Plaza Vega al salir de la cárcel
fue visitar al procurador ante el cual Édgar Villamizar, el cabo del
Ejército que fue testigo en el caso, se retractó de su testimonio
inicial, en el que incriminaba a varios oficiales. Adicionalmente, la
juez del caso, María Stella Jara, y su hijo, recibieron amenazas
contra su vida mientras juzgaban al coronel, por lo que debieron
exiliarse en Alemania.
La Corte reconoció que
sí hubo desapariciones forzadas en la retoma del Palacio de
Justicia. Sin embargo, decidió liberar al coronel. Lo hizo no porque
hubiera encontrado pruebas de su inocencia, sino porque, ante la
duda, debió aplicar la decisión en su favor. El acuerdo entre los
togados no fue unánime: votaron a favor cinco magistrados y se
opusieron tres. Uno cambió su voto en contra de liberarlo en el
último momento.
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos condenó a Colombia por esas desapariciones. No
hizo ningún juicio respecto de alguien en lo particular, puesto que
la protección internacional de los derechos
humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los estados no
comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal.
Las calumnias en la
prensa mexicana contra La fiscal de hierro
buscan demeritar el excelente trabajo que el GIEI ha desarrollado
para esclarecer el crimen de Iguala. Son una reacción desesperada de
quienes en el Estado mexicano sostuvieron el relato de la verdad
histórica, convertido en cenizas por los
informes de los expertos. Quieren, como sea, golpear a quienes
cuestionan su pésimo trabajo y sus complicidades.
Ni la independencia de
Ángela María Buitrago ni su papel de experta están en entredicho
por la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia de
Colombia. Su profesionalismo y capacidad no están en duda. Los
legisladores que se han sumado al cargada contra la ex fiscal (el
líder del Partido de la Revolución Democrática en el Senado,
Miguel Barbosa, y el secretario de la comisión especial para dar
seguimiento al caso Iguala en la Cámara de Diputados, Arturo
Álvarez) dan pena ajena. Contar con la ex fiscal de hierro en la
comisión encargada de esclarecer lo sucedido el 26 de septiembre en
Iguala es un lujo.
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