No cesa. La campaña de
calumnias contra los expertos independientes que participan en el
caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa no
amaina. Ahora los ataques se han centrado en la abogada Claudia Paz y
Paz.
Los enemigos mexicanos
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
pactaron con la fundación de ultraderecha guatemalteca Liga Pro
Patria un matrimonio por conveniencia. Su objetivo es difamar a
Claudia Paz y Paz y golpear a los especialistas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El rabioso anticomunista
Steve Hetch, presidente de la liga, lo declaró sin ambigüedad
alguna: Si México quiere saber la verdad de lo
que pasó con los normalistas, debe cortar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión, con el
simple hecho de contratar a Paz, quiere decir que no la investigaron
(http://goo.gl/9t1bBL).
Entre las causas que
enarbola la Liga Pro Patria ocupa un lugar destacado la defensa del
ex dictador de Guatemala general José Efraín Ríos Montt, juzgado
por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700
indígenas ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato.
Aunque formalmente dice estar en favor del estado de derecho, la liga
se opone a que se juzguen las atrocidades perpetradas por los
militares durante la guerra civil que vivió aquel país, entre 1960
y 1996.
En el juicio seguido a
Ríos Montt en 2013, el ex dictador fue encontrado culpable. Recibió
una condena de 80 años de cárcel. Diez días después, en una
controvertida decisión, la Corte Constitucional de Guatemala anuló
la sentencia por defectos de forma en el proceso y ordenó un nuevo
juicio. Apenas el pasado 11 de enero la misma Corte pospuso de nuevo
el juicio hasta que se resuelvan cuatro amparos presentados.
A pesar de que se dio
marcha atrás en el fallo, el juicio contra Ríos Montt no tiene
precedente. Constituye la primera ocasión en que un ex jefe de
Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en una
internacional.
Claudia Paz y Paz
desempeñó un papel central en esa causa: era la fiscal general en
el momento del juicio. Nacida en 1966, especializada en derecho penal
y derechos humanos, la abogada proviene no de los círculos
conservadores que tradicionalmente han nutrido el sistema judicial en
Guatemala, sino del mundo de los derechos humanos.
Su trayectoria previa al
nombramiento de fiscal era impecable. Tenía larga experiencia en la
investigación de crímenes y atrocidades de guerra. Fue asesora
legal en derechos humanos del arzobispo de Guatemala, consultora de
la misión de Naciones Unidas en ese país, investigadora en la
Comisión para la Clarificación Histórica de Guatemala, así como
directora legal para asuntos de refugiados para el Alto Comisionado
de la ONU.
En su labor como fiscal
general de Guatemala tuvo éxitos notables. Entre 2010 y 2014 –según
la revista Nómada–
redujo los niveles de impunidad de 98 a 72 por ciento. Capturó a 90
integrantes del cártel
de Los Zetas y a 15
capos. Llevó a juicio a narcotraficantes, militares, políticos y
violadores.
Siendo fiscal, la Liga
Pro Patria (la misma que vino a México a atacarla a ella y al GIEI
en México) y la Fundación contra el Terrorismo presentaron
querellas en su contra. Las demandas fueron desestimadas por la Corte
Suprema por espurias.
De la mano de la Liga
Pro Patria caminan conspicuos integrantes de El Yunque, como José A.
Ortega Sánchez y Rafael Herrera Piedra. Ortega, presidente del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC,
dijo, sin dar prueba alguna, que Claudia Paz y Paz fue militante del
grupo político-militar guatemalteco Ejército Guerrillero de los
Pobres. Según él, la posición de los expertos de la CIDH no es más
que una maniobra político-electoral para impedir que la imagen de
Andrés Manuel López Obrador se dañe por la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa.
Litigante en asuntos
penales, José Antonio Ortega forma parte de El Yunque, la
organización de extrema derecha clerical con gran influencia en
varias regiones de México. Mediante el consejo que preside, Ortega
se ha dedicado a poner en marcha diversas cruzadas judiciales y
campañas de estigmatización contra figuras políticas y activistas
sociales.
Así lo hizo, por
ejemplo, en 2008. Ese año denunció ante la PGR a la senadora
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del órgano legislativo, por su probable
participación en delitos relativos al terrorismo y por militar en
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los virulentos ataques
contra Claudia Paz y Paz –y Ángela María Buitrago– buscan
desacreditar a los expertos independientes de la CIDH que trabajan en
el caso Ayotzinapa. La guerra sucia
en su contra, impulsada también por instituciones educativas como la
Universidad La Salle y figuras claves de las cañerías del poder, es
evidencia de que están haciendo bien las cosas.
Efectivamente, la
desmesura de los infundios contra el GIEI es señal de que su labor
camina en la dirección correcta. En altas esferas gubernamentales y
mandos militares hay enojo y nerviosismo con sus investigaciones.
Como dijo la ex fiscal de Guatemala a Sanjuana Martínez en este
periódico: En la medida en que nosotros nos
acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente esa noche del 26 y
27 de septiembre en Iguala, hay personas que pueden sentir temor
junto a los perpetradores.
La participación de
Claudia Paz y Paz en la GIEI no puede estar en entredicho. Su
capacidad profesional y congruencia ética no están en cuestión. En
2012, la revista Forbes la
nombró como una de las cinco mujeres más poderosas cambiando el
mundo. Un año después obtuvo el premio de derechos humanos Judith
Lee Stronach Human y fue nominada como candidata al Premio Nobel de
la Paz. En 2013, en España, recibió el premio Orden de Isabel
Católica. En 2014, en Alemania, le fue otorgada la Cruz de
Comendador de la Orden del Mérito. Apenas el año pasado se le
reconoció con el Civil Courage Prize. ¿Así o más claro? Quienes
la denigran escupen al cielo.
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