Las
comunidades indígenas oaxaqueñas están en alerta. Respaldan a
Nochixtlán. Viven como propia la masacre del 19 de junio. Se saben
agredidas por el Estado. Sus topiles están sobre aviso. La matanza
fue un agravio para todas, pero especialmente para el pueblo mixteco.
Lejos
de las grandes ciudades, triquis, zapotecos, mixes, mazatecos y
chatinos han marchado por caminos serranos para expresar su dolor y
solidaridad con sus hermanos de Nochixtlán. También, para exigir
como demanda propia la abrogación de la reforma educativa. Los
cerros pelones son testigos mudos de su rabia. No se trata de ser
vistos por nadie salvo por sí mismos.
La
protesta india ha dibujado un nuevo mapa de la insumisión. Las
periferias oaxaqueñas cercan ahora al centro. El 23 de junio se
movilizaron de Tamazulapam a Ayutla Mixe, en San Francisco Cajonos, y
de Guelatao a Ixtlán. En otras fechas lo hicieron en Teojomulco,
Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan, Huautla y varias regiones más.
En
todo el territorio oaxaqueño autoridades municipales, comunitarias y
agrarias celebran asambleas informativas. El ultimátum de la
Secretaría de Gobernación disparó esta fiebre asociativa. En
multitud de ellas condenan la agresión y apoyan a sus maestros.
Disponen cerrar las pocas escuelas que siguen abiertas y reconvenir a
los profesores que no se han sumado al movimiento. Estampan sus
firmas y sus sellos en las actas para dejar constancia de sus
acuerdos.
Las
muchas inconformidades de la sociedad oaxaqueña han encontrado en el
paro magisterial un punto de confluencia y encuentro. Oaxaca es un
hervidero de problemas sin solución. También de resistencias. El
gobierno de la alternancia de Gabino Cué resultó un fiasco. Las
comunidades no se dejan de los embates de proyectos mineros
depredadores y negocios energéticos en los que los beneficios no son
para ellos.
La
curva de deterioro de la calidad de vida se ha acentuado
dramáticamente en los últimos años. Mucho antes de los bloqueos
escaseaba el circulante. Unas 480 mujeres han sido asesinadas con
lujo de violencia. En tres años murieron 4 mil 500 enfermos que
padecían insuficiencia renal por carencia de equipos de diálisis.
La
profunda imbricación entre maestros y comunidades no está mediada
por el archipiélago de organizaciones sociales asentadas en el
territorio oaxaqueño. Esas asociaciones, frentes, coaliciones,
uniones y grupos no son la correa de transmisión entre la sociedad y
los maestros. Desempeñan un papel importante en la construcción de
un bloque magisterial-popular, pero la bisagra central que la
articula es otra: la relación directa de los maestros con los padres
de familia y con las autoridades comunitarias.
Por
eso, ceremoniosos, los más de 40 alcaldes y autoridades agrarias
mixtecas reunidos en Nochixtlán el pasado 2 de julio advirtieron:
este
movimiento ya no es magisterial, es popular.
Y es que, como sucede en Chiapas, es el torrente comunitario y
popular el que, cada vez con más frecuencia, arrastra a los
maestros. No en balde esas autoridades firmaron la demanda de
destitución de Aurelio Nuño como secretario de Educación sobre un
cartel con la imagen de una mano izquierda empuñando un lápiz y la
leyenda: Por
la defensa de la educación.
Sí,
esas comunidades defienden la educación pública. La demanda no es
una imposición de los profesores. A lo mejor es difícil
entenderlo desde una oficina inteligente
de
la metrópoli, pero esa es una de las muy pocas vías de ascenso
social que les quedan. Y la saben amenazada por una reforma educativa
que persigue y castiga a sus profesores.
Las
comunidades aprecian a sus maestros cuando les hablan en su lengua,
les enseñan a sus hijos a rendir honores a la bandera, les ayudan
con la redacción de engorrosos oficios, organizan las ligas de
basquetbol y siembran en sus niños la semilla de que hay un futuro
mejor para quienes se instruyen. Quieren a sus profesores cuando
cooperan con las fiestas del pueblo.
No
todo el movimiento magisterial a escala nacional ha tomado la forma
que ha adoptado en Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán. En otras
entidades ha adquirido formas de ser distintas. Sin embargo, todas
coinciden en la exigencia de abrogar la reforma educativa. Los
sectores más consolidados rechazan la parte sustantiva de ésta: la
evaluación punitiva, con consecuencias,
como gustan decir los empresarios, que elimina la estabilidad en el
empleo y sume a los maestros en la precariedad laboral y la
desprofesionalización.
Otros
rechazan aspectos particulares de la reforma, que no son su núcleo
duro, pero que los afectan, como el fin de la carrera magisterial, la
condena a muerte del normalismo, o la cancelación de mecanismos
mixtos (autoridad y sindicato) para asignar los cambios de escuela.
La
nueva norma enterró el programa de carrera magisterial, el más
importante mecanismo de promoción laboral para los maestros de
educación básica durante los últimos 20 años. Por esa vía podían
incrementar su salario muy por arriba de su ingreso base. Sin
embargo, esto se acabó. Con la nueva legislación, el monto que
corresponde a carrera magisterial se desagregó del salario base de
los profesores, afectando muy probablemente su jubilación, prima
vacacional y aguinaldo. Peor aún, en casos como el de los maestros
estatales de Nuevo León, el reciente aumento salarial de 3.5 por
ciento se le otorgó solamente al salario tabular.
Irónicamente,
el descontento con la reforma educativa llega incluso a los
profesores que se evaluaron y obtuvieron buenos resultados. Muchos se
sienten timados por las autoridades educativas, porque les
condicionaron la entrega de nombramientos de las horas adicionales a
la que se hicieron merecedores en la evaluación, a la renuncia a sus
plazas anteriores y a derechos previos.
Pero,
más allá de la genuina defensa de sus intereses laborales, los
maestros mexicanos se están movilizando también para protestar por
la masacre de Nochixtlán. Para ellos, la agresión policiaca contra
esa comunidad oaxaqueña es hoy el símbolo de una reforma que se
quiere imponer a sangre y fuego. Y que han decidido no dejar pasar.
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